El Juez Federal de Campana, Adrián González Charvay, dictó el procesamiento de Jorge Alberto D’Onofrio, ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires implicado en maniobras de corrupción con las multas de tránsito y la VTV, por el presunto delito de lavado de activos de origen ilícito, indicaron fuentes judiciales a Infobae.
Además, el titular del juzgado federal de Campana lo embargó por $350.000.000, aunque continuará en libertad.
La misma medida alcanzó a Facundo Asensio, ex director de Fiscalización y Control de la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular, sobre quien se dispuso el embargo de sus bienes por $300.000.000.
El procesamiento de D’Onofrio fue agravado por su condición de funcionario público al momento de los hechos, en tanto que para Asensio no se aplicó por no haberse verificado una vinculación directa entre su función y la maniobra investigada.
Por último, se mantiene la inhibición general de bienes de ambos imputados, medida que había sido dispuesta el 20 de marzo de 2025.
La causa se inició el 5 de septiembre de 2024 a partir de una denuncia que aseguraba que D´Onofrio lideraba, junto a la concejal de Pilar Claudia Pombo “una estructura criminal integrada por distintos estamentos, con división de funciones y claro establecimiento de jerarquías, concebida con el objeto de sustraer de las arcas del estado provincial y los respectivos municipios, los fondos derivados del sistema de cobro de multas de tránsito instalados a lo largo del territorio bonaerense, acumulando siderales sumas de dinero invertidas luego para la adquisición de bienes muebles e inmuebles bajo una falsa apariencia lícita, valiéndose para ello, en algunos casos, de la utilización de prestanombres o interpósitas personas.”
La presentación señalaba la adquisición de una camioneta Audi Q8, que fue registrada a nombre de Asensio el 19 de octubre de 2023 por un valor declarado de $30.000.000, aunque la cobertura de seguro del vehículo alcanzaba los $173.800.000 en ese momento.
De acuerdo con la investigación, el uso, dominio y disposición del rodado correspondían en realidad a D’Onofrio, quien figuraba como autorizado a conducir desde la adquisición y abonaba el servicio de Telepase vinculado al vehículo.
El expediente señala que la operación incluyó la suscripción de un contrato entre Asensio y la firma Los Altos de Don Carlos Emprendimiento Inmobiliario S.A. por la suma de $30.000.000. La sociedad, cuyos accionistas son los padres de Asensio, no registra actividad económica verificada ni domicilio operativo.
La resolución judicial indica que la diferencia entre el valor asegurado y el precio declarado, junto con la utilización de un contrato de mutuo sin respaldo económico comprobado, constituyen indicios de una maniobra destinada a disimular la verdadera titularidad del bien y el origen de los fondos empleados para su compra.
El vehículo fue transferido posteriormente a un tercero, Sebastián Eduardo Berterretche, el 12 de noviembre de 2024, el mismo día en que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín resolvió la competencia del tribunal para intervenir en la causa.
Al declarar, el ex ministro negó haber sido propietario del vehículo y sostuvo que solo lo condujo en una oportunidad. “Una vez que vinieron a comer a casa y salí a probarla, nada más”, aseguró.
Luego, admitió que Asensio le otorgó la cédula azul de su vehículo. “Fueron momentos convulsionados donde había una campaña política, donde yo tomaba un ministerio que iniciaba de cero y simplemente quisieron tener el gesto para conmigo de ofrecerme si necesitaba alguno de los vehículos, pero realmente no hizo falta tampoco”, argumentó.
Sobre el pago del servicio de peaje del vehículo, explicó: “Como a mí me quedaba mucho más cerca que a él la estación de Autopistas del Sol donde se entregaba el TAG, pase yo a retirarlo, lo pagué con mi tarjeta de débito, pero tiene que ver con esa familiaridad que tenemos con Facundo”.
Por su lado, Asensio afirmó haber adquirido la camioneta con fondos provenientes de la venta de un terreno por parte de la sociedad familiar y reconoció haberle otorgado a D’Onofrio una cédula azul para conducir el rodado.
El juez consideró inconsistentes las versiones de ambos imputados, que además no se condicen con la prueba reunida, y concluyó que Asensio actuó como interpuesto registral, es decir, testaferro, ocultando la verdadera titularidad del vehículo, “configurando un típico esquema de disimulación patrimonial propio de maniobras de lavado de activos”, según se desprende de la resolución.
La renuncia de D’Onofrio
D’Onofrio presentó la renuncia a su cargo en Transporte el 30 de diciembre pasado “por motivos personales” y tras semanas de desgaste y el avance de las causas por lavado de dinero en manos de González Charvay y de otra por corrupción con las fotomultas y la VTV, a cargo del fiscal de La Plata, Álvaro Garganta.
En ese expediente, D’Onofrio fue imputado como partícipe necesario de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito (por las multas) y como autor por la maniobra de la VTV.
