Diputados y senadores de Unión por la Patria reclamaron a los gobiernos de Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay que adopten medidas para limitar el uso de sus puertos y servicios por parte de empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas. La iniciativa se conoce ante el próximo viaje de un buque comercial chileno al archipiélago y busca reforzar la cooperación regional en defensa del reclamo argentino de soberanía.
La presentación está dirigida a los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, José Antonio Kast, Santiago Peña y Yamandú Orsi. Entre los firmantes figuran los exministros Jorge Taiana, Agustín Rossi, Jorge Capitanich y Eduardo “Wado” de Pedro, además de Eduardo Valdés, Juliana Di Tullio, Victoria Tolosa Paz, Sergio Uñac, Aldo Leiva, Sergio Palazzo y Juan Marino.
Los legisladores solicitaron a los mandatarios que impulsen acciones para evitar que compañías relacionadas con las actividades extractivas en las áreas bajo disputa recurran a instalaciones y prestaciones regionales para desarrollar sus negocios. En ese sentido, la carta plantea la necesidad de “adoptar y profundizar medidas para impedir que empresas vinculadas directa o indirectamente con la exploración, explotación, extracción, transporte o aprovechamiento comercial de recursos naturales en las áreas sujetas al legítimo reclamo argentino utilicen infraestructura o servicios de la región para sostener sus operaciones”.
El planteo también recupera el antecedente de diciembre de 2011, cuando los integrantes del Mercosur y los países asociados acordaron impedir el ingreso a sus puertos de embarcaciones que utilizaran la bandera de las islas Malvinas. Para Unión por la Patria, aquel compromiso constituye una base para ampliar la coordinación entre los gobiernos sudamericanos frente a las actividades económicas que consideran ilegítimas.
“Malvinas es una causa argentina y latinoamericana. Necesitamos fortalecer esa conciencia y actuar juntos en defensa de nuestra soberanía”, afirmó el diputado Nicolás Trotta, uno de los impulsores de la iniciativa. Por su parte, Valdés destacó la importancia de convertir el acompañamiento diplomático de los países vecinos en decisiones que restrinjan la asistencia material a las operaciones en el Atlántico Sur.
El reclamo opositor adquiere relevancia ante la previsión de que el buque de carga chileno Danstar viaje a las islas durante noviembre. De acuerdo con información atribuida a un reporte de inteligencia difundido por BioBioChile, la embarcación tiene capacidad para transportar 1.300 toneladas y utilizaría el Estrecho de Magallanes y aguas territoriales argentinas para completar el recorrido.
La ruta prevista estaría condicionada por las dificultades meteorológicas para navegar por aguas internacionales. El desplazamiento, además, estaría relacionado con una reciente reunión comercial en Punta Arenas, donde empresarios vinculados con las islas mantuvieron encuentros con proveedores chilenos.
La actividad abre un interrogante sobre el papel de los puertos sudamericanos en el abastecimiento del archipiélago. Punta Arenas busca ampliar su participación en ese mercado y competir con Uruguay como principal proveedor. Las estimaciones citadas en la información periodística ubican en alrededor de 20 millones de dólares anuales el potencial económico de ese intercambio.
Entre los productos demandados se encuentran materiales de construcción, maquinaria, muebles, alimentos, bebidas, repuestos y suministros para las actividades rurales. Aunque el negocio involucra acuerdos comerciales entre empresas privadas, su dimensión logística adquiere una lectura política por el conflicto de soberanía.
Las autoridades chilenas consideran la posibilidad de activar contactos diplomáticos para prevenir complicaciones derivadas del recorrido. La cuestión plantea el desafío de determinar cómo responder ante una operación comercial que podría utilizar vías de navegación argentinas para abastecer a las islas.
El pedido de los legisladores se produce mientras el gobierno de Javier Milei impulsa medidas relacionadas con la explotación de hidrocarburos en la cuenca de Malvinas. En ese contexto, la oposición cuestiona que todavía no se hayan traducido los vínculos políticos del Presidente con sus pares de Israel y Chile en gestiones destinadas a frenar las operaciones que motivan su reclamo.
Una de las compañías petroleras que trabaja en el área es la israelí Navitas. Al mismo tiempo, Punta Arenas conserva un papel relevante como punto de abastecimiento de las islas, una circunstancia que vuelve especialmente sensible la relación entre las decisiones comerciales y la posición argentina sobre el territorio.
Los firmantes manifestaron su disposición a reunirse con funcionarios y parlamentarios de los cuatro países para discutir medidas coordinadas. El objetivo es ampliar el alcance de las restricciones logísticas y evitar que el respaldo regional a la Argentina quede limitado a declaraciones diplomáticas.
La carta sintetiza esa perspectiva al afirmar que “Una América Latina verdaderamente soberana también se construye en el Atlántico Sur”. La iniciativa abre una discusión sobre hasta dónde están dispuestos a avanzar los gobiernos vecinos para vincular sus relaciones comerciales con el reclamo argentino y qué medidas concretas podrían adoptar frente a las operaciones económicas en las islas.
AL/CM
