El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó este viernes 23 de octubre al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei en la causa $LIBRA, que investigaba una presunta estafa con criptomonedas y delitos vinculados al lanzamiento y la promoción del token. La resolución alcanzó a los otros diez imputados: los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Mark Davis, Julian Peh, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino. El magistrado ordenó que, una vez firme la decisión, se comunique y se archive la causa.
El fallo de 60 páginas al que accedió La Pluma concluye que «los sucesos denunciados no encuadran en una figura legal«, el inciso 3 del artículo 336 del Código Procesal Penal, y aclara que la formación del proceso «no afecta el buen nombre y honor» de los imputados. Ninguno fue llamado a indagatoria. El juez lo justificó con jurisprudencia de la Cámara Federal según la cual se puede sobreseer sin haber indagado, porque toda persona imputada tiene derecho a obtener una sentencia que descarte «para siempre» el estado de sospecha.
Martínez de Giorgi resolvió «de conformidad a lo instado» por el fiscal Eduardo Taiano, que había pedido sobreseer a todos, y consideró que su requerimiento estaba debidamente fundado y que «no existe una pretensión acusatoria autónoma que sostenga la continuación del proceso». Ese vacío se explica, en parte, porque la Cámara Federal había apartado el 4 de septiembre a los inversores que pretendían ser querellantes, los únicos que podían contradecir al fiscal.
Ninguno de los involucrados salió a hablar públicamente hasta ahora, pero quien sí se manifestó a través de su cuenta de X fue el asesor Santiago Caputo: «Esta causa va a ser estudiada como la causa más pelotuda de la historia en donde hicieron un escándalo de un hecho inexistente solo para dañar al Presidente. Por supuesto no veremos ni un solo pedido de disculpas de los hijos de puta de siempre».
Esta causa va a ser estudiada como la causa más pelotuda de la historia en donde hicieron un escándalo de un hecho inexistente solo para dañar al Presidente. Por supuesto no veremos ni un solo pedido de disculpas de los hijos de puta de siempre.
— Santi C. (@slcaputo) October 23, 2026
Descartan estafa, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles
La denuncia partió del posteo que Milei publicó en X el 14 de febrero de 2025 a las 19.01: «La Argentina liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina». El texto incluía la dirección del contrato. Según los denunciantes, el token pasó de valer US$0,01 a casi US$5 y se desplomó a las pocas horas, con un retiro de alrededor de US$100 millones por parte de unas pocas billeteras y pérdidas para más de 40.000 compradores.
Sobre la estafa, el juez sostuvo que no se acreditó «un engaño penalmente relevante». Admitió que la «investidura institucional» de Milei «pudo conferir una repercusión y una visibilidad particulares», pero marcó que una cosa es reconocer esa influencia y otra concluir que de ella se desprendió «una representación falsa de la realidad». Agregó que «la caída de la cotización no puede operar como prueba retrospectiva suficiente de la existencia de una estafa» y advirtió contra el riesgo de inferir una maniobra «exclusivamente a partir de la distribución final de ganancias y pérdidas».
Para fundar su postura recordó dos antecedentes. El primero, la Cámara Federal, que sostuvo que la hipótesis de un plan organizado desde el poder había quedado «diluida» frente a la de inversores en un mercado no regulado y de alta volatilidad, y que los querellantes no identificaron la falsedad concreta que los llevó a comprar. El segundo, una respuesta del Departamento de Justicia de Estados Unidos citada por el fiscal: promocionar un criptoactivo volátil en redes sociales, aun con una publicación de una figura política, no alcanza para demostrar que los inversores fueron inducidos con afirmaciones falsas. Taiano también planteó que se trataba del ámbito de las memecoins, con alta volatilidad y un fuerte componente especulativo, y que los imputados nunca garantizaron rentabilidad ni estabilidad del precio.
En cuanto al abuso de autoridad y las negociaciones incompatibles con la función pública, el magistrado tomó en cuenta informes de la Secretaría Legal y Técnica, que indicó no tener resoluciones ni intervenciones administrativas vinculadas con el token, de la Secretaría General de la Presidencia, que no registra ningún acuerdo confidencial entre Milei y Davis, y de la Oficina Anticorrupción. Esta última entendió que el tuit fue un acto de comunicación «individual o privado», sin recursos públicos ni intervención institucional, y que no hubo infracción a la Ley de Ética.
Martínez de Giorgi fue más allá y ensayó una interpretación propia del mensaje: «Pareciera que la publicación alude a destacar las consecuencias de determinadas decisiones políticas oficialistas sobre la actividad de mercados financieros, en lo que podría constituir un acto de promoción de políticas públicas«, comparable a «la presencia presidencial en la inauguración de alguna fábrica o emprendimiento comercial». Y precisó que «el mero hecho de que el presidente manifieste interés en el desarrollo de una actividad privada no constituye, en sí mismo, una conducta penalmente reprochable».
