En junio, el Gobierno de Javier Milei avanzó con la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que permitirá financiar indemnizaciones por despido con recursos que hasta ahora se destinaban a la seguridad social. Presentada como parte de la modernización laboral, la medida vuelve a poner en discusión quién paga los costos de los despidos y qué lugar ocupan las jubilaciones en el programa económico oficial.
El esquema comenzará a regir el 1° de noviembre de 2026 y establece una contribución mensual obligatoria del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las micro, pequeñas y medianas empresas alcanzadas. El punto central de la controversia es que esos porcentajes se detraerán de las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y a otros subsistemas de la seguridad social. Es decir, los recursos que antes financiaban jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares pasarán a alimentar un fondo para afrontar los costos de las desvinculaciones laborales.
La medida expone una de las principales contradicciones del discurso oficial. Mientras el Gobierno sostiene que necesita preservar el equilibrio fiscal y reducir el gasto público, impulsa un mecanismo que recorta ingresos de la seguridad social para aliviar las obligaciones económicas de los empleadores. El resultado es una transferencia de recursos que puede debilitar todavía más a un sistema previsional que ya enfrenta dificultades para garantizar haberes suficientes.
Según estimaciones difundidas durante el debate sobre la reforma laboral, el desvío de contribuciones podría representar una pérdida de miles de millones de dólares anuales para la ANSES. La magnitud definitiva dependerá de la implementación del régimen y de las alícuotas efectivamente aplicadas, pero el problema de fondo es evidente: cada peso que deja de ingresar al sistema previsional reduce los recursos disponibles para sostener sus prestaciones, en un contexto en el que los jubilados vienen reclamando una recomposición de sus ya deteriorados ingresos.
La controversia también tiene una dimensión distributiva. Las empresas podrán recurrir al FAL para afrontar determinadas obligaciones derivadas de la finalización de los contratos laborales, mientras que una parte del financiamiento se obtendrá mediante la reducción de contribuciones que sostenían el sistema de seguridad social. De esta manera, el Estado reorganiza el destino de recursos vinculados al empleo formal para aliviar los costos empresariales, pero deja a los jubilados y a los beneficiarios de otras prestaciones expuestos al deterioro de una fuente de financiamiento fundamental.
El argumento oficial apunta a facilitar la contratación y reducir los costos asociados al empleo registrado. Sin embargo, abaratar el costo de despedir no equivale necesariamente a crear puestos de trabajo. El fondo puede reducir el desembolso inmediato que afronta una empresa cuando desvincula a un trabajador, pero no garantiza que esa firma contrate más personal, mejore los salarios ni invierta en ampliar su producción. El riesgo es que el mecanismo termine funcionando como un seguro financiado indirectamente con recursos previsionales, sin una contraprestación equivalente en términos de empleo.
A esto se suma el impacto potencial sobre los derechos laborales. La indemnización por despido cumple una función reparadora y también representa una protección frente a la decisión unilateral del empleador de terminar una relación laboral. Si las empresas cuentan con un fondo para afrontar esas obligaciones, el costo directo de despedir puede volverse menos gravoso. Desde una perspectiva crítica, el FAL corre el riesgo de consolidar un esquema de despidos más baratos para las patronales y mayor presión sobre el sistema previsional, sin resolver los problemas estructurales del mercado de trabajo argentino.
Otro aspecto cuestionado es la posibilidad de que los recursos acumulados sean colocados en instrumentos financieros, incluidos títulos de deuda pública. Las disposiciones reglamentarias sobre las inversiones habilitan un circuito que excede el pago de indemnizaciones, ya que el dinero aportado al fondo puede convertirse también en una fuente de demanda para activos financieros. En particular, la ausencia de un límite máximo de exposición a la deuda del Estado alimenta los cuestionamientos sobre el uso de esos recursos.
Mientras los jubilados reclaman haberes que les permitan cubrir sus necesidades básicas, el dinero que deja de ingresar a la seguridad social puede terminar integrado a un circuito financiero vinculado con el endeudamiento estatal. Los recursos que deberían contribuir a sostener las prestaciones sociales quedan así expuestos a una lógica de inversión y financiamiento, con riesgos que dependen de los activos elegidos, su rendimiento y las condiciones del mercado.
El esquema también abre interrogantes sobre quiénes administrarán esos fondos y qué controles se aplicarán sobre su utilización. La participación de entidades financieras y vehículos de inversión, bajo el marco regulatorio correspondiente, vuelve indispensable conocer con precisión las comisiones, los criterios de inversión, los mecanismos de supervisión y las garantías de disponibilidad del dinero.
La discusión no es menor porque el FAL no alcanza de la misma manera a todos los trabajadores. El régimen contempla la cobertura de determinadas obligaciones laborales para empleados registrados con al menos doce meses de antigüedad, además de establecer exclusiones y condiciones específicas. Esto significa que no debe confundirse la existencia del fondo con una garantía universal para cualquier persona despedida. La protección efectiva dependerá de las condiciones previstas por la normativa y de la situación concreta de cada relación laboral.
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