La provincia Tierra del Fuego salió a cruzar al Gobierno nacional tras la autorización de la Rosada para que un buque petrolero de bandera británica amarrara en el puerto de Ushuaia. Gustavo Melella responsabilizó a Nación por permitir la operación. Se trata del VS Promise, que llegó al muelle comercial de la capital fueguina el lunes a la mañana.
La intervención del Puerto de Ushuaia fue justificada por el Gobierno nacional invocando la defensa de la soberanía y de los intereses estratégicos argentinos.
Los hechos ocurridos bajo la administración de la ANPyN exponen hoy una contradicción que no puede ser ignorada. pic.twitter.com/nCzI2CHvef
— Gobierno de Tierra del Fuego, AeIAS (@findelmundoar) August 24, 2026
«Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego (…), una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la Provincia a la que esos territorios pertenecen conforme a la Constitución Nacional», planteó el comunicado oficial difundido por el Ejecutivo fueguino.
El texto agregó que «los hechos dejan al descubierto la contradicción» entre el argumento soberano usado para desplazar a las autoridades provinciales y la decisión de permitir el ingreso del buque británico una vez que el puerto quedó bajo control nacional, ya sin la administración de Tierra del Fuego.
Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia fueguina, arremetió contra la Rosada: «Nos intervinieron el puerto para esto, para rifar la soberanía de nuestro país», denunció en sus redes sociales.
@JMilei , vía la #ANPyN, le sacó a Tierra del Fuego el puerto más austral del país con el argumento de proteger un «activo estratégico».
Resultado: hoy un petrolero de bandera 🇬🇧 opera en Ushuaia, bajo administración nacional.
Nos intervinieron el puerto para esto, para rifar la… pic.twitter.com/Wc7LML3sKJ— Andrés Dachary (@ADachary) August 24, 2026
La administración fueguina reclamó a la Casa Rosada que informe públicamente bajo qué criterios políticos y estratégicos se autorizó la maniobra, exigió el cese de la intervención y la restitución del puerto, y anunció que presentará una denuncia formal ante la Justicia por lo ocurrido con el VS Promise.
El gobierno provincial convocó además a «todos los poderes públicos, fuerzas políticas y a la ciudadanía» a defender el carácter estratégico del puerto y advirtió que Tierra del Fuego «no permanecerá indiferente» ante decisiones unilaterales del poder central que comprometan sus competencias y recursos.
El silencio del Palacio San Martín
El episodio se suma a otro antecedente que había tensado la relación con Gran Bretaña en la región: el paso del buque de guerra británico HMS Medway por aguas de jurisdicción argentina frente a Tierra del Fuego y Santa Cruz, hace poco más de un mes, sin aviso formal previo a las autoridades locales.
En aquella ocasión, la Cancillería demoró más de diez días en formalizar una protesta diplomática por escrito, que además difundió recién después del partido entre las selecciones de Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial, en medio del festejo por el triunfo argentino. En este caso, la cartera conducida por Pablo Quirno aún no se expidió al respecto.
Funcionarios provinciales investigan además qué empresa contrató al VS Promise para operar en la zona y cuál es su destino final tras dejar aguas argentinas, que según trascendió sería Estados Unidos. Sigue sin resolverse en la Justicia el planteo de Tierra del Fuego contra la legalidad de la intervención del puerto de Ushuaia.
Ese reclamo judicial avanza mientras la explotación de hidrocarburos en el área de las Islas Malvinas, a cargo de la británica Rockhopper y la israelí Navitas Petroleum, se proyecta hacia una producción en 2028 en el yacimiento Sea Lion, con reservas estimadas en 313,8 millones de barriles económicamente extraíbles.
JL/CM
