La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsada por el Gobierno de Javier Milei abrió una nueva discusión alrededor de las reservas, los activos de la entidad y, especialmente, los dólares que forman parte del sistema financiero. El proyecto ya consiguió media sanción en la Cámara de Diputados y ahora deberá pasar por el Senado. Si finalmente se convierte en ley, el Gobierno tendrá una herramienta más para conseguir financiamiento en dólares en caso de necesitarlo.
El punto que encendió las alarmas está relacionado con los dólares que los bancos mantienen como encajes por los depósitos de sus clientes. La reforma permitiría que determinados activos del Banco Central puedan ser utilizados como garantía para conseguir nueva deuda. Y ahí aparece la pregunta que genera mayor preocupación: ¿qué pasa si entre esos activos comprometidos quedan recursos vinculados con los dólares de los ahorristas?
Hay una aclaración importante. Esto no significa que el Gobierno pueda entrar a las cuentas bancarias y sacar los dólares de los depositantes, el mecanismo es más bien indirecto. Los fondos que los bancos mantienen en el Banco Central como respaldo de los depósitos podrían quedar involucrados en operaciones de garantía. Es decir, no se trata de disponer libremente de los ahorros, sino de utilizar determinados activos del BCRA para respaldar una operación financiera.
El antecedente que vuelve más sensible esta discusión se remonta a 2024. En aquel momento, el Gobierno confirmó que había enviado parte del oro de las reservas del Banco Central al exterior. El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que la decisión buscaba mejorar el rendimiento y la custodia de esos activos, aunque la operación también fue interpretada como una forma de preparar al BCRA para utilizarlos como respaldo en operaciones financieras.
La medida implica que un activo puede permanecer en el patrimonio del Banco Central y, al mismo tiempo, servir como garantía para conseguir financiamiento. Eso es justamente lo que ocurrió después con operaciones REPO realizadas por la autoridad monetaria. En julio de 2026, por ejemplo, el BCRA refinanció US$ 6.000 millones mediante una operación con bancos internacionales, utilizando títulos de su cartera como respaldo.
La diferencia con los encajes es lo que hace que la discusión sea más delicada. El oro pertenece directamente al patrimonio del Banco Central. Los dólares que los bancos depositan como encajes, en cambio, están relacionados con los depósitos de personas y empresas. Esos fondos cumplen una función dentro del sistema financiero y ayudan a respaldar los dólares que los clientes tienen depositados.
Curiosamente, para demostrar capacidad de pago y convencer a los mercados de nuestra solvencia, el Gobierno pondría en garantía nuestra propia liquidez. Necesitamos una garantía para que nos presten porque existe desconfianza sobre nuestra capacidad de pago, y si esa garantía son dólares vinculados a los ahorristas, necesitamos poner nuestros propios ahorros como respaldo para poder generar esa confianza.
Los vencimientos que Caputo deberá enfrentar en 2027
Detrás de esta reforma hay un problema para el Gobierno y es que 2027 aparece como un año particularmente exigente para las cuentas públicas. Los vencimientos de deuda en moneda extranjera rondarían los US$ 21.000 millones. Una parte importante corresponde a pagos a bonistas, mientras que también habrá compromisos con el Fondo Monetario Internacional, organismos multilaterales y otros acreedores.
Para el equipo económico de Caputo, conseguir esos dólares será uno de los principales desafíos de los próximos meses. La cuestión no pasa solamente por tener reservas, sino por encontrar la manera de refinanciar una parte importante de esos vencimientos. Si Argentina puede volver a financiarse en los mercados internacionales, una emisión de deuda podría servir para pagar otra deuda y evitar que todos los dólares salgan de las reservas.
Por eso, una de las principales apuestas del Gobierno es que el riesgo país continúe bajando y permita recuperar el acceso al crédito internacional. La estrategia depende, en buena medida, de que los mercados consideren que Argentina puede sostener el equilibrio fiscal y cumplir con sus compromisos. Si esa puerta vuelve a abrirse, la necesidad de recurrir a activos del BCRA como garantía sería mucho menor.
Mientras tanto, el Gobierno también busca acumular reservas y sacar los dólares del colchón, de ahí la insistencia con la Ley de Inocencia Fiscal. El Banco Central viene comprando dólares en el mercado y, además, desde el palacio de Hacienda lograron recaudar US$ 40.000 millones en cuentas corrientes o comitentes. El objetivo es llegar a 2027 con suficientes recursos y alternativas como para no depender de una sola fuente.
Otra de las apuestas pasa por las operaciones de financiamiento externo y las líneas de respaldo disponibles. El Gobierno busca mantener abiertas distintas vías, entre ellas acuerdos financieros con otros países y operaciones con bancos internacionales. A eso se suman las refinanciaciones que permitan correr vencimientos hacia adelante y evitar que se concentren todos en un mismo momento.
En ese escenario, la herramienta vinculada con los activos del BCRA aparece más como un plan de respaldo que como la primera opción. Si el mercado vuelve a prestarle a la Argentina, si las reservas aumentan y si las operaciones de refinanciación funcionan, probablemente no haya necesidad de utilizarla. El problema es qué ocurre si alguna de esas apuestas falla y el Gobierno necesita dólares para afrontar los vencimientos.
Ahí aparece el verdadero peso de la reforma. Si el Senado también la aprueba, el Ejecutivo contará con un marco legal más amplio para utilizar activos del Banco Central como garantía de nuevas operaciones de deuda. No significa que vaya a hacerlo automáticamente ni que los ahorristas pierdan sus depósitos, pero sí que una parte de los recursos que sostienen el funcionamiento del sistema financiero podría quedar vinculada a una operación de financiamiento del Estado.
El proyecto, de todos modos, tiene un alcance bastante mayor. La reforma busca modificar las reglas de funcionamiento del Banco Central, limitar su capacidad de financiar al Tesoro y restringir el uso de sus utilidades. La intención declarada por el Gobierno es avanzar hacia un Banco Central con mayor autonomía y reducir las herramientas que históricamente permitieron financiar al Estado mediante emisión.
La discusión está, justamente, en ese equilibrio. Por un lado, el Gobierno busca evitar que el Banco Central sea utilizado para financiar directamente al Tesoro. En contraposición, pretende ampliar las posibilidades de utilizar los activos de la entidad como respaldo para conseguir financiamiento.
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