El diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, lanzó duras críticas contra el proyecto de Presupuesto 2027, al que calificó como una herramienta de “asfixia política” hacia las provincias en un año electoral.
En una extensa publicación en la red X, Michel sostuvo que “el presupuesto 2027 sigue asfixiando a las provincias para someterlas políticamente en el año electoral”, y advirtió que el esquema diseñado por el Ejecutivo concentra discrecionalidad en partidas clave.
El trabajo, titulado “El látigo y la billetera”, describe cómo las provincias pierden por dos vías: por un lado, la Nación les transfiere obligaciones -transporte, docentes, obras- sin los recursos correspondientes; por otro, recorta las transferencias no automáticas.
El Presupuesto 2027 sigue asfixiando a las provincias para someterlas políticamente en el año electoral.
En «EL LÁTIGO Y LA BILLETERA» muestro cómo las provincias pierden por dos vías: (i) la Nación les pasa obligaciones —transporte, docentes, obras— sin los recursos, y (ii) recorta las transferencias no automáticas.
Mientras tanto, el Gobierno se guarda una caja discrecional para negociar con los gobernadores, que, apretados por «los cambios en la reorganización de las competencias de los distintos niveles de gobierno» (Mensaje del Presupuesto, pág. 67), van a verse asfixiados por la Nación.
Para perfeccionar el sometimiento, el Gobierno se reserva partidas presupuestarias discrecionales que le permiten liberar recursos en negociación: la ‘Jurisdicción 91’, que pasa de $5,6 a $14,8 billones, es el ejemplo claro. Adentro está el programa 99, ‘Otras Asistencias Financieras’: $7,7 billones sin metas físicas, sin artículo que lo cree y sin criterio de reparto. Es la plata con la que se ‘auxilia’ (y presiona) a la provincia que no llega a pagar sueldos o necesita fondos para cumplir con los servicios públicos que, de facto, tiene que afrontar. Es la moneda de cambio para lo electoral en el año 2027.
En criollo, el presupuesto presentado por el Gobierno nacional sigue transfiriendo obligaciones a las provincias sin asignar los recursos y se guarda fondos en una caja para “salvar” a los gobiernos provinciales que la falta de financiamiento someta.
Algunos datos para entender cómo se siguen transfiriendo obligaciones a las provincias sin los recursos respectivos:
👉 Transporte del Interior: El Fondo Compensador para el interior, que en el año 2023 fue de $102.000 millones y llegaba a 14.000 colectivos, fue eliminado en febrero de 2024 y en el 2027 sigue sin partida asignada. Pero en AMBA se mantienen $762.000 millones del Tesoro al fideicomiso (SISTAU/SIFER).
👉 Los docentes del interior siguen perdiendo. El FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) alcanzó los $333.000 millones en 2023; el gobierno no lo paga desde 2024 y en 2027 no tiene partida. Para salario docente sólo queda el Fondo de Compensación Salarial, con $14.290 millones: una cifra irrisoria.
👉 Rutas, obras y viviendas para el interior, a cargo de las provincias y sin asistencia de la Nación: 457 obras transferidas a provincias y municipios; traspasos de rutas nacionales por 20 años (mantenimiento, obras y peaje); ENOHSA disuelto; Procrear y Fondo de Vivienda Social liquidados; función Vivienda $26.000 millones, solo el 0,01% del gasto total.
Las responsabilidades vienen sin fondeo y se siguen recortando las transferencias. De hecho, las de capital a las provincias caen 20% real en 2027.
Además, entre los impuestos que más crecen están Combustibles (+59,3%), Derechos de exportación (+41,3%) y Derechos de importación (+39,2%), pero la Nación se queda con casi todo: exportación e importación no se coparticipan, y de Combustibles las provincias reciben apenas un cuarto. El resto queda en el Tesoro y en fideicomisos que acumulan $1,1 billones sin hacer obra pública: el Gobierno incumple el destino que la ley les fija a esos fondos.
