La fiscalía de Paraguay solicitó una condena de dos años y dos meses de prisión para el exsenador argentino Edgardo Kueider y su exsecretaria Iara Guinsel Costa, en el marco del juicio que ambos enfrentan por el presunto delito de tentativa de contrabando.
El pedido fue presentado por el fiscal Ysrael Villalba ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Asunción. Según la acusación, la pena requerida es inferior al máximo previsto para este tipo de delitos debido a que el hecho investigado no llegó a consumarse por completo.
Durante el proceso, la defensa sostuvo que el traslado de dinero en efectivo no configura el objeto material del delito de contrabando y, en consecuencia, solicitó la absolución de los acusados. En su declaración ante el tribunal, Kueider volvió a rechazar las acusaciones y aseguró que es inocente.
Además del juicio por tentativa de contrabando, la Justicia paraguaya mantiene abierta una investigación sobre la compra de bienes inmuebles en Asunción. La causa apunta a la adquisición de seis departamentos y seis cocheras, operaciones consideradas sospechosas por los investigadores. Como medida cautelar, esos inmuebles fueron embargados mientras avanza la pesquisa.
En paralelo, Kueider enfrenta investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito en Argentina. Uno de los expedientes tramita en el juzgado federal de Sandra Arroyo Salgado, en San Isidro, mientras que otro se desarrolla en Concordia bajo la órbita del juez Ives Bastián.
La disputa por la competencia entre ambos tribunales fue elevada a la Corte Suprema, que deberá definir qué jurisdicción continuará con la investigación, previo dictamen del procurador general Eduardo Casal.
En ese marco, la jueza Arroyo Salgado ordenó allanamientos, peritajes e indagatorias para reconstruir la evolución patrimonial del exsenador y determinar el origen de los fondos con los que, presuntamente, adquirió inmuebles y participaciones societarias.
Por otra parte, el pedido de extradición impulsado desde Argentina fue rechazado en una primera instancia. No obstante, el Ministerio Público paraguayo aclaró que esa solicitud será evaluada una vez que concluya el juicio por tentativa de contrabando que actualmente se desarrolla en Asunción.
La investigación contra Edgardo Kueider se remonta a la madrugada del 4 de diciembre de 2024, cuando fue interceptado por agentes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios de Paraguay mientras intentaba ingresar al país desde Foz do Iguazú a través del Puente de la Amistad. Viajaba junto a su entonces secretaria, Iara Guinsel Costa, en una camioneta Chevrolet Trailblazer que no pertenecía a ninguno de los dos, sino a Daniel González, empleado de la Biblioteca del Congreso de la Nación.
Durante la inspección del vehículo, los agentes encontraron 211.000 dólares, 640.000 guaraníes y cerca de cuatro millones de pesos argentinos distribuidos en bolsos y compartimentos del rodado. Según la acusación, ese dinero no había sido declarado ante las autoridades aduaneras paraguayas, lo que dio origen a la causa por tentativa de contrabando de divisas.
Tras su detención, Kueider declaró que ni él ni Guinsel Costa eran propietarios del dinero y sostuvo que los fondos estaban vinculados a operaciones de intermediación comercial. Sin embargo, la fiscalía paraguaya avanzó con la imputación por tentativa de contrabando y el exsenador quedó bajo arresto domiciliario mientras continuaba la investigación. En un hecho particular del procedimiento, las autoridades le devolvieron 9.900 dólares, monto permitido para cruzar la frontera sin obligación de declarar.
Uno de los ejes de la investigación argentina apunta a Daniel González, propietario de la camioneta en la que se trasladaba Kueider al momento de su detención. González figura como socio del exsenador en Betail S.A., una empresa vinculada a operaciones inmobiliarias en Paraná.
Según la hipótesis que investiga la Justicia, esas operaciones podrían estar relacionadas con un circuito de presuntos sobornos y retornos vinculado a la empresa eléctrica entrerriana Enersa y a la causa Securitas, que analiza el supuesto pago de coimas para obtener contratos públicos. Los investigadores buscan determinar si el dinero secuestrado en Paraguay guarda relación con esas maniobras y con el patrimonio acumulado por el exlegislador durante los últimos años.
Mientras tanto, el pedido de extradición presentado por la Justicia argentina permanece en suspenso. El Ministerio Público paraguayo aclaró que esa solicitud recién será analizada una vez que finalice el juicio por tentativa de contrabando que actualmente se desarrolla en Asunción.
AL/CM
