Una causa por una megaestafa inmobiliaria que tiene al director técnico de Banfield, Pedro Troglio, como uno de los perjudicados, tomó en los últimos días un giro que se vincula con la causa de «Chocolate» Rigau, el escándalo por los tarjeteros en la Legislatura Bonaerense.
La defensa de Troglio pidió la detención del abogado penalista Diego Lacki, extitular administrativo de la constructora ABES, señalado como uno de los responsables del colapso financiero de los fideicomisos inmobiliarios que la firma vendía. El pedido reactivó una causa que acumula más de 150 denunciantes y un perjuicio estimado en 20 millones de dólares, con el propio Troglio entre las víctimas: denunció haber sido defraudado por más de 157.000 dólares invertidos en los fideicomisos ABES Dezzeo y ABES Lucero.
Lo que encendió las alarmas en el fuero penal platense no fue solo el monto ni la cantidad de damnificados, sino el árbol genealógico del acusado. Diego Lacki es hermano de Javier Lacki y cuñado de Betina Smolinski de Lacki, la fiscal bonaerense conocida en la Justicia como Betina Lacki, con peso propio en los tribunales de La Plata. Según pudo saber La Pluma, en los pasillos judiciales platenses ya circula con fuerza una hipótesis sobre los tiempos procesales: mientras la causa de los fideicomisos de ABES permanece prácticamente «planchada», otro expediente de alto impacto mediático —el de «Chocolate» Rigau— avanzó a un ritmo notablemente más acelerado, incluso con acusaciones de filtraciones a medios porteños.
El dato que conecta ambos expedientes tiene nombre y apellido: Miguel Molina. Es el mismo abogado que patrocina a Troglio e impulsa la detención de Diego Lacki ante la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, y el que ejerce en simultáneo la defensa técnica de Julio «Chocolate» Rigau, el puntero político imputado por retirar durante años el sueldo de casi medio centenar de empleados fantasma de la Cámara de Diputados bonaerense.
Para las fuentes consultadas por este medio, esa coincidencia de actores no es casual: configura un tablero de negociación e influencia cruzada entre dos expedientes que, a simple vista, no tienen nada que ver entre sí.
Golpe por golpe: la hipótesis de la negociación judicial
La lectura que circula en tribunales es la de un «golpe por golpe» entre el abogado y la fiscal con expedientes espejados. Según pudo saber La Pluma, la sospecha es que sectores vinculados a la fiscal buscarían dilatar el expediente de los fideicomisos de ABES para evitar que su cuñado termine detenido, mientras que del otro lado, Molina —al mismo tiempo que pide la cabeza de Lacki— sostiene la defensa de Rigau en la causa que la propia fiscal instruye. La paradoja no pasó desapercibida en el fuero, porque la misma fiscal que estaría apretando el freno de la causa que involucra a su cuñado es, a la vez, la que lleva adelante el expediente donde el abogado que pide esa detención defiende al principal imputado.
La causa Chocolate Rigau, instruida por la propia Betina Lacki, es una de las más resonantes de los últimos años en la política bonaerense: Rigau fue detenido hace tres años cuando lo sorprendieron retirando dinero de decenas de cajeros automáticos del centro platense, con una mecánica que se repetía todos los primeros días del mes desde cuentas de supuestos empleados de la Legislatura. La causa calcula un desfalco de $395,4 millones solo entre enero de 2022 y septiembre de 2023, aunque el propio juez Guillermo Atencio llegó a estimarlo en unos $2.800 millones si se suman años previos. Pese a la magnitud del esquema, apenas hay tres imputados —Rigau, Claudio Albini y Facundo Albini—, los tres con arresto domiciliario.
El expediente de ABES, en cambio, avanza con menos ruido pese a su escala: como prueba del presunto ardid financiero, la querella aportó 66 audios de WhatsApp entre Diego Lacki y Fernando Gil —el hombre que habría actuado como nexo con Troglio— además de comprobantes de transferencias bancarias hacia cuentas radicadas en Miami, Estados Unidos.
El juez Atencio denunció a Diputados por encubrimiento
El otro frente que se abrió esta semana en paralelo tiene como protagonista al mismo juez de Garantías que interviene en la causa Chocolate: Guillermo Atencio presentó una denuncia penal contra las autoridades de la Cámara de Diputados bonaerense por presunto encubrimiento, que recayó en el juzgado de Álvaro Garganta. La Legislatura, en una sesión de mayo pasado, resolvió archivar un pedido de la propia fiscal Betina Lacki para conocer qué legisladores habían designado a los empleados «ñoquis» que Rigau usaba para cobrar sus sueldos. El archivo se votó con el respaldo de más de dos tercios de la Cámara —con bloques de todo el arco político— y, para Atencio, implicó directamente un «ocultamiento de pruebas» que ahora deberá investigar Garganta.
Desde las autoridades de la Legislatura, mientras tanto, adelantaron a La Pluma que este lunes habrá «una respuesta contundente» frente a los embates judiciales.
JD/CM
