El fiscal federal Gerardo Pollicita firmó el requerimiento para que Manuel Adorni justifique el crecimiento de sus bienes. Se trata de la instancia previa al llamado a indagatoria dentro de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, porque no pudo explicar sus gastos después de presentar su declaración jurada. El documento intima al exjefe de Gabinete a hacerlo en un plazo de 15 días.
El requerimiento, de 210 páginas, incluye más de 20 preguntas específicas sobre la evolución patrimonial de Adorni: desde las sucesivas rectificaciones de sus declaraciones juradas hasta sus gastos en efectivo en el exterior y las reformas en su casa.
El sustento del pedido es el informe técnico elaborado por la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que analizó de manera individual y consolidada el patrimonio de Adorni y de su pareja, Bettina Angeletti, desde el 14 de diciembre de 2023 hasta hoy.

El estudio detectó «inconsistencias» en la expansión patrimonial, aunque no arrojó una cifra concreta de desbalance entre lo declarado y lo efectivamente acreditado por el matrimonio ante la Justicia federal.
Según el requerimiento, los incrementos, compras y desembolsos reconstruidos por la DAFI, «confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no encuentran hasta el momento explicación suficiente». El informe cruzó esa información con las declaraciones juradas patrimoniales integrales, tanto las públicas como las reservadas, y con sus sucesivas rectificaciones.

Uno de los ejes más sensibles de la investigación es la operatoria con criptoactivos. La DAFI tuvo que cruzar toda la actividad de Adorni en el circuito cripto: desde el dinero que entró y salió de sus billeteras hasta cada operación de compraventa registrada, en particular por los 200.000 dólares que el propio exvocero reconoció haber invertido en Bitcoin.
La causa avanzó además a partir de la declaración jurada anticipada que Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción, junto con una serie de declaraciones testimoniales incorporadas en los últimos meses de instrucción de la causa.

Simultáneamente, avanza el expediente por el vuelo privado a Punta del Este que Adorni compartió con su familia y el periodista Marcelo Grandio en febrero, durante los feriados de carnaval. Los fiscales buscan dilucidar quién financió el traslado y reconstruir el vínculo entre Adorni y el empresario, con contratos vigentes en la TV Pública y otras reparticiones estatales que también están bajo la lupa.
Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete el 27 de junio, es decir, hace un mes y medio. La dimisión no exime al exfuncionario de tener que dar explicaciones ante la Justicia federal. La causa sigue firme y avanza ahora sobre no solo la última declaración jurada, sino sobre todas las rectificaciones con las que fue modificando la cantidad y el valor de sus bienes.
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