El diputado nacional Guillermo Michel presentó un proyecto para reformar el sistema de pagos digitales en la Argentina y crear una infraestructura pública inspirada en el PIX de Brasil. La iniciativa apunta a reducir costos, mejorar la competencia y evitar que las operaciones digitales terminen siendo más caras para los comercios y consumidores.
La propuesta contempla la creación del Sistema Integral de Pagos y Liquidaciones de Argentina (SIP), que funcionaría bajo la órbita del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El objetivo es que exista una alternativa pública, accesible y transparente que permita procesar pagos y, al mismo tiempo, establezca un precio de referencia para las empresas privadas que participan del mercado.
Michel explicó que la Argentina ya cuenta con herramientas de pagos digitales, pero que existen problemas de costos e intermediarios. “Argentina dio un salto enorme en pagos digitales”, señaló, aunque advirtió que todavía falta integrar los distintos sistemas para alcanzar una experiencia similar a la brasileña.
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El SIP estaría administrado por el Banco Central y funcionaría las 24 horas, los 365 días del año. La propuesta contempla pagos y liquidaciones en tiempo real, APIs abiertas y servicios de procesamiento para bancos, billeteras virtuales y otros participantes.
Michel aclaró que el proyecto no busca estatizar el sistema. “La propuesta no es estatizar el sistema de pagos”, sostuvo. Según explicó, el objetivo es que el Estado mejore la infraestructura y genere una alternativa pública capaz de competir con los esquemas privados. En ese sentido, definió al SIP como una “empresa testigo” que permitirá conocer cuánto cuesta realmente procesar una operación y establecer un valor de referencia para el mercado. “El privado que pueda hacerlo mejor, compite. El que viva de una renta, tendrá que bajar el precio”, afirmó.
Otro de los ejes del proyecto es recuperar la posibilidad de establecer topes máximos a las comisiones que pagan los comercios y fijar plazos para la acreditación del dinero. El proyecto establece que las operaciones de hasta 50 UVA quedarían libres de comisiones y que, por encima de ese monto, el total de cargos no podría superar el 1% para tarjetas de crédito y compra y el 0,5% para débito, tarjetas prepagas, transferencias y DEBIN. El límite abarcaría a toda la cadena de intermediarios y no solamente a un actor en particular, con el objetivo de evitar que una reducción en un eslabón sea compensada con nuevos cargos en otro. Michel también propone modificar el tratamiento tributario de las operaciones digitales de hasta 250 UVAs, que quedarían fuera de determinados regímenes de retención, percepción o recaudación anticipada.
Michel también propone terminar con la lógica por la cual un comercio debe optar entre cobrar rápidamente pagando una comisión elevada o esperar más tiempo para reducir el costo. La iniciativa fija que las transferencias y los DEBIN se acrediten de manera inmediata, que los pagos con débito tengan un plazo máximo de un día hábil y que las tarjetas prepagas se acrediten en hasta dos días. Para las tarjetas de crédito, el límite sería de hasta diez días hábiles en el caso de las MiPyMEs. Si los operadores incumplen esos plazos, deberán pagar intereses punitorios al comercio o beneficiario afectado.
“Formalizar no puede ser más caro que usar efectivo”, sostuvo el diputado, quien argumentó que el proyecto busca que los costos del sistema no terminen trasladándose a los precios. “Hoy, el costo termina en el comercio y, finalmente, en el consumidor”, afirmó.
Asimismo, la ley obligaría a que los distintos participantes permitan la conexión entre billeteras, aplicaciones, QR, terminales y otras tecnologías compatibles, al tiempo que prohíbe prácticas destinadas a cerrar redes o dificultar el acceso de competidores. “La elección de la billetera, aplicación o proveedor del pagador deja de estar condicionada por la marca o proveedor que haya instalado o administrado la interfaz de aceptación del comercio”, explica Michel en los fundamentos.
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