El oficialismo busca sancionar este miércoles la reforma de la Ley de Glaciares con un esquema de apoyos prácticamente cerrado y una estrategia clara: avanzar rápido y con bajo perfil político. La sesión ya fue pedida y, si no hay imprevistos, el gobierno confía en que el proyecto que llegó con media sanción del Senado quedará convertido en ley en cuestión de horas.
La base de respaldo está armada. La Libertad Avanza suma al PRO, la UCR y bloques provinciales vinculados a gobernadores de distritos mineros. Con ese armado, el oficialismo roza el quórum y confía en completar los números en el recinto, incluso con posibles apoyos sueltos de otros espacios.
“Hay impulso de gobernadores y es probable que tengan los votos también en el recinto. No pareciera haber dificultad para el Gobierno”, dijo el diputado Esteban Paulón en diálogo con La Pluma. La clave, según describen en el Congreso, está en el alineamiento de provincias interesadas en ampliar el desarrollo minero.
A diferencia de otros debates, el Gobierno decidió no poner a sus figuras políticas al frente de la discusión. No habrá ministros en el plenario de comisiones ni en la defensa pública del proyecto. La tarea quedará en manos de funcionarios técnicos del área minera y ambiental.
La decisión responde a un contexto adverso: la reforma llega al recinto luego de audiencias públicas cuestionadas y en medio de una agenda atravesada por escándalos que salpican al Ejecutivo. El objetivo es evitar que la discusión escale más allá del plano legislativo.
Audiencias cuestionadas y advertencias judiciales
El proceso legislativo llega al recinto con un frente abierto. Las audiencias públicas realizadas a fines de marzo dejaron fuertes críticas por su organización y alcance: más de 100 mil personas se anotaron, pero solo unas pocas centenas pudieron exponer.
Organizaciones ambientales y bloques opositores ya anticiparon que, en caso de aprobarse la ley, avanzarán con presentaciones judiciales por considerar que no se cumplió con los estándares de participación establecidos.
“Después está la parte judicial, donde hay impugnaciones por todo el proceso”, advirtió Paulón, quien también apuntó al trasfondo del proyecto: “Esta ley tiene intereses de empresarios mineros. De ahí viene la voluntad de que salga”.
Qué cambia la ley y por qué genera conflicto
La reforma introduce un cambio central: redefine el alcance de la protección ambiental al limitarla a glaciares y zonas periglaciares que cumplan funciones hídricas. A partir de allí, serán las provincias las que determinen qué áreas quedan bajo resguardo y cuáles pueden habilitarse para actividades productivas.
El nuevo esquema también modifica el rol del Estado nacional, que deja de ser el principal ordenador del sistema para ceder mayor margen de decisión a las jurisdicciones locales. En los hechos, abre la puerta a avanzar con proyectos mineros en zonas que hoy están alcanzadas por restricciones.
Desde el oficialismo sostienen que la iniciativa busca compatibilizar desarrollo e inversión con cuidado ambiental. En la oposición, en cambio, advierten que implica una flexibilización de la ley vigente.
JD/CM
