Mientras la Cámara de Diputados prepara los detalles para realizar la audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares, arrancó la pulseada en la Justicia por los métodos elegidos para que participen los 65.000 anotados. La organización ambiental Greenpeace presentó un amparo para suspender la audiencia porque la decisión que tomaron las autoridades de las dos comisiones que llevan adelante el tratamiento, es decir, los diputados libertarios Nicolás Mayoraz, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales y José Peluc, al frente de Ambiente y Recursos Naturales.
La cantidad de anotados significa un desafío logístico pero también político. La audiencia está convocada para el 25 y 26 de marzo. El primer día será presencial y el segundo virtual. Sin embargo, el oficialismo se amparó en las potestades del reglamento para definir su organización y habilitaron la posibilidad para que los inscriptos puedan presentar un escrito o grabar un video de cinco minutos para ser subidos al canal de youtube de la Cámara Baja.
El capítulo presencial será en el segundo piso del edificio Anexo C de la Cámara de Diputados y el virtual tendrá la misma sala, porque también estarán presentes los integrantes de las dos comisiones. Sin embargo Mayoraz y Peluc decidieron que no podrán ingresar los asesores de cada diputado, sino dos que reporten al secretario parlamentario de cada bloque.
Esa medida fue cuestionada por la oposición, pero el método para canalizar la cantidad de inscriptos es parte de la presentación de Greenpeace. Acusan a las autoridades de acotar la participación. El amparo está en manos de Enrique Valerio Lavié Pico, titular del juzgado contencioso N° 7.
La reforma
El proyecto modifica la normativa sancionada en 2010, que protege los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce. La iniciativa de la Casa Rosada propone transferir mayor poder de decisión a las provincias para definir actividades en esas zonas, un reclamo sostenido por los gobernadores de las regiones mineras.
Con ese cambio, las provincias quedarían a cargo de los estudios de impacto ambiental y la habilitación de proyectos, mientras que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) —responsable del inventario nacional de glaciares— pasaría a tener un rol más acotado.
La iniciativa fue aprobada por el Senado y ahora transita su tratamiento en Diputados. El Gobierno está apurado por cerrar los cambios y conseguir la sanción. Las audiencias públicas no son vinculantes, pero son obligatorias segun la ley General de Ambiente y el Acuerdo de Escazú, ratificado por el Congreso en 2020. No hacerlas o realizarlas mal puede originar una controversia en tribunales. Greenpeace organizó una protesta en la puerta del Congreso cuando el proyecto fue tratado en el Senado. «No se caguen en el agua», fue la pancarta que llevaba un grupo de manifestantes que pudieron sentarse en inodoros puestos en las escalinatas del Palacio Legislativo. La policía los desalojó violentamente. Ahora la misma organización fue la impulsora del primer recurso de amparo presentado y los argumentos apuntan contra las presuntas arbitrariedades de Mayoraz y Peluc.
