Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Chile, José Antonio Kast, reconocieron formalmente a Pedro Alliana como nuevo mandatario de Paraguay, luego de la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político impulsado en el Congreso. Ambos fueron los primeros líderes de la región en expresar su reconocimiento al nuevo jefe de Estado, quien asumió para completar el mandato hasta 2028. Mientras tanto, el ahora expresidente Peña permanece en una unidad militar y deberá declarar este sábado ante el Ministerio Público Fiscal de Asunción, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades vinculadas con Ueno Bank.
El primero en pronunciarse fue Lula, quien utilizó su cuenta de X para transmitirle sus felicitaciones y desearle éxitos en sus nuevas funciones. «Le transmito al nuevo presidente de Paraguay, investido en la noche de hoy, mis deseos de total éxito en sus nuevas funciones y de poder trabajar con él de manera abierta, franca y cooperativa, en beneficio del fortalecimiento de la relación bilateral y del avance de la integración en Sudamérica«, escribió el mandatario brasileño. Por su parte, Chile difundió un comunicado a través de su Cancillería en el que expresó sus deseos de éxito para la nueva gestión, en beneficio del pueblo paraguayo y de la estabilidad institucional del país.
En paralelo, Santiago Peña fue trasladado durante la madrugada del sábado al Regimiento Escolta Presidencial, luego de que las fuerzas de seguridad consideraran que no podían garantizar su protección en su domicilio, ubicado en el barrio Mburucuyá de Asunción. El cambio de lugar se produjo después de que se concentraran manifestantes en las inmediaciones de la vivienda, donde el exmandatario permanecía bajo arresto domiciliario y reclamaban su traslado a una cárcel común.
La detención de Peña en Paraguay
La detención se había concretado después de que los fiscales Christian Benítez y Silvia Franco se presentaran en la vivienda junto con efectivos de la Policía Nacional. Tras constatar que Peña se encontraba en el lugar, dispusieron que permaneciera bajo arresto domiciliario mientras avanzaba el procedimiento judicial. Su declaración ante el Ministerio Público está prevista para este sábado a partir de las 11, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades relacionadas con Ueno Bank.
En ese contexto, el abogado defensor de Peña, Ricardo Preda, cuestionó el procedimiento y sostuvo que no existen elementos para justificar una eventual prisión preventiva. Según explicó, los agentes llegaron al domicilio sin una orden judicial, aunque su defendido autorizó el ingreso y permitió que constataran su presencia. «Se va a someter como cualquier ciudadano», afirmó el letrado, quien también aseguró que el expresidente colaborará con la investigación.
Además, Preda señaló que, si se concreta una imputación, la Fiscalía podría solicitar medidas cautelares, aunque consideró que una restricción de la libertad solo estaría justificada si existieran riesgos de fuga o de obstrucción de la investigación. Sobre la posibilidad de una prisión preventiva, sostuvo que «parecería más una demostración al público» y cuestionó que pudiera funcionar como una pena anticipada.
La crisis política paraguaya se desencadenó en medio del escándalo vinculado con Ueno Bank, una entidad que tenía cerca de tres millones de clientes y cuyo cierre dejó a miles de ahorristas sin acceso a sus depósitos. El Banco Central del Paraguay detectó problemas de solvencia y dispuso su intervención y cierre, mientras avanzaba una investigación por presuntos préstamos irregulares a empresas vinculadas con el grupo empresario propietario del banco.
A su vez, el caso alcanzó a distintos organismos estatales, luego de que trascendiera que la entidad administraba alrededor de 800 millones de dólares en fondos públicos, entre ellos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS). La posible utilización irregular de esos fondos y los vínculos empresariales de Peña con el grupo propietario de Ueno quedaron entre los principales cuestionamientos políticos.
Tras la destitución de Peña por parte del Congreso, Pedro Alliana, quien se desempeñaba como vicepresidente, juró como presidente ante la Asamblea Legislativa para completar el mandato hasta 2028. En tanto, designó al senador colorado Antonio Barrios como vicepresidente, una decisión que recibió la aprobación unánime del Senado.
GLF
