El Gobierno de Javier Milei agota todas sus posibilidades en su búsqueda de inversiones. A las facilidades otorgadas por el RIGI, el SúperRIGI, los blanqueos de capitales y las promesas de reducción de impuestos se suma ahora el nuevo programa de ciudadanía por inversión.
Al igual que hacen países como Estados Unidos, Argentina busca “captar aún más la atención del mundo”, según las palabras del propio ministro de Economía, Luis Caputo, mediante el otorgamiento de la ciudadanía argentina a las personas que quieran invertir en el país. Caputo explicó que la iniciativa comenzó a gestarse hace dos años, a partir del interés que, según señaló, manifestaron distintos sectores por acceder a la ciudadanía argentina.
El funcionario libertario aseguró que las expectativas de las firmas que asesoraron al Gobierno son “muy altas”. De hecho, vinculó las expectativas depositadas en el programa con la situación geopolítica de la Argentina y con la proyección internacional del presidente Javier Milei. “Argentina hoy es un faro de libertad e inversión en el mundo”, recalcó.
En esa línea, planteó que el objetivo es continuar fortaleciendo los vínculos del país con el exterior y proyectar internacionalmente el valor de la ciudadanía argentina.
De acuerdo con información de la agencia Noticias Argentinas, la iniciativa comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026 y contempla dos alternativas para el solicitante principal: un aporte directo y no reembolsable de US$ 350.000 al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público por US$ 800.000 creado específicamente para el programa.
El ministro detalló que también podrán solicitar la ciudadanía el cónyuge y los hijos del titular. Los cónyuges y los hijos de entre 18 y 25 años, solteros y sin hijos, deberán aportar US$ 100.000 al Tesoro, mientras que el monto previsto para los menores de 18 años será de US$ 25.000.
Por lo tanto, una familia integrada por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores podrá acceder al programa mediante aportes por un total de US$ 500.000.
Se estableció que los fondos ingresarán a través del sistema financiero formal y estarán sujetos a controles en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia financiera.
La evaluación estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con intervención de organismos como la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad y del Interior.
El procedimiento incluirá controles de identidad, origen y trazabilidad de los fondos, situación patrimonial y financiera, antecedentes penales y reputacionales e historial migratorio. Tras ese análisis, la Agencia elevará una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, que tendrá a su cargo aprobar o rechazar cada solicitud.
RM/EO
