El consorcio encabezado por Rowing, la empresa de ingeniería y construcción de Walter Román, se quedó con el control de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) tras imponerse en la licitación convocada por el Gobierno para la venta del 90% de las acciones de la compañía. La operación se cerró en US$ 340 millones, un monto muy inferior a los aproximadamente US$ 500 millones que esperaba recaudar el Ejecutivo.
El grupo ganador está integrado, además, por Transclor, propiedad del empresario Mauricio Filiberti; Arcos Saneamento e Participações, vinculada al grupo brasileño Equipav y operadora de servicios de agua y saneamiento en Río de Janeiro; y PHX Aqua AR B.V., un vehículo de inversión radicado en los Países Bajos y vinculado al fondo neerlandés Phoenix Global Investment Fund.
De acuerdo con la información difundida durante el proceso, la estructura accionaria del consorcio quedó conformada de la siguiente manera: PHX Aqua tendría el 55%, Rowing el 20%, Arcos el 15% y Transclor el 10%. De esta manera, el fondo neerlandés aparece como el principal accionista del nuevo esquema de control de AySA, mientras que los socios argentinos aportan experiencia en infraestructura, servicios y provisión de insumos para el sector.
Uno de los nombres que concentra especial atención dentro del consorcio es el de Mauricio Filiberti. El empresario, dueño de Transclor, es además socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor y mantiene intereses en distintos negocios vinculados al sector energético. Su participación en AySA adquiere una particular relevancia porque Transclor es desde hace años proveedor de policloruro de aluminio de la empresa, un insumo utilizado en el proceso de potabilización del agua.
La adjudicación marca así el regreso de AySA a manos privadas después de años bajo control estatal y abre una nueva etapa para una compañía estratégica, que presta los servicios de agua potable y saneamiento en buena parte del Área Metropolitana de Buenos Aires. El consorcio ganador asumirá la operación por 30 años, con posibilidad de extender la concesión por otros diez.
Roggio, el grupo que perdió
El grupo que perdió la licitación fue Roggio, uno de los grupos empresarios argentinos con mayor experiencia en la operación de servicios públicos. La propuesta reúne a Roggio ROAS, Benito Roggio e Hijos, Aguas del Plata Participaciones y Central Buen Ayre, junto con Hidrosan Capital.
El principal activo específico de Roggio para esta competencia es Aguas Cordobesas, la empresa que opera el servicio de agua potable de la ciudad de Córdoba. El grupo también participa en otros servicios concesionados, como el transporte ferroviario y los subterráneos porteños.
El grupo ofertó US$ 285 millones, US$ 55 millones menos que su competidor y una diferencia de casi US$ 200 millones con respecto a lo que esperaba recaudar el Gobierno.
Una venta que necesita inversiones por hasta US$15.000 millones
Uno de los principales interrogantes económicos de la operación está en la diferencia entre el monto que el Estado espera cobrar por la venta y las inversiones que deberá realizar el futuro operador.
El contrato establece un programa de inversiones de alrededor de US$ 1.940 millones durante los primeros cinco años, mientras que el desembolso acumulado podría llegar a unos US$ 15.000 millones durante los 30 años de concesión. Las obras previstas incluyen infraestructura de distribución, plantas, bombas y ampliaciones de las redes de agua y saneamiento.
Sin embargo, las metas previstas para los primeros años también abren un interrogante sobre el alcance real de la expansión del servicio. De acuerdo con la información publicada sobre el contrato, las metas para la próxima década implican avances relativamente acotados en los niveles de cobertura dentro del área de concesión. Algunas obras de infraestructura de gran magnitud, además, quedarían postergadas más allá del segundo quinquenio.
Tarifas: la otra variable que queda en juego
En paralelo al proceso de privatización, se puso en marcha una audiencia pública vinculada con modificaciones en el esquema tarifario de AySA. Esto significa que el precio que pague el adjudicatario por las acciones será apenas uno de los componentes de una ecuación mucho más amplia: ingresos tarifarios, inversiones obligatorias, financiamiento y costos operativos.
Según los informes difundidos durante el proceso, la compañía llega a la licitación con un balance operativo equilibrado, es decir, con ingresos suficientes para cubrir sus gastos operativos.
La recta final de una de las privatizaciones emblemáticas de Milei
La venta de AySA es una de las operaciones más relevantes dentro del programa de privatizaciones impulsado por el Gobierno de Milei a partir de la Ley Bases. La empresa había sido incluida formalmente entre las compañías sujetas a privatización y, en 2025, el Ejecutivo autorizó el procedimiento para avanzar con su venta. En mayo de 2026, Economía habilitó la licitación para transferir a un operador estratégico el 90% de las acciones estatales.
El proceso, sin embargo, tuvo un recorrido bastante más largo y complejo del que inicialmente esperaba el Gobierno. Las sucesivas modificaciones del cronograma, las consultas al pliego y la reducción del número de interesados terminaron dejando una definición mucho más concentrada: Roggio o el consorcio liderado por Rowing.
Ahora el Gobierno deberá resolver cuánto vale para el Estado desprenderse del control de AySA y, quien tomará las decisiones de inversión sobre uno de los recursos más importantes en la vida de los argentinos por los próximos 30 años.
RM/EO
