La reforma de la Ley de Glaciares, que tiene media sanción del Senado, desembarcó este miércoles en la Cámara de Diputados en medio de un clima de alta tensión política y cuestionamientos sobre la validez del tratamiento en comisión y los métodos utilizados para cumplir con la Ley General de Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Esa controversia tiene que ver con la audiencia pública que arrancó antes del mediodía con cruces en la sala, cambios de último momento y una impugnación formal presentada por legisladores de distintos bloques que pone en duda todo el proceso, porque anticipa su veloz judicialización.
El dato expone la dimensión del conflicto: de más de 105.000 inscriptos, apenas unos 360 podrán exponer, en un esquema que además redujo el tiempo de intervención de cinco a cuatro minutos y que prevé jornadas que se extenderán hasta la medianoche. Serán dos días: hoy será para los asistentes presenciales y mañana para los que se conecten desde distintas provincias, es decir, de manera virtual. Todos los demás tienen la posibilidad de sumar una exposición al canal de youtube de la Cámara Baja. En paralelo, organizaciones socioambientales y sectores de la oposición ya anticipan que el debate terminará judicializado.
El tratamiento llega a Diputados tras la media sanción obtenida en el Senado en febrero, en un trámite veloz y con escaso debate. Impulsada por el gobierno de Javier Milei y respaldada por gobernadores de provincias mineras, la iniciativa enfrenta ahora su instancia más conflictiva. Sin audiencias, el oficialismo reconoce que hubiera puesto en riesgo el proceso para sancionar su iniciativa.
Impugnación, recortes y advertencias de judicialización
La principal sombra sobre el inicio de las audiencias es la impugnación presentada por un grupo de diputados, entre ellos Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva, María Inés Zigarán y Pablo Juliano, quienes cuestionaron la validez misma de la convocatoria.
El planteo sostiene que la audiencia “carece de validez” por irregularidades en su organización que restringen la participación ciudadana y vulneran el Reglamento de la Cámara, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Entre los puntos centrales, señalan la falta de criterios transparentes para seleccionar expositores, la reducción de la participación oral y la modificación de reglas una vez iniciado el proceso.
“Más de 100.000 personas se inscribieron para opinar sobre un tema clave, pero se redujo al 0,3% y se acallaron voces”, advirtió Ferraro, quien además dejó abierta la posibilidad de recurrir a la Justicia.
Desde el oficialismo, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, defendió el procedimiento y aseguró que “se ajusta a derecho”, en línea con el rechazo previo de medidas cautelares que intentaban frenar la audiencia. Sin embargo, admitió que la impugnación ya está en análisis.
El trasfondo es claro: mientras el Gobierno busca avanzar con el tratamiento y sostener su legalidad, la oposición y organizaciones ambientales construyen un escenario de cuestionamiento que podría trasladarse a los tribunales.
Audiencias limitadas y protesta en la calle
El esquema elegido para la audiencia se convirtió en otro foco de conflicto. La selección de expositores —los primeros inscriptos por provincia— dejó afuera a la gran mayoría de los anotados y generó críticas transversales.
El inicio del debate estuvo marcado por cruces dentro del anexo. En uno de los momentos más tensos, la diputada Selva se levantó de su banca para acercarle a Mayoraz el texto de la impugnación, en medio de cuestionamientos por la falta de información sobre su tratamiento. También se registraron reclamos por la exclusión de participantes que estaban inscriptos y confirmados, lo que elevó el nivel de confrontación.
Según pudo saber La Pluma, incluso hubo un cruce que debió ser contenido entre el diputado libertario Sebastián Pareja y el peronista Mario “Paco” Manrique en los pasillos del Congreso.
En paralelo, el conflicto se trasladó a la calle. Organizaciones socioambientales convocaron a una protesta frente al Congreso con una consigna directa: “Hacer fila hasta que nos dejen hablar”. La movilización se realizó bajo un fuerte operativo de seguridad en los alrededores del Palacio Legislativo.
El oficialismo defendió el formato y habilitó como alternativa la presentación de videos para quienes no pudieron exponer, pero las críticas apuntan a que se trata de mecanismos que no reemplazan la participación oral directa.
Agua, minería y derechos
Más allá del conflicto procedimental, la audiencia expuso con claridad el choque de fondo: el equilibrio entre el desarrollo productivo y la protección ambiental.
Una de las intervenciones más contundentes fue la del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien cuestionó el enfoque de la reforma y advirtió: “Desarrollo no significa explotación”. También denunció que “hay una violación sistemática del derecho del pueblo” y llamó a priorizar “el agua y la vida de las comunidades” por sobre los intereses económicos.
En la misma línea, la exdiputada Marta Maffei, una de las autoras de la ley vigente, calificó el proyecto como “regresivo” y alertó que bajo una supuesta lógica federal se habilita a las provincias a avanzar sobre recursos estratégicos.
Desde las provincias, las posiciones también marcaron diferencias. Funcionarios de La Pampa advirtieron sobre el impacto en las cuencas hídricas y recordaron antecedentes como el conflicto por el río Atuel, mientras que representantes de San Juan defendieron la actividad minera como motor de desarrollo y rechazaron lo que consideran una “falsa dicotomía” entre producción y ambiente.
El debate también sumó voces técnicas y testimonios territoriales que advirtieron sobre la escasez de agua y los efectos de la actividad extractiva en distintas regiones del país.
En ese marco, el tratamiento legislativo aparece atravesado por una doble tensión: por un lado, el intento del oficialismo de avanzar con la reforma; por el otro, un entramado de cuestionamientos políticos, sociales y judiciales que anticipan un camino complejo en Diputados.
JD/CM
