La Libertad Avanza logró convertir en ley la reforma de la Ley de Glaciares y consumó una de las victorias legislativas más ansiadas por el Gobierno y los mandatarios de provincias mineras, aliados clave en la votación. Tan importante es para la administración libertaria que pasadas las 10 de la noche llegó al Congreso la secretaria de Presidencia, Karina Milei, para presenciar el último tramo del debate junto a Martín Menem. La votación se realizó a las 2.30 de la madrugada con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones.
Los 137 que sellaron la sanción de la ley fueron posibles con 94 votos de La Libertad Avanza, 11 del PRO, seis de la UCR, ocho de Innovación Federal, tres de Elijo Catamarca, dos de Producción y Trabajo (San Juan) y tres de Independencia (Tucumán).
Tras el trámite «exprés» que le había dado el Senado en extraordinarias y una larga sesión este miércoles en Diputados —atravesada por denuncias de lobby, protestas en la calle, discursos encendidos y el telón de fondo del escándalo de Manuel Adorni—, el oficialismo reunió el apoyo necesario para cambiar una norma clave del esquema ambiental argentino y abrir un nuevo escenario para la actividad extractiva.
La ley vigente, sancionada en 2010, había fijado un criterio amplio de protección sobre glaciares y ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua. La reforma impulsada por el Gobierno modifica ese corazón de la norma: desde ahora, la protección quedará limitada a glaciares y geoformas que cumplan una “función hídrica efectiva”, y serán las provincias las que tendrán la facultad de determinarlo. En los hechos, esa redefinición amplía el margen para habilitar proyectos mineros e hidrocarburíferos en zonas que hasta ahora quedaban alcanzadas por la tutela ambiental.
El oficialismo llegó a la sesión con los votos encaminados y con un quórum construido por su bloque, el PRO, la UCR, bloques provinciales y un puñado de legisladores de Provincias Unidas, además de representantes de distritos directamente interesados en la reforma, como Catamarca, San Juan, Salta y Tucumán. En la previa, Germán Martínez había advertido en redes que había que “mirar el quórum” más que los discursos, porque ahí estaba la verdadera llave de la ley. Y eso fue lo que ocurrió: el Gobierno blindó la sesión desde el arranque y avanzó con un expediente que el sector minero sigue con expectativa desde hace meses.
Más poder para las provincias, menos margen para la protección nacional
El argumento central del oficialismo fue que la ley de 2010 había quedado vieja, que el IANIGLA apenas completó el nivel 1 del inventario y que hacía falta “rigor técnico” para distinguir qué geoformas cumplen una función hídrica y cuáles no. José Peluc y Nicolás Mayoraz repitieron durante la sesión que la reforma no altera el paradigma de protección, sino que ordena criterios y le devuelve a las provincias el rol que les corresponde por el dominio originario de los recursos naturales. Peluc incluso defendió las audiencias públicas al sostener que, de las 2.999 presentaciones escritas, “el 70%” acompañó la reforma, algo muy contrario a lo visto en las audiencias públicas, donde la gran mayoría de los expositores cuestionaron la iniciativa.
La oposición, organizaciones ambientales y abogados especializados vienen denunciando que el proceso fue armado para llegar rápido al recinto y reducir costos políticos. En el Senado, la media sanción salió en un trámite exprés y sin audiencias. En Diputados, el oficialismo aceptó abrir una instancia de participación pública, pero de más de 106 mil inscriptos apenas una porción ínfima pudo hablar: 113 personas lo hicieron de forma presencial y 98 de manera virtual, mientras miles quedaron reducidos a presentaciones escritas, videos o directamente afuera del debate. El oficialismo defendió ese mecanismo como una audiencia “histórica”; sus detractores lo presentan como una simulación que será uno de los ejes de la judicialización que ya anticipan ONG, asambleas y sectores de la oposición.
El punto de fondo no es técnico sino político. La reforma traslada capacidad de decisión a los gobiernos provinciales y relativiza el peso del inventario nacional en manos del IANIGLA, que seguirá existiendo, pero con información remitida por las provincias y con menos centralidad efectiva. El texto mantiene prohibiciones sobre minería, hidrocarburos, industrias y obras en glaciares y zonas periglaciares identificadas como estratégicas, pero a la vez habilita que las autoridades locales definan, vía evaluación ambiental, qué alteración es “relevante” y qué formación merece seguir protegida. Para el Gobierno y los gobernadores mineros, eso destraba inversiones; para los opositores, desarma un presupuesto mínimo nacional y convierte a la ley en un traje hecho a medida del extractivismo.
