Las fuerzas federales activaron este jueves una protesta frente al edificio Centinela, en Retiro, en medio de un creciente malestar por salarios congelados y deficiencias en la cobertura médica. La convocatoria se sostuvo pese a que el Gobierno oficializó en las últimas horas un bono extraordinario y sumas adicionales por única vez.
La manifestación, reunió a efectivos en actividad, retirados y familiares, que reclaman una recomposición salarial de fondo y mejoras en las obras sociales de las distintas fuerzas. El foco del conflicto se trasladó así al corazón operativo de la Gendarmería Nacional, donde se visibiliza una tensión que venía escalando en silencio.
Reclamo salarial y crisis en la cobertura médica
El eje del conflicto combina dos variables: ingresos deteriorados frente a la inflación y un sistema de salud que, según denuncian los propios efectivos, no cubre necesidades básicas.
“Hay policías a los que, si sus hijos tienen algún problema como autismo o alguna discapacidad, no les cubren el tratamiento”, señalaron desde las fuerzas. El reclamo no es nuevo, pero en las últimas semanas tomó volumen y derivó en la convocatoria a la protesta.
En paralelo, describen un escenario de presión interna y falta de respuestas: “Si hacés, te sancionan; y si no hacés, te sancionan el doble”, resumió un oficial de la Policía Federal al describir el clima dentro de la fuerza.
La estructura salarial también aparece como parte del problema. Mientras un comisario general percibe cerca de $2,8 millones, un cadete no supera los $630 mil. En los rangos operativos, los ingresos se ubican por debajo del millón de pesos. Los últimos aumentos habían sido fijados en 2025 y no tuvieron actualización en los meses de mayor inflación.
El bono del Gobierno no desactiva el conflicto
En la antesala de la protesta, el Gobierno nacional oficializó un bono de $40.000 y adicionales de entre $100.000 y $300.000, según la jerarquía, a través del decreto 216/2026. La medida buscó contener el malestar y evitar la movilización.
El extra es no remunerativo, no bonificable y por única vez. Incluye también a personal en formación y deja afuera a los cargos más altos de cada fuerza. Según el Ejecutivo, apunta a “reconocer y mantener una adecuada jerarquización” y mejorar el poder adquisitivo del personal.
Sin embargo, la respuesta no alcanzó. En las filas policiales interpretaron el anuncio como insuficiente y mantuvieron la convocatoria. El carácter excepcional del bono y la ausencia de una recomposición estructural aparecen como los principales cuestionamientos.
Una protesta que el Gobierno deja correr
A diferencia de otras manifestaciones recientes, el Ejecutivo optó por no aplicar el protocolo antipiquetes en este caso. La decisión refleja la sensibilidad del reclamo: se trata de las propias fuerzas encargadas de hacer cumplir ese esquema.
El conflicto se desarrolló, además, en un contexto simbólico particular. A pocas cuadras del edificio Centinela, funcionarios del Gobierno participaron de actos por el 2 de abril, mientras en paralelo crecía la protesta de quienes integran el sistema de seguridad federal.
La escena expuso una tensión incómoda para la administración libertaria: el malestar ya no proviene solo de sectores sindicales o sociales, sino también de una de sus principales estructuras de apoyo operativo.
