El Congreso está a pleno. Mientras en el Senado buscan darle media sanción a la Reforma Laboral para que pase a la Cámara Baja, en el plenario de comisiones de Diputados discuten el proyecto oficialista que quiere cambiar la Ley Penal Juvenil. De lograr el dictamen de comisión, se discutirá en el Senado el jueves. El Gobierno quiere bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, tal como lo fijaba en la propuesta original presentada en 2024.
Rodrigo Morabito, juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca, escribió una carta abierta al presidente Javier Milei. «Todos los días veo rostros que no aparecen en las estadísticas ni en los discursos. Rostros de adolescentes cansados, rotos, sin esperanza. Chicos y chicas que llegan tarde a la Justicia, después de haber sido violentados en sus hogares, expulsados de la escuela, abandonados en las calles, consumidos por las drogas y, muchas veces, utilizados por adultos inescrupulosos para delinquir«, dice parte del texto. El Ejecutivo no acusó recibo. Aquí, la carta completa.
Carta abierta al Señor Presidente de la Nación Argentina.
Economista Javier G. Milei
Me dirijo a usted desde el ejercicio concreto de una función que rara vez ocupa el centro del debate público, pero que carga con una de las responsabilidades más complejas del Estado: administrar justicia en el fuero penal juvenil.
Todos los días veo rostros que no aparecen en las estadísticas ni en los discursos. Rostros de adolescentes cansados, rotos, sin esperanza. Chicos y chicas que llegan tarde a la Justicia, después de haber sido violentados en sus hogares, expulsados de la escuela, abandonados en las calles, consumidos por las drogas y, muchas veces, utilizados por adultos inescrupulosos para delinquir.
No le escribo para justificar delitos. Tampoco le escribo para negar el dolor inmenso de las víctimas ni el sufrimiento irreparable de sus familias. Ese dolor merece respeto, escucha y respuestas serias del Estado.
Pero sí escribo para decirle algo que veo todos los días; cuando el Estado llega por primera vez a la vida de estos adolescentes, casi siempre lo hace a través del castigo. Y llega tarde.
En los tribunales no vemos “enemigos”. Vemos historias de abandono acumulado. Vemos una cadena de violencias que comenzó mucho antes del hecho delictivo. Y vemos, con enorme preocupación, cómo frente a ese fracaso previo, la única respuesta que se propone es más pena, más encierro, más dolor.
Señor Presidente: el derecho penal no repara lo que el Estado no supo cuidar a tiempo.
La cárcel no devuelve lo que la infancia perdió. El castigo no sustituye a la presencia estatal que faltó cuando aún había margen para prevenir.
Trabajar en este fuero implica tomar decisiones difíciles, humanas, incómodas. Implica escuchar a víctimas, pero también mirar a los ojos a adolescentes que nunca tuvieron una oportunidad real. Implica entender que proteger a la sociedad no es solo sancionar, sino evitar que el daño ocurra.
Bajar la edad de punibilidad puede dar una sensación inmediata de respuesta, pero no construye futuro. No reduce la violencia. No honra a las víctimas. Solo amplía un sistema penal que llega siempre tarde y que ya ha demostrado su ineficacia.
Cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes no es ingenuidad. Es responsabilidad institucional. Es la única política seria de seguridad a largo plazo de una nación democrática. Es intervenir antes, acompañar antes, sostener antes. Es estar presentes cuando todavía hay algo para salvar.
Le escribo con la convicción de quien ve las consecuencias todos los días. Le escribo no desde la comodidad de un despacho, sino desde la experiencia concreta de administrar justicia en contextos de dolor.
La respuesta no está en castigar más temprano. La respuesta está en no abandonar tan temprano.
Ojalá esta carta sirva para reflexionar. Porque cada adolescente que llega a un tribunal es, antes que nada, una pregunta que el Estado no supo responder a tiempo.
Atentamente, Rodrigo Morabito. Juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca.
AS