La billetera que se guarda: La ‘Jurisdicción 91’ pasa de $5,6 a $14,8 billones. De ese total, $7,7 billones sin ley ni criterio. No tiene programas con metas físicas, simplemente es ‘Obligaciones a Cargo del Tesoro’. Ningún artículo del proyecto crea ese programa ni fija criterio de reparto. ¿Para qué sirve? Es la plata con la que se ‘auxilia’ (presiona) a la provincia que no llega a pagar sueldos o necesita fondos. Es la moneda de cambio que el gobierno de LLA se guarda para sus deseos electorales en el año 2027.
— Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) September 19, 2026
Mientras tanto, el gobierno nacional se reserva una “caja discrecional” para negociar con los gobernadores. Según Michel, estos mandatarios se verán “apretados por los cambios en la reorganización de las competencias de los distintos niveles de gobierno”. “Para perfeccionar el sometimiento, el gobierno se reserva partidas presupuestarias discrecionales que le permiten liberar recursos en negociación”, señaló el legislador. En ese sentido, destacó el caso de la llamada “Jurisdicción 91”, que pasa de $5,6 a $14,8 billones.
Dentro de esa jurisdicción se encuentra el programa 99, “Otras Asistencias Financieras”, con $7,7 billones sin metas físicas, sin artículo que lo cree y sin criterio de reparto. “Es la plata con la que se ‘auxilia’ (y presiona) a la provincia que no llega a pagar sueldos o necesita fondos para cumplir con los servicios públicos”, explicó Michel.
Críticas al presupuesto de Milei
En palabras del diputado, “es la moneda de cambio para lo electoral en el año 2027”. De esta manera, el oficialismo se asegura un mecanismo de presión sobre las administraciones provinciales. “En criollo, el presupuesto presentado por el gobierno nacional sigue transfiriendo obligaciones a las provincias sin asignar los recursos y se guarda fondos en una caja para ‘salvar’ a los gobiernos provinciales que la falta de financiamiento someta”, agregó.
En materia de transporte, el Fondo Compensador para el interior -que en 2023 fue de $102.000 millones y alcanzaba a 14.000 colectivos- fue eliminado en febrero de 2024 y en 2027 sigue sin partida asignada. En contraste, el AMBA mantiene $762.000 millones del Tesoro al fideicomiso SISTAU/SIFER.
En educación, los docentes del interior también pierden. El Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que alcanzó $333.000 millones en 2023, no se paga desde 2024 y en 2027 no tiene partida. Solo queda el Fondo de Compensación Salarial, con $14.290 millones, cifra que Michel calificó como “irrisoria”.
Las obras públicas tampoco escapan al ajuste., según el legislador: se transfirieron 457 proyectos a provincias y municipios, junto con rutas nacionales por 20 años, incluyendo mantenimiento y peajes. Además, se disolvió el ENOHSA, se liquidaron Procrear y el Fondo de Vivienda Social, y la función Vivienda apenas conserva $26.000 millones, el 0,01% del gasto total.
Las responsabilidades, entonces, llegan sin fondeo. Al mismo tiempo, las transferencias de capital a las provincias caen un 20% real en 2027, lo que agrava la situación financiera de los distritos.
Respecto de los ingresos, Michel subrayó que “entre los impuestos que más crecen están Combustibles (+59,3%), Derechos de exportación (+41,3%) y Derechos de importación (+39,2%)”. Sin embargo, la Nación se queda con casi todo: exportación e importación no se coparticipan, y de Combustibles las provincias reciben apenas un cuarto.
El resto queda en el Tesoro y en fideicomisos que acumulan $1,1 billones sin ejecutar obra pública. “El gobierno incumple el destino que la ley les fija a esos fondos”, denunció el diputado entrerriano.
Finalmente, Michel volvió a apuntar contra la “billetera” que se guarda el Ejecutivo: “La ‘Jurisdicción 91’ pasa de $5,6 a $14,8 billones. De ese total, $7,7 billones sin ley ni criterio. No tiene programas con metas físicas, simplemente es ‘Obligaciones a Cargo del Tesoro’”.
“Ningún artículo del proyecto crea ese programa ni fija criterio de reparto. ¿Para qué sirve?: es la plata con la que se ‘auxilia’ (presiona) a la provincia que no llega a pagar sueldos o necesita fondos. Es la moneda de cambio que el gobierno de LLA se guarda para sus deseos electorales en el año 2027”, concluyó Michel.
GLF
