El plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda cerró este miércoles con dos dictámenes enfrentados. La Libertad Avanza, con el aval del PRO, la UCR, el MID, Producción y Trabajo y La Neuquinidad, reunió 42 firmas para imponer su propio proyecto: una ley permanente que reemplaza a la Emergencia en Discapacidad vigente hasta el 31 de diciembre. El texto ratifica la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio y habilita su compatibilidad con un empleo formal o inscripción en el régimen simplificado.
El resultado llamó la atención de la oposición que no dejó de señalar las contradicciones del oficialismo: LLA nunca defendió la ley de Emergencia que ahora dice estar dispuesta a mejorar. El año pasado, cuando el Congreso insistió con los dos tercios sobre el veto de Javier Milei a la Emergencia en Discapacidad, el oficialismo votó en contra. Durante buena parte de este año mantuvo bloqueada la comisión que debía tratar los pedidos de la oposición para prorrogarla, no dio quórum en los intentos de sesión especial que impulsaron distintos bloques y rechazó sistemáticamente los pedidos de apartamiento en el recinto. Solo cuando la oposición logró unificar el reclamo y reunir los votos para imponer el quórum, el 9 de septiembre, La Libertad Avanza abrió la comisión de Discapacidad.
Apenas unos días después de ese emplazamiento, el propio Presupuesto 2027 que envió el Ejecutivo incluyó en su Capítulo VI una batería de recortes al sistema de discapacidad -eliminación de la actualización automática del nomenclador, vuelta al esquema de pensión por invalidez incompatible con el empleo– que ni siquiera respetaba la línea de negociación que los legisladores libertarios venían llevando con sus propios aliados-. Ese cortocircuito, que expuso a Patricia Bullrich enterándose por el texto del Presupuesto, fue el que terminó de acelerar la construcción de un proyecto propio «superador», el mismo que hoy consiguió dictamen.
Los misioneros y salteños de Argentina Federal, que habían amagado con un despacho propio, terminaron firmando el del oficialismo en disidencia. Del otro lado, Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y Elijo Catamarca sumaron 36 firmas para insistir con la prórroga por un año más que había sido el objetivo original del emplazamiento votado en el recinto el 9 de septiembre.
En el recinto de la comisión, la vocera de ese giro fue la bullrichista Laura Rodríguez Machado: «No venimos a demonizar la ley de emergencia, sino a preguntarnos qué pasa el día después de la emergencia», planteó, y calificó al proyecto como una «propuesta superadora» que además garantiza la «no regresividad» de los derechos exigida por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Qué dice el dictamen de LLA
El texto, redactado en 20 artículos, convierte a la actual Emergencia en un régimen permanente en lugar de una prórroga con fecha de vencimiento. Ratifica la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio y su actualización conforme al sistema previsional vigente (por IPC mensual), y habilita su compatibilidad con un empleo formal o inscripción en el régimen simplificado, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles: si se supera ese techo, la pensión se suspende automáticamente y se puede rehabilitar en cuanto el ingreso vuelva a bajar.
El proyecto también ratifica la universalidad y la homogeneidad de los aranceles del nomenclador, con su correspondiente actualización, y fija que las partidas presupuestarias para el área no podrán ser inferiores en términos reales a las del ejercicio anterior. Sobre la deuda con los prestadores, establece que el derecho al cobro «subsiste» aunque venza la emergencia, y que el Poder Ejecutivo deberá notificar y publicar un cronograma de pago si no la saldó al momento de la sanción. Y crea, además, un sistema de auditorías periódicas con cruce de información entre la Secretaría Nacional de Discapacidad, ANSES, ARCA, el SINTyS y el RENAPER, para dar de baja beneficios «mal otorgados» con la posibilidad de que el afectado pida su rehabilitación «si demuestra que no incumplió en nada».
Los cruces en la comisión
El debate no estuvo exento de chicanas. Rodríguez Machado acusó a la oposición de haber tenido, con la Emergencia, «controles muy laxos» que «beneficiaron a personas sin discapacidad real y perjudicaron a quienes sí tienen ese derecho», y cerró con una pregunta retórica dirigida a Unión por la Patria: «¿Les parece que la palabra emergencia es sanadora?».
La jujeña María Inés Zigarán, de Provincias Unidas, le respondió con ironía sobre el «cambio de posición insólito» del oficialismo y advirtió que el proyecto libertario ni siquiera había sido incluido en el emplazamiento votado en el recinto, lo que a su juicio implica un incumplimiento reglamentario.
Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, puso una condición concreta para votar por unanimidad: «Retiren el Presupuesto del Parlamento y que pongan las partidas de discapacidad con la firma de Caputo«.
El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, fue más duro todavía: acusó al oficialismo de haber dado «una verdadera vuelta carnero» después de intentar destruir la homogeneidad de las prestaciones en el Presupuesto, y remató recordando que hay «15 procesados en la ANDIS por corrupción» en el organismo que administraba estos mismos fondos.
El jefe de bloque Germán Martínez calificó el cambio de postura como «saltos ornamentales» y «contorsionismo». Y Sabrina Selva cerró con la frase más resonante de la tarde: «Ojalá les den los ovarios y las pelotas de caminar por la calle y poder mirar a las personas con discapacidad».
La desconfianza de que todo se vuelva atrás
Más allá del resultado, tanto los aliados como la oposición compartieron la misma sospecha antes de firmar. «Luis Caputo está en Nueva York y capaz al regreso no avale este proyecto y volvamos atrás«, dejaron trascender diputados dialoguistas minutos antes del plenario. El propio bloque oficialista reconoció que el Capítulo VI del Presupuesto, el que generó todo este conflicto, sería eliminado recién antes de las reuniones informativas del 13 de octubre, es decir, semanas después de que ya se firmara este dictamen.
En los dos sectores, además, circula la misma lectura política de fondo: que la propuesta «superadora» busca sobre todo evitar que el escándalo de discapacidad llegue intacto a la visita del papa León XIV, que incluirá una recorrida por el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, una institución que alberga a más de 400 personas con discapacidad y que en los últimos días reclamó públicamente por la falta de medicamentos, pañales y otros insumos del programa Incluir Salud. El propio Juan Marino, de Unión por la Patria, resumió esa desconfianza al recordar en el mismo plenario tres hechos recientes: el veto presidencial del año pasado, el escándalo de corrupción en la ANDIS y la renuncia de Alejandro Vilches al frente de la Secretaría, reemplazado por un funcionario, Pablo Di Liscia, designado «sin consultar a ninguna organización del sector».
JD/CM