Karina Milei, el teléfono de Novelli y las pruebas que no alcanzaron
El tráfico de influencias, el delito que se le atribuía a Karina Milei, tenía su origen en la denuncia de los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, que pidieron investigar si Karina Milei había incurrido en cohecho, tráfico de influencias o negociaciones incompatibles, y en chats difundidos que la señalaban por pedir sobornos para facilitar reuniones entre el Presidente y los empresarios extranjeros. El juez coincidió con el fiscal en que la prueba no permitió corroborar esa sospecha.
Las únicas constancias que la vinculan con Davis y con el empresario Bartosz Lipinski, señaló, son las de la Secretaría General de la Presidencia, que muestran que la secretaria general autorizó sus ingresos a la Casa de Gobierno el 16 de julio de 2024, algo que «considerada aisladamente, no demuestra la existencia de un acuerdo ilícito«. El Hotel Libertador informó que Karina Milei no estuvo en el Tech Forum, celebrado el 19 de octubre de 2024, y los empresarios Diógenes Casares y Charles Hoskinson, que habían hablado públicamente de pedidos de dinero para acceder al Presidente, no la mencionaron.
El expediente incluía además elementos delicados, que el juez relativizó. Del teléfono de Mauricio Novelli surgieron dos conversaciones eliminadas con un contacto identificado como «Karina Milei RRPP» y registros de llamadas entre Novelli y Javier Milei, aunque no pudo determinarse el contenido, según reseña el fallo. También una «oferta irrevocable» de Kelsier Group del 21 de noviembre de 2024, dirigida a Novelli, Terrones Godoy y Morales, que mencionaba una asociación indirecta con el Gobierno y a Javier y Karina Milei. El juez señaló que, al no estar firmada, la oferta carece de valor documental y no basta para demostrar que se haya acordado pagarle a Karina Milei por facilitar reuniones.
Otro hallazgo fue una nota de Apple Notes con el texto, en inglés, «hola muchachos, este es el acuerdo final según lo discutido con H.». Los peritos confirmaron que existió en el teléfono, pero no pudieron acreditar que se enviara a terceros. Para el juez, la frase no demuestra «un acuerdo perfeccionado» ni sus términos, ni una contraprestación por el ejercicio indebido de influencia. El dictamen fiscal que el fallo reseña menciona, además, una nota del mismo teléfono con una suma de dinero que debía pagarse a Javier y Karina Milei, que por sí sola, dijo Taiano, no prueba una propuesta comunicada y aceptada.
También cuestionó el valor probatorio de los informes de la DATIP, el área de apoyo tecnológico de la Procuración. Un sumario administrativo de la Procuración tuvo por probado «un ingreso indebido» de una empleada a documentación reservada de la causa, parte de la cual trascendió a la prensa, algo que afectó «de alguna manera» la cadena de custodia y «resiente su valor probatorio». El juez no declaró nulos esos informes, pero consideró que, junto con el resto de las pruebas, no alcanzaban para corroborar la hipótesis delictiva.
Las otras pistas tampoco llevaron a una conclusión incriminatoria. Las cajas de seguridad de Novelli estaban vacías cuando se las allanó, aunque las filmaciones registraron ingresos de Rafaele y María Pía Novelli en fechas cercanas al lanzamiento. Los informes técnicos no vincularon a Rodríguez Blanco y Mellino con la maniobra, pese a movimientos de dinero en esos días. Los estudios de trazabilidad de las billeteras «Team Libra Wallets» no lograron demostrar que los fondos se hayan usado para pagos indebidos a funcionarios, y algunas tareas no pudieron completarse por falta de herramientas con licencia. Tampoco prosperó la ampliación que había pedido Frade a partir de los dichos de Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo: en su testimonio ante la Fiscalía de Bolivia, el 23 de septiembre, no habló de $LIBRA.
Sin querellantes, sin cooperación de EE.UU. y con una demanda rechazada en Nueva York
El fallo menciona tres hechos de contexto que debilitaron la causa en los últimos dos meses. Además de la decisión de la Cámara Federal del 4 de septiembre, las autoridades de Estados Unidos cerraron el expediente de asistencia judicial que había pedido la Justicia argentina, por considerar insuficientes los elementos para acreditar una conexión entre los investigados, los delitos denunciados y los registros requeridos.
El 29 de septiembre, además, el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York rechazó la demanda civil de inversores contra Kelsier Labs, Davis y otros demandados. Entre otras cosas, rechazó los reclamos por fraude por falta de elementos sobre intención fraudulenta, los planteos bajo la ley RICO y los demás reclamos respecto de Kelsier y Davis por falta de jurisdicción personal, y no autorizó presentar una segunda demanda que incluía a $LIBRA y a otros tres tokens.
Queda por ver si la resolución es apelada y por quiénes: los inversores ya fueron apartados como querellantes y el propio fiscal pidió el sobreseimiento. Tampoco aclara el fallo qué pasará con las medidas cautelares que se habían dispuesto, entre ellas el pedido de congelamiento de más de 44 millones de USDC en una dirección de la red Solana que había recibido fondos de billeteras identificadas como «Team Wallet» de $LIBRA.
JD/CM
