La puja por el control de los recursos naturales y la soberanía del territorio sumó un capítulo en la Legislatura bonaerense. En abierta oposición a la política de desregulación económica que impulsa la Casa Rosada, el kirchnerismo presentó un proyecto de ley que establece un régimen de protección al dominio provincial sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales.
La iniciativa, impulsada por los diputados Facundo Tignanelli (La Cámpora), Noelia Saavedra (Movimiento Evita) y Cintia Romero (Patria Grande), surge como una respuesta al artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 del presidente Javier Milei, que derogó la Ley Nacional de Tierras.
El proyecto fija un límite del 15% a la titularidad o posesión extranjera de tierras rurales, tanto sobre el total del territorio bonaerense como dentro de cada uno de sus partidos. Además, establece que las personas humanas o jurídicas de una misma nacionalidad extranjera no podrán superar el 30% de ese cupo.
Si bien la derogación de la norma nacional permanece suspendida por un amparo judicial promovido por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, el kirchnerismo bonaerense decidió avanzar con una legislación propia en la antesala del debate previsto para el 6 de agosto en el Senado, donde el Gobierno de Javier Milei buscará avanzar con el proyecto de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», que elimina los límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Como fundamento, la iniciativa cita datos del Registro Nacional de Tierras Rurales que indican que en la provincia existen 834.421 hectáreas en manos extranjeras, equivalentes al 2,89% del total rural. Sin embargo, advierte que en zonas estratégicas la situación es muy distinta: Campana registra un 50,2% de superficie rural extranjerizada y Zárate un 24,8%.
Con el objetivo de evitar el acaparamiento de tierras, fenómeno que la FAO identifica como «land grabbing», el proyecto dispone que un mismo titular extranjero no podrá superar las mil hectáreas en la denominada zona núcleo —o su equivalente según determine la reglamentación provincial— y prohíbe la titularidad o posesión de inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes.
El articulado también establece que el derecho de propiedad «no podrá ser interpretado como un derecho absoluto ni ejercido en contradicción con su función social, productiva, ambiental y territorial».
Para evitar maniobras de ocultamiento mediante estructuras societarias, fideicomisos o fondos de inversión, el proyecto obliga a identificar al «beneficiario final» de toda operación sobre tierras rurales y a informar las modificaciones accionarias dentro de los 30 días.
Los argentinos no queremos rematar nuestro país. Los que amamos esta Patria rechazamos la ley de inviolabilidad de la Propiedad Privada.
No a la venta del territorio argentino. pic.twitter.com/lsD5H4eXrJ
— La Cámpora (@la_campora) July 14, 2026
Asimismo, determina que los actos jurídicos celebrados en violación de la ley «serán de nulidad total, absoluta e insanable», mientras que los escribanos, funcionarios o intermediarios que intervengan responderán de manera «personal y solidaria con su patrimonio por las consecuencias dañosas de estos actos».
Otro de los ejes de la propuesta es el resguardo de las denominadas «zonas de protección territorial estratégica». Allí, toda operación con participación extranjera requerirá autorización previa de la Provincia, que deberá rechazarla cuando comprometa el acceso al agua, la soberanía alimentaria, la producción local de alimentos, el ambiente o el arraigo de las comunidades.
La iniciativa también crea el Registro Provincial de Tierras Rurales, encargado de controlar las operaciones alcanzadas por la norma, y establece un plazo de 180 días para que los actuales propietarios extranjeros informen su situación. Además, dispone un relevamiento catastral y dominial de las tierras rurales.
Las únicas excepciones alcanzan a extranjeros con diez años de residencia continua en el país, a quienes tengan hijos argentinos con cinco años de residencia comprobada y a quienes estén casados con ciudadanos argentinos en las condiciones previstas por el proyecto.
En los fundamentos, los autores sostienen que el Estado bonaerense cuenta con facultades constitucionales para regular la materia al recordar que los recursos naturales pertenecen al dominio originario de las provincias. También destacan el peso económico de Buenos Aires, que concentra el 35,4% del producto geográfico nacional y el 38,9% de las exportaciones del país, para justificar que la regulación de la extranjerización de la tierra constituye un «asunto de interés público y general de la Provincia de Buenos Aires».
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