Con la algarabía mundialista ya finalizada, en el gobierno se concentran en recuperar la agenda política para intentar relanzar una gestión que durante los primeros seis meses no paró de recibir traspiés autogenerados. En ese contexto, este martes el vocero presidencial, Adrián Ravier, brindó una nueva y extensa conferencia en la que no aportó anuncios relevantes, salvo un suplemento salarial para los militares que realicen estudios académicos. La mayor cantidad del tiempo la volvió a dedicar a profundizar sobre las ideas económicas del gobierno de Javier Milei e incluso llegó a confundirse con las respuestas que tenía escritas previamente. También insistió en la batalla contra el periodismo, al que volvió a calificar como malintencionado y reabrió el debate sobre las condiciones de trabajo de los periodistas acreditados en la Casa Rosada, que afrontan restricciones inéditas que obstaculizan la cobertura.
El viernes el portavoz utilizó su cuenta de Twitter y opinó: “Siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar las Malvinas”. Este martes, 72 horas después, negó con contundencia haber dicho que la Argentina sea un país bananero. “Es una interpretación de mala fe de algunos periodistas y algunos diarios”, afirmó. “Lo que dije fue un condicional de que si Argentina era un país bananero, nosotros no íbamos a poder pelear por las Malvinas”, dijo sin conocer el correcto uso del tiempo verbal con el que buscó justificarse.
En este punto, el ex diputado nacional por La Pampa nacido en la Ciudad de Buenos Aires volvió a cargar contra la prensa. Afirmó que los medios fomentan la violencia y desligó a Milei de las agresiones contínuas que efectúa contra el periodismo. «El presidente sólo responde críticamente a los periodistas que él considera que con mala fé atacan al gobierno”, dijo sin inmutarse.
Ravier llegó al cargo elegido específicamente por el jefe de estado para intentar dar vuelta la página de una gestión abatida por los estrafalarios gustos decorativos e inmobiliarios del saliente jefe de gabinete. Sin embargo este martes se mostró notablemente afectado por las preguntas de los periodistas acreditados que, sin micrófono para exponer sus preocupaciones al aire, insistieron en reclamar por la libertad de acción dentro la Casa Rosada, coartada desde hace más de tres meses por Casa Militar. El organismo de seguridad a cargo de Karina Milei impide la circulación del periodismo por el edificio de gobierno en una circunstancia inédita desde la creación de la sala de prensa en 1949.
Sin margen de acción alguno, puesto que su cargo es únicamente brindar una conferencia de prensa semanal de la que todavía no se pudieron extraer anuncios concretos, el vocero desligó su responsabilidad en la resolución de las restricciones y prometió que el flamante secretario de Prensa y Comunicación, Fabián Fernández, daría una resolución al caso a la brevedad. Es la misma respuesta que brindan desde hace más de tres semanas, cuando ambos desembarcaron a la gestión nacional.
Fernández, logró adoptar una postura distinta a antecesor, Javier Lanari. Fue sumado por órden de Karina a la mesa política que hoy, como todos los martes, se reunió en Casa Rosada para continuar diagramando la estrategia oficialista para encarar las reformas dentro de un Congreso cada vez más crispado.
Desde las 13, la secretaria general de la presidencia; el jefe de gabinete, Diego Santilli; el vice Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem y el asesor presidencial, Santiago Caputo, se encontraron en el despacho del ministro coordinador en la planta baja del edificio para analizar los puntos que impiden a la gestión libertaria a avanzar con los proyectos dentro del gobierno.
En este punto, el principal inconveniente que tiene el oficialismo es destrabar los votos para conseguir la aprobación del proyecto de Propiedad Privada. El texto, que fue presentado hace meses y desde entonces sufrió quince modificaciones en su dictamen final, tiene como principal punto de choque la habilitación del acceso a tierras por parte de extranjeros y empresas multinacionales. Este artículo, que hizo enfurecer a los gobernadores por la quita de soberanía sobre sus respectivos territorios, es rechazado por gran parte del Senado, incluido los bloques federales que no ocultan su trabajo coordinado con el oficialismo nacional.
Durante la última sesión de la cámara alta, que tuvo lugar antes del inicio del receso vacacional, la imposibilidad del gobierno de juntar los votos necesarios para aprobar la medida los forzó a convocar a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, fecha en la que pretenden ya destrabar el tratamiento del proyecto redactado por Federico Sturzzeneger. Por esas horas, dentro del oficialismo apuntaban directamente contra Bullrich, a quien acusaban de haber “forzado la sesión” para anotarse un triunfo político luego de las semanas de tensión que se sucedieron en medio de la avanzada opositora contra Adorni en el Senado y que la ex ministra de Seguridad se puso al hombro para frenar.
En este punto, en tanto, las versiones sobre supuestos encontronazos entre la jefa de bloque libertario y el ministro de Desregulación aumentaron significativamente luego de que se dejara trascender que el gobierno no está dispuesto a dar el brazo a torcer con las modificaciones que piden los mandatarios provinciales de los que el oficialismo necesita los votos y con los que deberá sentarse a negociar los armados nacionales de cara a la elección del próximo año. “Tenemos que negociar porque sino no sale”, insistieron desde un sector del Ejecutivo.
Con estas diferencias de ejecución, la mesa política intentará este martes encontrar puntos en común para avanzar con las negociaciones con las provincias. En este marco, no se descarta que a lo largo de la semana Santilli mantenga nuevos encuentros bilaterales con gobernadores como tuvo este lunes con el correntino, Juan Pablo Valdés.
TS/CM
