La audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares empezó este miércoles en Diputados con una escena que sintetizó el clima de toda la jornada: reclamos por ingreso, discusiones en el anexo, cambios sobre la marcha y una impugnación que sobrevoló cada exposición. Pero, sobre todo, con un constante rechazo a la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei.
La jornada es la primera de dos previstas para contener los más de 100.000 inscriptos. Este jueves será el capítulo virtual con restricciones de tiempo similares a la primera etapa. Sin embargo, a las 20.50, cuando parecía que la audiencia transitaba su último tramo hasta la medianoche, el diputado libertario José Peluc, titular de la Comisión de Recursos Naturales, dijo que había concluido el proceso. Todo estalló en gritos y cuestionamientos de quienes no pudieron hablar. Les ofrecieron ser grabados y cuando parecía que la audiencia continuaba, se cortó la transmisión.
Hubo una escena recurrente durante todo el miércoles en el anexo de la Cámara Baja. Mientras se acumulaban los cuestionamientos al formato, afuera del Congreso organizaciones socioambientales se movilizaban con una consigna directa: “Hacer fila hasta que nos dejen hablar”. Adentro, la tensión no bajó en ningún momento.
Controles, cruces y una audiencia recortada
El “detrás de escena” de la transmisión oficial mostró que varios expositores denunciaron dificultades para ingresar al Anexo, pese a estar inscriptos y confirmados. Hubo controles estrictos, discusiones con personal de seguridad y hasta interrupciones de la audiencia para exigir que se habilitara el acceso.
En paralelo, el oficialismo decidió reducir sobre la marcha el tiempo de exposición de cinco a cuatro minutos, lo que generó reclamos inmediatos. También quedó bajo cuestionamiento el criterio de selección: de más de 105.000 inscriptos, solo unos 360 quedaron habilitados para hablar. El resto deberá limitarse a enviar videos o presentaciones escritas.
La tensión escaló dentro del Congreso. La diputada Sabrina Selva se levantó de su banca para acercar la impugnación a Nicolás Mayoraz en pleno desarrollo de la audiencia, mientras que en los pasillos hubo cruces que debieron ser contenidos, como el que involucró al libertario Sebastián Pareja y al peronista Mario “Paco” Manrique.
También se registraron acusaciones de provocaciones desde el bloque oficialista durante algunas exposiciones y momentos de interrupciones cruzadas. El clima fue de confrontación permanente.
“Es una farsa”: el rechazo que dominó la audiencia
Si hubo un consenso transversal entre la mayoría de los expositores fue el rechazo a la reforma y al modo en que se desarrolló la audiencia. Las críticas no solo apuntaron al contenido del proyecto, sino también a la legitimidad del proceso.
El abogado ambientalista Enrique Viale fue uno de los más duros: “Es una farsa de audiencia pública, una audiencia que no tiene audiencia y no es pública. El 0,3% de los inscriptos va a hablar. Es una decepción institucional que erosiona la democracia”. En ese marco, apuntó contra el vínculo entre política y minería y anunció que denunciará a la senadora salteña Flavia Royón por presunta incompatibilidad y cohecho.
También cuestionó el impacto de los proyectos mineros y advirtió sobre el uso intensivo de agua: “Le están entregando el agua para siempre a las grandes mineras”.
En la misma línea, la exdiputada Marta Maffei, autora de la ley vigente, denunció que la audiencia busca legitimar un retroceso. “Es una farsa con pretensiones de audiencia pública. Un puñado de diputados pretende sanear lo que quieren hacer”, afirmó, y calificó al proyecto como “regresivo y discrecional”.
El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel planteó el eje en términos de derechos: “El agua no es una mercancía, es un derecho”. Y advirtió que “desarrollo no significa explotación”, en rechazo al avance de la megaminería.
Desde el plano técnico y jurídico, Andrés Nápoli (FARN) anticipó el escenario que podría abrirse si avanza la reforma: “La única seguridad que van a tener es que va a haber cientos de demandas”. La advertencia se repitió en distintas exposiciones: la judicialización aparece como un destino casi inevitable.
También hubo testimonios desde territorios afectados por la actividad minera. Desde Catamarca, vecinos de Andalgalá denunciaron falta de agua y pasivos ambientales, mientras que desde Chubut relataron problemas de abastecimiento en sus localidades. En muchos casos, el planteo fue directo: “El agua es vida”.
Qué cambia de la ley y por qué genera conflicto
El proyecto impulsado por el Gobierno —que ya tiene media sanción del Senado— propone modificar el alcance de la protección actual. En lugar de resguardar todo el ambiente periglaciar, limitaría la protección a “geoformas periglaciales” con función hídrica comprobada, lo que reduciría el área protegida.
Además, transfiere mayor poder a las provincias para definir esos criterios, desplazando el rol central del IANIGLA, el organismo científico nacional encargado del inventario de glaciares.
Para sus críticos, estos cambios debilitan los “presupuestos mínimos” establecidos por la Constitución y abren la puerta a la actividad minera en zonas hoy protegidas. Para el oficialismo y las provincias mineras, en cambio, se trata de permitir un desarrollo productivo con mayor flexibilidad.
Esa tensión se reflejó también en la audiencia: mientras funcionarios de San Juan defendieron la minería como motor de inversión, fueron minoría frente a una jornada dominada por cuestionamientos.
Lo que viene: dictamen y recinto
La audiencia continuará con una segunda jornada virtual, pero el foco político ya está puesto en lo que sigue. El oficialismo planea avanzar la próxima semana con el dictamen, con gobernadores de provincias mineras como respaldo, y llevar el proyecto al recinto el 8 de abril.
Con impugnaciones en curso, advertencias judiciales y un rechazo mayoritario expresado en la audiencia, el debate quedó abierto. Pero el tono de la primera jornada dejó una señal clara: la discusión por la Ley de Glaciares no será solo legislativa. También se jugará en la calle y, probablemente, en la Justicia.
JD/CM
