El Gobierno de Javier Milei volvió a poner en el centro de la escena el conflicto universitario con una jugada doble: mientras recurre a la Corte Suprema para no aplicar la ley vigente, intenta reactivar en Diputados un proyecto propio para reducir su impacto fiscal.
La disputa no es menor. La aplicación plena de la ley aprobada por el Congreso implicaría un costo de hasta $2,5 billones, un número que en la Casa Rosada consideran incompatible con el objetivo de sostener el superávit.
En ese contexto, el oficialismo busca reabrir el debate parlamentario con una reforma que recorta la recomposición salarial, limita la actualización por inflación y redefine el esquema de financiamiento.
Una ley en disputa y un proyecto que llega tarde
El proyecto que el Gobierno intenta reflotar no es nuevo. Fue presentado en febrero, pero nunca llegó a tratarse en comisiones. Ahora vuelve a escena, apremiado por dos fallos judiciales que obligan al Ejecutivo a cumplir con la ley vigente.
Según reveló La Nación, en el oficialismo reconocen que la demora en activar el tratamiento redujo el margen de negociación con las universidades, que hoy ya cuentan con respaldo judicial en primera y segunda instancia.
El texto oficial introduce cambios clave. En materia salarial, solo reconoce parcialmente la pérdida de poder adquisitivo y propone aumentos en tres tramos del 4,1%, sin obligación de atarlos a la inflación. También elimina la recomposición de años anteriores y condiciona las actualizaciones presupuestarias a que la inflación supere lo previsto en el presupuesto.
El resultado es un esquema más flexible para el Ejecutivo, pero de menor alcance para las universidades.
El choque fiscal: ajuste, superávit y presión universitaria
Detrás de la disputa aparece el núcleo del modelo económico del Gobierno. La ley vigente indexa salarios y gastos de funcionamiento por inflación, lo que introduce una rigidez que choca con la lógica de ajuste.
Según datos citados por Infobae en base a informes del Ieral, el gasto universitario ronda el 0,5% del PBI, pero está fuertemente concentrado en salarios, que representan cerca del 90% de las transferencias.
En ese escenario, el Gobierno apuesta a un rediseño que subordine el financiamiento universitario a la disponibilidad de recursos y no a mecanismos automáticos de actualización. El conflicto, además, amenaza con escalar en la calle. Las universidades preparan medidas de fuerza en las próximas semanas, en un contexto donde el reclamo ya logró respaldo social y político.
Sin votos y con interna: el límite político del plan oficial
El principal obstáculo no es técnico sino político. El oficialismo no tiene garantizados los votos para avanzar con su proyecto en Diputados.
Tal como publicó PERFIL, la iniciativa no logró respaldo ni siquiera dentro del bloque aliado, y las diferencias internas complicaron su avance. Mientras el asesor Santiago Caputo empujaba acelerar el tratamiento, Martín Menem frenó ante la falta de números.
La consecuencia es un escenario en el que el Gobierno llega tarde al debate legislativo, con menos margen de negociación y con las universidades fortalecidas por los fallos judiciales.
En paralelo, la oposición busca capitalizar el escenario con proyectos propios para aumentar la inversión educativa y reforzar el financiamiento del sistema.
En ese tablero, el conflicto universitario deja de ser solo un problema presupuestario: pasa a ser una nueva arena política donde el Gobierno busca sostener su estrategia fiscal y, al mismo tiempo, recuperar iniciativa en el Congreso.
