Se definió al ganador de la licitación de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). El Gobierno de Javier Milei decidió que el consorcio Rowing-Transclor-Arcos-PHX se quedara con el control del 90% del paquete accionario de la compañía de servicios por US$ 340 millones. Le ganó al grupo Roggio ROAS S.A.U., que ofertó US$ 285 millones
La explicación oficial acerca de la decisión de privatizar AySa se apoya sobre tres ejes: el costo fiscal de la empresa, sus niveles de cobertura y eficiencia y la necesidad de atraer capital privado para financiar las inversiones que requiere el sistema de agua y saneamiento.
US$ 13.400 millones: el principal argumento del Gobierno
Uno de los números que más repite el Ejecutivo para defender la privatización es el volumen de recursos que AySA recibió del Estado.
Según la explicación oficial, entre 2006 y 2023 la empresa recibió transferencias del Tesoro por más de US$ 13.400 millones. El Gobierno utiliza ese dato para sostener que la compañía representó durante años una carga para las cuentas públicas y que el Estado no debería continuar financiando su funcionamiento.
El argumento fue planteado por el entonces vocero presidencial Manuel Adorni cuando el oficialismo anunció, en julio de 2025, el inicio del proceso de privatización. En aquella oportunidad también cuestionó el deterioro de la infraestructura y señaló que la dotación de personal había aumentado 90% desde 2006.
Para Milei la conclusión era sencilla: el Estado no debe seguir administrando una empresa de servicios públicos que requiere aportes fiscales, y esos recursos deberían dejar de salir del Tesoro.
El otro eje de la explicación oficial apunta al funcionamiento del servicio. En la presentación realizada por el Gobierno durante el proceso de privatización se sostiene que un tercio del área concesionada todavía no cuenta con acceso a agua potable y cloacas, mientras que el nivel de agua no contabilizada alcanza el 42%.
También señala que la morosidad pasó del 4% al 16% y que los costos operativos aumentaron 80%. Para el Ejecutivo, estos indicadores reflejan problemas estructurales de eficiencia que justifican la incorporación de un operador privado.
Desde el Gobierno recalcaron que, si el Estado no consiguió extender suficientemente la cobertura ni reducir las pérdidas, el capital privado debería asumir la operación y financiar la expansión.
El nuevo contrato establece metas concretas. Para 2031, la cobertura deberá alcanzar como mínimo el 75,3% en agua y el 63,9% en cloacas, mientras que al finalizar los primeros 30 años de concesión las metas mínimas serán de 90% y 75%, respectivamente.
El argumento de la inversión: más de US$ 2.000 millones en cinco años
La tercera justificación oficial es quizás la más importante hacia adelante: AySA necesita inversiones que el Estado dice no estar dispuesto a seguir financiando.
El pliego establece un Plan de Acción para el período 2027-2031 con inversiones por $ 2,89 billones a valores de diciembre de 2025, sin IVA, equivalentes a más de US$ 2.000 millones según la propia comunicación oficial.
Esas inversiones estarán a cargo del futuro concesionario y tendrán carácter obligatorio. El cumplimiento será controlado anualmente por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), mientras que las obras deberán contar con la certificación de un auditor técnico independiente. El contrato también prevé sanciones ante incumplimientos graves y reiterados, que pueden llegar hasta la pérdida de la concesión.
El punto sensible: qué pasa con las tarifas
El servicio continuará bajo un régimen regulado y las tarifas estarán sujetas a las reglas establecidas por el marco regulatorio y el contrato de concesión. El esquema tarifario contempla mecanismos de actualización y mantiene herramientas de protección para determinados usuarios, como la tarifa social.
Para el primer ciclo tarifario, que comienza en 2027 y se extiende hasta 2031, el Gobierno estableció que el nivel tarifario vigente al momento de presentación del plan se mantenga constante en términos reales, sin proyectar nuevos aumentos reales durante ese período, aunque con excepciones previstas en el contrato.
Al mismo tiempo, la empresa ya se encuentra transitando un proceso de actualización tarifaria. El ERAS convocó para el 26 de octubre de 2026 una audiencia pública para analizar una propuesta de AySA relacionada con la actualización de coeficientes zonales y del precio del metro cúbico del servicio de cloacas.
Si bien el oficialismo asegura que la operación representa el paso de un modelo de “despilfarro, ineficiencia y falta de cobertura” hacia otro basado en inversión privada y supervisión pública, lo paradójico es que el Estado no desaparece de la ecuación.
Deja de controlar el 90% de las acciones de AySA, pero conserva la potestad regulatoria, fija las reglas de la concesión, controla las metas de inversión y cobertura y participa de la definición del esquema tarifario.
La diferencia es que ahora el privado será quien opere el servicio y capture los ingresos de la concesión, mientras que el Estado habrá obtenido US$340 millones por desprenderse de la mayoría accionaria y se habrá comprometido a garantizar las condiciones regulatorias bajo las cuales funcionará el negocio.
RM/EO
