El presidente Javier Milei encabezó este viernes una cadena nacional para celebrar el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que revocó la condena contra la Argentina por la expropiación de YPF, en un caso que podía implicar un pago superior a los 16.000 millones de dólares.
La decisión judicial, que dejó sin efecto la sentencia de primera instancia dictada por la jueza Loretta Preska, representa un giro clave en un litigio que se extendió por más de una década y que tenía en vilo a las cuentas públicas. Aún resta la posibilidad de nuevas instancias, aunque especialistas consideran improbable que el caso llegue a la Corte Suprema de Estados Unidos.
En ese marco, Milei buscó capitalizar políticamente el resultado y lo presentó como un hito de su gestión. “Es un hecho de trascendencia histórica y sin precedentes”, sostuvo, al tiempo que afirmó que el país evitó un desembolso equivalente a “70 millones de jubilaciones mínimas”.
El fallo que todos quieren capitalizar
Más allá del festejo oficial, el resultado abrió una disputa política inmediata. Mientras el Gobierno adjudica el desenlace a su estrategia jurídica, el kirchnerismo lo interpreta como una validación de la expropiación de 2012.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que la resolución confirma que la estatización “se hizo conforme a derecho” y la vinculó con el desarrollo de Vaca Muerta. En la misma línea, el gobernador bonaerense Axel Kicillof afirmó que “se hizo justicia” y acusó a Milei de haber respaldado a los fondos que litigaban contra el país.
El Presidente respondió a esa lectura durante su mensaje. Apuntó directamente contra ambos dirigentes: “Es una afrenta a los argentinos que pretendan apropiarse de este resultado”, afirmó, y calificó la expropiación como una “aventura suicida” que pudo haber llevado al país a una condena millonaria.
En esa línea, insistió con una de sus definiciones más reiteradas: “Expropiar está mal, porque robar está mal”, y atribuyó al proceso iniciado en 2012 más de una década de caída de inversiones y deterioro económico.
El guiño a Santiago Caputo
Durante la cadena, Milei destacó el trabajo del equipo jurídico del Estado y sostuvo que el fallo era “virtualmente imposible”, con menos de un 15% de probabilidades de ocurrencia. En ese marco, hizo un reconocimiento explícito a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y al procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, junto a sus equipos, a quienes ubicó como piezas centrales de la estrategia que llevó al resultado.
También mencionó a otros funcionarios involucrados en el proceso, como el ministro de Economía, Luis Caputo, el canciller Pablo Quirno y el embajador Alec Oxenford.
El detalle de los nombres no pasó desapercibido en el oficialismo: tanto Ibarzabal como Amerio forman parte del esquema técnico vinculado al asesor presidencial Santiago Caputo, quien protagoniza una de las tensiones internas dentro del Gobierno más importantes con Karina Milei enfrente.
A la vez, el Presidente trazó una línea temporal del caso para reforzar la narrativa oficial. Señaló que el juicio se inició durante el gobierno de Cristina Kirchner, que la Argentina perdió en primera instancia bajo la gestión de Alberto Fernández y que el resultado favorable llegó ahora, bajo su administración.
“Ellos apostaron con nuestro futuro. Nosotros no apostamos, nosotros simplemente ganamos”, resumió. El mandatario también vinculó el desenlace con la política económica de su gobierno y planteó que el fallo fortalece la “seriedad” del país en el plano internacional.
Reforma de expropiaciones al Congreso
En el tramo final del mensaje, Milei adelantó que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Expropiaciones, con el objetivo de evitar litigios de este tipo en el futuro.
Según explicó, la iniciativa buscará reforzar la seguridad jurídica y limitar la discrecionalidad política en este tipo de decisiones. “Para que nunca más la propiedad privada pueda ser puesta en tela de juicio en nuestro país”, planteó.
El anuncio abre un nuevo frente de discusión legislativa en torno a uno de los puntos más sensibles del modelo económico del Gobierno: el vínculo entre Estado, propiedad privada e inversión.
JD/CM