“Una ley de las mineras”: lobby, calle y amenaza de judicialización
El debate de este miércoles no estuvo marcado solo por el contenido de la norma, sino por la acusación persistente de que el Congreso terminó funcionando como caja de resonancia de intereses mineros. Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica, dijo que se trataba de una de las peores leyes que pasaron por el Parlamento en años y denunció que “las mineras redactaron esta ley”. Miguel Pichetto advirtió que la reforma “se podría convertir en una norma inconstitucional” que terminará en la Corte Suprema, porque la Nación no puede resignar tan fácilmente su competencia para fijar presupuestos mínimos ambientales. Juan Grabois la definió como una ley “terraplanista, corruptora e inconstitucional”, y Kelly Olmos la conectó con el RIGI y la reforma laboral para resumirla en una frase: “Esta ley quiere facilitar el saqueo”.
Afuera del Congreso, la calle acompañó esa lectura. Desde la tarde hubo movilización, vigilia, antorchas, escenario y transmisión en vivo de la sesión frente al Palacio Legislativo. Participaron organizaciones ambientalistas, militantes de La Cámpora, dirigentes del Frente de Izquierda y activistas de Greenpeace, en una jornada que comenzó con tensión y un detenido por resistencia a la autoridad. El reclamo condensó una consigna simple: “La Ley de Glaciares no se toca”. Para los manifestantes, la reforma pone en riesgo reservas estratégicas de agua dulce, 36 cuencas hídricas y la vida de millones de personas. Para el oficialismo, en cambio, se trata de desmontar una traba que mantuvo paralizadas inversiones en plena carrera por el litio, el cobre y la expansión minera asociada al RIGI.
La advertencia judicial no aparece como una amenaza retórica. Desde hace días, abogados ambientalistas, organizaciones y legisladores vienen hablando de impugnaciones por el procedimiento y por el contenido. La discusión constitucional es conocida: el artículo 124 reconoce a las provincias el dominio sobre los recursos naturales, pero el 41 obliga a la Nación a fijar presupuestos mínimos de protección ambiental. La oposición sostiene que esta reforma corre ese límite, nacionaliza menos y provincializa más justo en un tema interjurisdiccional, donde el agua no se detiene en una frontera política dibujada sobre el mapa. Por eso Pichetto habló de una ley con destino de Corte Suprema y por eso la discusión no terminará con la votación.
Adorni, los apartamientos y una derrota anunciada
Aunque el expediente formal era uno solo, la sesión volvió a mostrar que el caso Adorni ya contamina cada debate importante del oficialismo. En el arranque, la oposición intentó incorporar una interpelación al jefe de Gabinete por sus viajes y su patrimonio. No prosperó porque para el apartamiento se necesitaban tres cuartas partes del cuerpo, pero la votación dejó un dato incómodo para la Casa Rosada: hubo más votos a favor de citarlo que en contra, 124 contra 118. No alcanzó, pero sirvió para instalar el tema en el recinto durante horas.
Paula Penacca habló de un “acto claro de corrupción”, Romina Del Plá ironizó con “de qué se adornará” para venir a explicar sus propiedades y sus vuelos, y varios diputados mezclaron en sus discursos la ley de glaciares con el escándalo del jefe de Gabinete. El oficialismo logró evitar que la ofensiva opositora alterara el rumbo de la sesión, pero no pudo impedir que el nombre de Adorni apareciera una y otra vez como parte del clima político. Esa mezcla entre una ley clave para el modelo extractivo del Gobierno y el desgaste de uno de sus funcionarios más expuestos terminó de pintar el cuadro de una jornada en la que Milei consiguió lo que buscaba en el Congreso, aunque al costo de abrir un frente ambiental, judicial y político que difícilmente se cierre esta madrugada.
La ofensiva opositora de arranque también tuvo algo de gesto político calculado. Según pudo saber este medio, en la reunión de Labor Parlamentaria ya estaba claro que los bloques que impulsaban los apartamientos no contaban con la mayoría especial necesaria para aprobarlos. Como se trató de una sesión especial pedida para debatir únicamente la reforma de la Ley de Glaciares, no estaba habilitada la vía de los emplazamientos a comisión, que requieren una mayoría menor. Por eso, aun sabiendo que no tenían los números, la oposición avanzó igual con nueve pedidos de apartamiento y perdió en todos: una secuencia testimonial que le permitió instalar temas incómodos para el Gobierno, desde el caso Adorni hasta la suspensión de acreditaciones a periodistas y el escándalo de $LIBRA.
JD/CM
