El lobbista Mauricio Novelli, uno de los imputados por la causa $LIBRA, pidió apartar a la jueza Ángela Ledesma, miembro de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, quien habilitó la posibilidad de que los querellantes vuelvan a ser parte del expediente para evitar su cierre.
El recurso de Novelli, presentado a través de su abogado Daniel Rubinovich, cuestiona la imparcialidad de la magistrada debido a su vínculo con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE). Ambas instituciones intentaron ser parte de la causa como querellantes e intervinieron en el expediente con medidas como citar a indagatoria a los investigados.
Incluso el CIPCE y el INECIP pidieron a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que se involucre en el caso y asuma el ejercicio de la acción penal que dejó vacante el fiscal federal Eduardo Taiano.
La defensa del lobbista advirtió que ambas instituciones se posicionaron en contra del fallo que dejó a los querellantes afuera del caso, una cuestión que ahora debe resolver la sala de Casación que integra Ledesma.
Asimismo, sostuvo que Ledesma tiene antecedentes de apartarse de casos por su vínculo con estos organismos, como la causa “Carrera” por la Masacre de Pompeya y la causa “López”. De todas formas, reconoció que la participación de estas organizaciones fue “considerablemente menor” que en $LIBRA, donde “se pronunciaron sobre la cuestión concreta que debe resolver”.
Cuáles son las dos vías judiciales que pueden reabrir la investigación
Aún existen dos formas en las que la Justicia puede revertir el cierre de la causa $LIBRA y reactivar la investigación por la presunta criptoestafa que involucra al presidente Javier Milei, a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, entre otros imputados.
Por un lado está el ya mencionado pedido de la PIA, que busca asumir el ejercicio de la acción penal, tras la decisión de Taiano de dar cierre al caso. La resolución quedó en manos del juez Martínez de Giorgi, y ante un posible rechazo el organismo presentó una apelación subsidiaria para que la Cámara Federal pueda revisar la medida.
La fiscalía especializada en hechos de corrupción, encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, presentó el pasado 29 de octubre un escrito ante el Juzgado Federal N°8 en el que cuestionó las conclusiones del representante del Ministerio Público Fiscal para sobreseer a los once imputados que tenía la causa.
Según la PIA, el cierre del caso fue “prematuro”, ya que “la investigación del caso no se encuentra agotada”. Además, sostuvo que se puede “profundizar y realizar medidas de prueba”, como los peritajes sobre los dispositivos electrónicos, el análisis de las comunicaciones y la trazabilidad de las operaciones con la criptomoneda. Por otra parte, criticó que las pruebas muestran hasta el momento “señales de una concertación defraudatoria”.

En ese marco, Taiano cuestionó la decisión de la PIA a través de un escrito presentado el 11 de noviembre, en el que ratificó su decisión. Para el fiscal federal, la conclusión a la que llegó Rodríguez es “desacertada”. Consideró que no debió tener acceso a los pormenores del expediente, por lo que sus fundamentos “están basados en afirmaciones antojadizas, más propias de un conversatorio televisivo que de los datos que surgen del expediente”.
El otro es camino sería la inclusión de los inversores afectados que habían sido apartados de la causa. Ellos son Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, quienes habían sido excluidos de la investigación por el juez a raíz de otro pedido de Novelli.
Esta resolución no significó la reincorporación automática de los inversores, por lo que ahora esperan por una medida favorable que les permita volver a ser parte de la causa para tener la posibilidad de cuestionar los sobreseimientos e impulsar nuevas medidas de prueba.
Caso $LIBRA: apelaron el sobreseimiento de Milei
El caso $LIBRA sumó un nuevo capítulo judicial luego de que Juan Patricio Marchetto, uno de los inversores que denuncian haber sufrido pérdidas por el lanzamiento y posterior desplome de la criptomoneda promocionada por Javier Milei, presentara la primera apelación contra el sobreseimiento del Presidente, su hermana Karina Milei y los otros nueve imputados. A través de un recurso patrocinado por los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik, reclamó que se revoque la decisión y que la investigación penal continúe.
La presentación, de 40 carillas, cuestiona los fundamentos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y la actuación del fiscal Eduardo Taiano, quien había solicitado el sobreseimiento de todos los acusados. Marchetto sostuvo que la resolución contiene contradicciones, presenta una valoración fragmentaria de las pruebas y dispone el cierre definitivo del expediente sin haber agotado medidas que considera relevantes para esclarecer los hechos.
El inversor también cuestionó la decisión de avanzar con los sobreseimientos mientras todavía estaban pendientes diligencias ordenadas durante la propia investigación. En ese sentido, planteó una distinción jurídica central: la falta de pruebas suficientes para acreditar un delito no equivale necesariamente a determinar que los hechos investigados no constituyen un ilícito penal.
Según el recurso, el magistrado habría confundido ambos conceptos y concluido que los hechos no encuadran en ninguna figura delictiva sin explicar de manera suficiente por qué los elementos reunidos no justificaban profundizar la pesquisa.
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