La segunda jornada de la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares dejó una postal distinta en la forma, pero similar en el fondo. Comenzó a las 10 de la mañana y concluyó a las 22.40. El formato virtual bajó el volumen de los cruces en la sala, pero expuso problemas técnicos, chicanas por algunas ausencias y una disputa política más explícita entre oficialismo y oposición. Sin embargo, por sobre todo volvió a mostrar un rechazo mayoritario al proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei.
En el cierre de la audiencia, el libertario Nicolás Mayoraz dijo que era posible una sesión informativa del plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales y luego una posterior para dictaminar. Aclaró que ahora iban a analizar el contenido de la «escucha» que hicieron e ignoraron las críticas respecto a la desproporción entre los pocos que hablaron y los 100.000 inscriptos.
La dinámica remota arrancó con exposiciones encadenadas, sin sobresaltos, pero con el correr de las horas comenzaron a acumularse fallas de sonido, cortes de transmisión y recesos forzados. Hubo interrupciones reiteradas, cambios de computadoras y pausas que rompieron el ritmo de la audiencia. En uno de los momentos más tensos, la intervención de la exdiputada Graciela Camaño se interrumpió en medio de su exposición y desde la sala denunciaron que la estaban “censurando”. El oficialismo lo negó y atribuyó el episodio a problemas técnicos.
El contraste con el día anterior fue inevitable. El miércoles había estado atravesado por gritos, impugnaciones, reclamos por el ingreso de expositores y un rechazo casi unánime al proyecto. Este jueves, en cambio, el conflicto se trasladó a otro plano: menos confrontación directa, pero más desorden operativo y mayor carga política.
Testimonios y cuestionamientos que se multiplican
Al igual que en la primera jornada, la mayoría de los oradores cuestionó tanto el contenido de la reforma como la legitimidad del proceso. Camaño fue una de las exposiciones más contundentes del día: “Retroceder en materia ambiental no es gobernar, es renunciar al futuro”, advirtió, y calificó a la instancia como una “no audiencia pública”. Desde un enfoque jurídico, sostuvo que el procedimiento podría derivar en la “nulidad absoluta” de la norma si avanza en estas condiciones y remarcó que “la Ley de Glaciares es el piso mínimo, no puede reducirse”.
Desde el plano técnico, el director del IANIGLA, Pablo Villagra, también cuestionó la iniciativa al señalar que introduce “incertidumbre”, debilita el rol científico y deja áreas sin protección. “No representa una mejora respecto a la ley vigente”, afirmó.
Las críticas se replicaron desde distintos territorios y organizaciones. Referentes socioambientales advirtieron sobre el impacto en el acceso al agua, mientras que desde provincias sin actividad minera remarcaron que cualquier modificación en zonas cordilleranas afecta a todo el sistema hídrico. “El agua es un bien interjurisdiccional”, insistieron.
También hubo algunas voces a favor, aunque en minoría. El presidente del Instituto Argentino de Derecho para la Minería, Néstor Rigamonti, defendió el proyecto al sostener que busca “mayor precisión normativa” y negó que implique una regresión ambiental.
Las chicanas de LLA al peronismo
A diferencia del miércoles, la presencia de sectores del peronismo fue menor, lo que generó cuestionamientos desde el oficialismo. “Los diputados de La Libertad Avanza estamos presentes en la segunda audiencia pública por la Ley de Glaciares. Los kirchneristas, que se llenaron la boca hablando de la participación, no vinieron”, lanzó la diputada libertaria Valentina Ravera.
Las chicanas también cruzaron a otros bloques. Durante los recesos por fallas técnicas, diputadas de izquierda ironizaban sobre el funcionamiento de la audiencia, mientras que desde la oposición volvieron a cuestionar el formato y la restricción de participación.
En paralelo, el debate ya se proyecta hacia lo que viene. El diputado Maximiliano Ferraro pidió ampliar la convocatoria a todos los gobernadores de provincias cuyas cuencas hídricas podrían verse afectadas, y no solo a las jurisdicciones mineras, en medio de la discusión por una futura reunión informativa.
Fallas, límites y un proceso cuestionado
Las dificultades técnicas terminaron de completar el cuadro de una jornada que, aunque menos caótica que la anterior, volvió a quedar bajo cuestionamiento. Hubo cuatro interrupciones por problemas de sonido, recesos imprevistos y exposiciones que debieron repetirse.
A eso se sumó el reclamo sostenido por la participación limitada: de más de 100.000 inscriptos, solo una mínima porción pudo exponer. El resto deberá hacerlo mediante presentaciones escritas o videos, un esquema que fue rechazado por gran parte de los oradores.
El cuestionamiento no es solo político. En varias intervenciones se advirtió que las condiciones en que se desarrolla la audiencia podrían derivar en nuevas impugnaciones judiciales, un escenario que ya había sido anticipado el primer día.
Un proyecto que se empantana
Más allá del desarrollo de las audiencias, el impacto político empieza a sentirse en el propio oficialismo. Aunque el objetivo de avanzar rápidamente hacia el recinto sigue en vigencia —con la fecha del 8 de abril como referencia—, en las últimas horas comenzó a circular un rumor en Diputados. El apoyo de algunos legisladores podría disminuirse por la cantidad de errores y falencias del proceso, a pesar de que no es vinculante. La instalación de la controversia y su proyección puede transformarse en un problema comunicacional para una administración que está tratando de superar el caso Adorni.
La Libertad Avanza convocará a gobernadores de provincias mineras para una reunión informativa en los primeros días de abril antes de avanzar con el dictamen. El cambio de ritmo refleja un escenario más incierto en Diputados, donde ya no hay la misma certeza sobre los votos necesarios para aprobar la reforma.
En ese contexto, el debate por la Ley de Glaciares empieza a correrse del terreno exclusivamente legislativo. Con advertencias de judicialización, tensiones políticas y un rechazo que se sostuvo en ambas jornadas, la discusión sigue abierta.
JD/CM
