Brasil llega a las elecciones presidenciales de mañana con una disputa que, además de política, vuelve a tener a la economía como uno de sus principales ejes. Luiz Inácio Lula da Silva busca un nuevo mandato frente a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en una campaña atravesada por el costo de vida, el nivel de endeudamiento de los hogares y el futuro de las cuentas públicas.
Si bien Flávio no es Jair, su programa económico recupera varios elementos asociados al gobierno de su padre, especialmente la reducción del tamaño del Estado, las privatizaciones, la búsqueda de una mayor disciplina fiscal y la reducción de impuestos. Al mismo tiempo, el candidato del Partido Liberal plantea un esquema fiscal propio y promete un ajuste más rápido que el que actualmente propone Lula.
El modelo económico defendido por Lula parte de una premisa diferente. Para el líder del Partido de los Trabajadores, el Estado debe tener un papel activo en el crecimiento, tanto mediante inversión pública como a través de políticas sociales, crédito, infraestructura y estímulos a determinados sectores productivos.
Modelo Lula
Para el actual presidente, el gasto público no es solamente una erogación que debe reducirse, sino también una herramienta para impulsar la actividad económica. Su programa para un eventual nuevo mandato propone mantener el actual marco fiscal, al tiempo que plantea ampliar las inversiones en infraestructura, industria, logística y vivienda. También contempla una nueva edición del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) -lanzado en 2007 y relanzado en 2023, con inversiones totales estimadas en 1,7 billones de reales- y la continuidad de programas como Minha Casa, Minha Vida.
Esta concepción tiene antecedentes en los primeros gobiernos de Lula, cuando el crecimiento económico, el aumento del empleo y las políticas de transferencia de ingresos convivieron con una etapa de fuerte expansión de las exportaciones y elevados precios de las materias primas. El Bolsa Família, creado durante su primera presidencia, se convirtió en uno de los instrumentos centrales de la política social brasileña y también fue reinstalado en 2023 después de haber sido reemplazado por el Auxílio Brasil durante el gobierno de Bolsonaro.
En su actual administración, Lula también impulsó una agenda de recuperación de la política industrial, inversión pública y aumento real de los ingresos, mientras que el gobierno sostiene que la expansión de la actividad puede contribuir a mejorar la recaudación y, posteriormente, las cuentas fiscales.
Los resultados económicos de los últimos años ofrecen argumentos en ambas direcciones. El Banco Central registra un crecimiento del PIB de 3,4% en 2024 y 2,3% en 2025, mientras que la tasa de desempleo se mantiene en niveles históricamente bajos. Para 2026, sin embargo, el organismo proyecta una desaceleración del crecimiento hasta el 1,8%. El principal punto de discusión es, entonces, el frente fiscal. La deuda bruta del Gobierno General llegó al 82,5% del PBI en julio de 2026, mientras que el déficit nominal acumulado en doce meses alcanzó el 9,34% del producto.
Modelo Jair y reinvención de Flavio
El gobierno de Jair Bolsonaro, entre 2019 y 2022, tuvo como principal referente económico al entonces ministro de Economía, Paulo Guedes, formado en una tradición liberal que colocaba el equilibrio fiscal, las privatizaciones, la reducción del peso estatal y las reformas estructurales en el centro de la agenda.
Uno de los principales resultados de ese período fue la reforma previsional de 2019, que estableció, entre otras modificaciones, una edad mínima para la jubilación. Según un estudio citado por la Cámara de Diputados brasileña, la reforma había generado un ahorro superior a los 156.000 millones de reales durante sus primeros años de implementación, por encima de las estimaciones iniciales para ese período.
Aunque también tuvo su costado negativo, ya que provocó un aumento en la desigualdad social. Los trabajadores informales y de menores ingresos encontraron mayor dificultad para acceder a una jubilación contributiva. Además, las reglas de transición aplicadas -se implementaron cinco para el sector público y otras cinco para el privado- generó incertidumbre y desinformación en los trabajadores y la planificación de su salida del mercado laboral.
El gobierno también avanzó con un programa de desestatización y venta de activos públicos. La administración informó haber recaudado 304.480 millones de reales mediante ventas de activos directos e indirectos entre 2019 y octubre de 2022, incluyendo operaciones vinculadas con TAG y BR Distribuidora. También impulsó la privatización de Eletrobras, concretada en 2022.
Otro cambio estructural fue la autonomía del Banco Central, aprobada durante su administración, con el objetivo de separar las decisiones de política monetaria de las presiones del Poder Ejecutivo y fortalecer el mandato de estabilidad monetaria.
Sin embargo, la trayectoria fiscal de Bolsonaro tuvo una evolución diferente a la que sugería el programa inicial de Guedes. La pandemia obligó al gobierno a desplegar un enorme paquete de asistencia, con cientos de miles de millones de reales destinados a transferencias, crédito y alivios tributarios. Sin embargo, el entonces presidente trato al virus del Covid-19 con escepticismo y hasta menospreció la situación.
Al comienzo, la trato como una «gripezinha«. Cuando fue consultado en abril por la cantidad de muertos por la enfermedad -llegó a 704.066 personas- respondió: «¿Y qué? Lo lamento. ¿Qué quieren que haga? Soy un Mesías, pero no hago milagros». También dijo que no era «sepulturero». Incluso su gobierno llegó a promover la campaña «Brasil no puede parar». Así y todo, hacia el final del mandato amplió el gasto social, entre otras medidas mediante el Auxílio Brasil, que llegó a los 600 reales mensuales en 2022. De esa forma, terminó su mandato utilizando una política presupuestaria mucho más expansiva, particularmente durante la pandemia y en el último año de su gobierno.
La candidatura de Flávio Bolsonaro recupera buena parte de ese lenguaje económico, aunque propone modificaciones.
El programa presentado por el senador plantea un “tesouraço”, en referencia a un fuerte recorte de la estructura estatal. Entre sus propuestas figuran reducir al menos diez ministerios, disminuir cargos comisionados, revisar gastos administrativos y combatir los llamados “super salarios” del sector público. También plantea un nuevo régimen fiscal y la búsqueda de superávits primarios.
El candidato también propone reducir impuestos y retomar privatizaciones y concesiones, con el objetivo declarado de aumentar la inversión privada y mejorar la productividad. Su programa fija además una meta de crecimiento económico del 4% anual durante la próxima década, apoyada principalmente en inversión privada, infraestructura, seguridad jurídica y competitividad.
En materia fiscal, la diferencia con Lula aparece especialmente en el ritmo. Mientras el equipo del actual presidente habla de una corrección gradual y de mantener el marco fiscal vigente —con un objetivo de alcanzar un superávit primario efectivo de 1,3% del PBI en 2030—, los asesores de Flávio plantean un ajuste equivalente a aproximadamente 1,5% del PBI durante los primeros 18 meses de un eventual gobierno.
El esquema que analiza el equipo de Bolsonaro hijo utilizaría la relación entre deuda pública y PBI como principal ancla fiscal y limitaría el crecimiento real del gasto mientras el endeudamiento permanezca por encima de un nivel considerado sostenible. Uno de sus asesores económicos, Adolfo Sachsida, llegó a plantear como referencia un nivel de 65% del PIB, muy por debajo del 82,5% registrado actualmente.
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