El Gobierno de Javier Milei llegó al debate de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con una marcha atrás en uno de sus puntos más controvertidos. Sin los votos necesarios para aprobar la iniciativa en el Senado, el oficialismo decidió retirar el capítulo que modificaba el régimen de tierras rurales, una propuesta que había generado cuestionamientos por su impacto sobre la compra de campos por parte de extranjeros y que terminó convirtiéndose en el principal obstáculo para el avance del proyecto.
En ese contexto, Chequeado reveló que, de acuerdo con información oficial del Ministerio de Justicia, durante la gestión de Javier Milei ya se otorgaron 111 certificados de habilitación para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Los permisos se distribuyen en 35 autorizaciones durante 2024, 29 en 2025 y 47 en lo que va de 2026, mientras continúa vigente el límite del 15% de superficie rural en manos extranjeras establecido por la Ley de Tierras.
La discusión legislativa se produjo después de varios intentos fallidos del oficialismo para avanzar con la reforma. La propuesta original impulsaba elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que pueden estar en manos de personas o empresas extranjeras, pero las resistencias de bloques dialoguistas obligaron al Gobierno a eliminar por completo ese apartado para evitar una nueva derrota parlamentaria.
Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, actualmente existen 13,3 millones de hectáreas en manos extranjeras en las 23 provincias, lo que representa cerca del 5% del total de las tierras rurales del país. Aunque ese porcentaje continúa por debajo del máximo permitido por la legislación vigente, la superficie aumentó un 6,25% desde 2018, con un crecimiento cercano a las 781 mil hectáreas.
Los datos difundidos muestran además que Mendoza fue la provincia que concentró la mayor cantidad de habilitaciones durante 2024 y 2025. Los certificados se otorgaron principalmente para operaciones en Tunuyán, San Rafael, Tupungato y Luján de Cuyo, mientras que el resto se repartió entre Buenos Aires, Santiago del Estero, Río Negro, San Juan, Salta, Entre Ríos, Catamarca y Corrientes.
Desde el Gobierno sostienen que flexibilizar el régimen de tierras permitiría atraer inversiones y generar mayor actividad económica. Sin embargo, organizaciones sociales, especialistas y sectores de la oposición advirtieron que una mayor apertura podría favorecer la concentración de tierras en manos de capitales extranjeros, especialmente en zonas estratégicas con recursos naturales, agua, minerales o ubicadas en áreas de frontera.
La decisión de retirar el capítulo sobre la Ley de Tierras expuso las dificultades del oficialismo para reunir apoyos incluso entre bloques aliados. Aunque ese punto quedó fuera del proyecto que debate el Senado, las 111 autorizaciones otorgadas durante la gestión de Milei volvieron a poner el foco sobre la política del Gobierno respecto del acceso de extranjeros a la propiedad de tierras rurales en Argentina.
