La Corte Suprema aceleró los tiempos para volver a pronunciarse sobre la Ley de Tierras y dejó abierta la posibilidad de que las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros vuelvan a estar vigentes. El máximo tribunal redujo de 72 a 24 horas el plazo que tienen las partes para recusar a los dos conjueces convocados para intervenir en el expediente, una decisión que podría dejar el caso en condiciones de ser resuelto en los próximos días.
El expediente incluye un pedido de medida cautelar presentado por organizaciones ambientales, comunidades indígenas y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Los demandantes buscan que se mantenga la vigencia del régimen establecido por la Ley 26.737, que limita la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La eventual concesión de la cautelar podría modificar nuevamente el escenario generado por un fallo de la propia Corte Suprema de la semana pasada.
El martes anterior, el máximo tribunal había revocado una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, firmado por Javier Milei. Ese artículo había derogado íntegramente la Ley de Tierras. La Corte fundamentó aquella decisión en una cuestión procesal: consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), que había promovido la demanda, no tenía legitimación activa para plantear la inconstitucionalidad de la norma.
Aquella resolución generó fuertes críticas de sectores de la oposición, que advirtieron que buscarán avanzar en el Congreso contra el DNU 70/2023 en su totalidad. El tema podría ser tratado en una sesión especial prevista para el jueves de la semana próxima.
Ahora, la Corte volvió sobre el expediente a partir de una presentación realizada por la Asociación Civil Árbol de Pie, dos comunidades indígenas —Lafkenche y Lof Fcta Anecon— y Odarda. Los demandantes solicitaron una “aclaratoria” para que el tribunal precise si el fallo dictado la semana pasada también alcanza a su expediente y, en ese caso, cuál sería su alcance.
La diferencia central que plantean es que su demanda no se basa en la defensa de la soberanía nacional, como ocurrió con el Cecim, sino en derechos vinculados con la protección ambiental y con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas sobre sus territorios ancestrales.
La discusión adquirió además una dimensión interna dentro de la Corte. La convocatoria q conjueces implica que los tres jueces titulares —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— no tienen una posición unificada sobre cómo avanzar. Al no contar con unanimidad de 3 votos para dictar una sentencia, el tribunal se vio obligado a convocar a dos conjueces.
Los elegidos fueron Diego Barroetaveña, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, camarista federal de Mendoza. Ambos aceptaron el cargo y fueron sorteados esta semana. Sin embargo, la normativa establece que las partes cuentan con 72 horas para recusarlos, mientras que la Corte resolvió reducir ese plazo a apenas 24 horas.
La decisión fue comunicada mediante una resolución firmada por Sergio Miguel Nápoli, secretario del tribunal, en la que se argumentó que, “en atención a las particulares circunstancias de la causa”, correspondía abreviar el plazo para que la integración quedara consentida. Además, se habilitaron días y horas inhábiles para acelerar el trámite.
Una vez cumplido ese paso, la Corte deberá definir qué tratamiento darle al expediente. Una alternativa sería enviarlo nuevamente a la Justicia Federal de La Plata o de Bariloche, donde se inició el proceso. La otra, mucho más excepcional, sería que el propio máximo tribunal analizara directamente el pedido de medida cautelar.
De avanzar con esta segunda opción, la Corte podría disponer una medida interina que vuelva a poner en vigencia las restricciones de la Ley de Tierras mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
Los dos conjueces convocados también tienen antecedentes que fueron observados dentro del expediente. Barroetaveña es considerado cercano a Rosatti y forma parte del Consejo de la Magistratura. Pérez Curci, por su parte, es discípulo del juez de Casación Carlos Mahiques. Ambos integraron además tribunales vinculados con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), aunque renunciaron a esas funciones en diciembre del año pasado.
El nuevo movimiento de la Corte se produce pocos días después de que el tribunal difundiera un mensaje destinado a aclarar el alcance de su fallo anterior. En ese comunicado, la Corte sostuvo que su decisión se había limitado a una cuestión procesal y que no afectaba otras medidas cautelares sobre la Ley de Tierras que se encuentran en trámite ante distintos tribunales.
También señaló que cualquier persona que considere inconstitucional el régimen vigente puede solicitar una medida cautelar ante un juez competente. El comunicado, sin embargo, generó otra controversia: desde la vocalía de Rosenkrantz señalaron que el juez no había participado ni prestado consentimiento para su redacción y difusión.
Con la convocatoria de los conjueces y la reducción del plazo a 24 horas, la Corte volvió a acelerar un expediente que puede tener consecuencias concretas sobre la vigencia de las restricciones para la compra de tierras rurales por extranjeros. La definición del tribunal podría, además, volver a colocar a la Ley de Tierras en el centro de la disputa política y judicial alrededor del DNU 70/2023.
AL/CM
