Manuel Adorni pidió una prórroga de 15 días para responder el requerimiento de justificación patrimonial que le hizo el fiscal Gerardo Pollicita, en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. El plazo original vence este miércoles y, hasta el cierre de esta nota, el juez Ariel Lijo no había resuelto si se la concede.
El pedido lo presentó el abogado Matías Ledesma ante el Juzgado Federal N° 4 de Comodoro Py. La defensa argumentó que todavía no pudo acceder a un conjunto de pruebas citadas por el fiscal en su requerimiento, entre ellas archivos y conversaciones. Lijo puede pedir la opinión de la fiscalía antes de resolver si concede la extensión.
El desfasaje que Adorni deberá explicar es concreto: la fiscalía detectó ingresos por $229.752.283,20, correspondientes a 35 haberes del exfuncionario y a los de su esposa, Bettina Angeletti, frente a gastos por $272.820.832,20. La diferencia, de más de 43 millones de pesos, todavía no tiene explicación documentada ante la Justicia. A esa cifra se suman gastos por 402.578,12 dólares sin correlato con ingresos lícitos comprobados.
Ese monto en moneda extranjera incluye la adquisición y refacción del lote 380 en el country Indio Cuá, la compra del departamento de la calle Miró 550 y su mobiliario, además de alquileres temporarios y viajes al exterior, según el desglose del requerimiento firmado por Pollicita.
Dentro de los gastos ligados a la vivienda en Indio Cuá se destaca el pago de US$245.000 al contratista Matías Tabar. De forma separada, el fiscal también pidió que Adorni explique el origen de los US$200.000 que dijo haber invertido en bitcoin.
El eje de la estrategia defensiva pasa por el teléfono de Tabar, que el contratista entregó voluntariamente a la Justicia. De ese dispositivo se extrajeron chats, llamadas y documentación sobre las obras en Indio Cuá, material al que la defensa de Adorni todavía no tuvo acceso y que considera necesario para responder al fiscal.
El requerimiento de Pollicita se firmó el 10 de agosto, tiene 207 páginas y enumera 20 puntos sobre la evolución patrimonial de Adorni y Angeletti entre el 14 de diciembre de 2023, cuando asumió como vocero presidencial, y el 27 de junio de 2026, día en que formalizó su renuncia al cargo de jefe de Gabinete.
Entre esos puntos figuran el origen de préstamos familiares invocados con Silvia Pais y Norma Zuccolo, ambas jubiladas, la procedencia de los fondos para comprar un Jeep 0km y el pago del mobiliario del departamento de Miró 550, abonado en dólares y efectivo, según el detalle incluido en la presentación.
También deberá aclarar el uso de terceras personas para pagos y consumos con tarjetas de crédito ajenas, comprobantes informados ante la ARCA por más de $6 millones sin conciliar con los movimientos financieros analizados, y una facturación de más de $4 millones emitida por una concesionaria a nombre de Angeletti.
El listado incluye además acreditaciones no salariales recibidas en la cuenta sueldo de Adorni en el Banco Nación y la cancelación de deudas con el Banco Galicia, puntos que la fiscalía considera parte del mismo patrón de incrementos patrimoniales sin correlato con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar.
Adorni ya había dado una explicación pública sobre uno de los puntos más sensibles del requerimiento: sostuvo que desde hacía una década tenía medio millón de dólares en criptomonedas, que nunca había declarado ni utilizado hasta su llegada a la función pública, en diciembre de 2023, cuando asumió como vocero.
La fiscalía, además, detectó fondos en una billetera virtual que Adorni validó con su identidad pero que omitió declarar ante la Oficina Anticorrupción, un dato que se suma a inconsistencias registradas en las declaraciones juradas rectificativas del ejercicio 2023 presentadas oportunamente por el exfuncionario.
Si las explicaciones que eventualmente presente Adorni no despejan las inconsistencias señaladas por Pollicita, el fiscal podrá pedirle a Lijo que lo cite a declaración indagatoria, la instancia procesal que sigue en la causa una vez agotado el trámite de justificación patrimonial que hoy está en curso.
