En el oficialismo aseguran que la discusión por la Ley de Tierras está cerrada. «El tema tierras está saldado«, dijeron a La Pluma desde el entorno de Martín Menem, donde dan por hecho que el proyecto que la restituye se aprobará «de taquito» en Diputados el miércoles 21 y que en el Senado «debería caminar también».
La oposición no comparte ese optimismo, y dentro del propio bloque libertario de la Cámara alta hay quienes tampoco. Desconfían de que la jefa de bancada, Patricia Bullrich, acompañe el cambio, de que los senadores lo aprueben tal como llega y de que, si llegara a ser ley, Javier Milei la promulgue.
El punto de partida es el dictamen que firmó el oficialismo el miércoles 14 en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, que preside el libertario Nicolás Mayoraz. Con 34 firmas, entre ellas las del PRO y la UCR, agregó dos artículos al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: el 38 deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23, el que derogaba la Ley de Tierras, y el 39 restituye la ley 26.737, sancionada a fines de 2011.
Si se aprueba, vuelve a regir el tope de 15% de la superficie rural para los extranjeros, lo contrario de lo que buscaba el decreto. El giro llegó a menos de 24 horas de la sesión que la oposición había convocado para el jueves 15 con el objetivo de rechazar el DNU completo, y que terminó cayéndose por falta de quórum, con 121 presentes sobre los 129 necesarios. «Cedimos una parte para cuidar al DNU que era lo más importante», dijeron desde LLA a este medio.
Como el texto cambia, el proyecto, que ya tenía media sanción, tiene que volver al Senado, que podrá quedarse con la versión original o aceptar la modificada. Y recién después, si es ley, pasa al Ejecutivo.
La explicación que dan desde el despacho de Menem es sencilla. Es una modificación de La Libertad Avanza: «Derogamos nosotros mismos», sostuvieron, así que no habría motivos para que se trabe. Lo que sigue, según dijeron, es discutir discapacidad y morosidad en la sesión del 21 y proteger un decreto que, afirman, «no le hace mal a nadie» una vez resuelto el capítulo de tierras.
La propuesta salió del propio Menem y la anunció el diputado radical Diógenes González. En el oficialismo explican el objetivo con otra frase: «Que no vuelva a estar pendiente de una resolución judicial». Es decir, que la vigencia de la ley no dependa de lo que decida la Justicia en las causas abiertas.
Mayoraz defendió la validez del dictamen. La oposición había advertido que judicializará el procedimiento, porque una de las comisiones se reunió en minoría.
Hay además otras versiones sobre la mesa. Unión por la Patria presentó un dictamen de rechazo. Provincias Unidas y la Coalición Cívica, con Maximiliano Ferraro, firmaron uno alternativo que también deroga el artículo 154, pero propone revisar los diez días en los que la Corte dejó al país sin regulación.
Bullrich, el Senado y el veto: por qué la oposición desconfía
Sobre el Senado, Menem y Bullrich cuentan historias distintas. Desde el entorno del presidente de la Cámara baja afirman que ella «está a favor«. Pero la senadora ya había marcado distancia en público: dijo que lo ideal es esperar un pronunciamiento de fondo de la Corte, porque «de lo contrario, iríamos en contra de nuestros actos».
La explicación de esa postura está en lo que pasó en agosto. Cuando el Senado trató el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, Bullrich terminó retirando el capítulo que modificaba la Ley de Tierras y habilitaba la compra por extranjeros, tras perder apoyos cuando varios senadores dieron un paso atrás. Los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua, y de Neuquén, Rolando Figueroa, habían dicho que sus provincias no acompañarían ninguna flexibilización.
Para el kirchnerismo, ese antecedente es la mejor prueba de que la jugada es una maniobra. «¿Al mismo gobierno que en el Senado intentó flexibilizar los requisitos para la venta de tierras le van a creer que con esta jugada van a proteger las tierras, cuando es una ley vetable? Caperucita Roja, solamente para los cuentos«, dijo el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez. La diputada Paula Penacca cuestionó que legisladores libertarios firmen algo «en contra de lo que firmó el Presidente».
El veto, por ahora, es una hipótesis de la oposición, pero hay antecedentes. Según el conteo de Chequeado, Milei vetó al menos nueve leyes hasta septiembre de 2025, entre ellas financiamiento universitario, movilidad jubilatoria y emergencia en discapacidad, temas que encima el oficialismo puso en el temario de la sesión del próximo miércoles para desarticular la ofensiva opositora. Para revertir un veto hacen falta dos tercios en ambas cámaras, una mayoría que en algunos casos el Congreso logró reunir y en otros no, con causas sensibles como universidades y discapacidad.
De la Corte a Bariloche: cómo empezó todo y qué falta
El debate parlamentario nació de la Justicia, el 29 de septiembre, cuando la Corte Suprema revocó la sentencia que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras en la causa del Centro de Ex Combatientes de Malvinas (CECIM), con el argumento de que esa entidad no tenía legitimación para plantear el caso. No analizó si el DNU era constitucional, pero el efecto práctico fue dejar en pie el artículo 154, y el fallo generó críticas y movilizaciones.
Diez días después, el 9 de octubre, el tribunal dio marcha atrás de forma parcial. En otra causa, iniciada por la asociación Árbol de Pie con argumentos ambientales, suspendió provisoriamente el artículo 154 y repuso la ley como cautelar interina, hasta que el juzgado federal de Bariloche se pronuncie. Firmaron Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia: coincidió en mandar el caso a Bariloche, pero sostuvo que la Corte no podía dictar la cautelar.
Ahora todo depende del juez federal de Bariloche, Leandro Gómez Constenla, que debe resolver si los demandantes tienen legitimación y si corresponde la cautelar. La Corte aclaró que no resolvió el fondo, y es por eso que el legislador Miguel Pichetto, de Encuentro Federal, advirtió que «en algún momento la Corte va a dejar de jugar con las formas y va a tener que tratar el fondo y declarar inconstitucional el DNU«.
Ese es el otro riesgo de la jugada. Si la ley llega a ser sancionada, la discusión judicial pierde urgencia. Si no, la Ley de Tierras queda vigente solo por una cautelar que puede caerse.
Por ahora, el camino tiene una sola fecha firme: el miércoles 21 en Diputados. Después, el Senado no tiene fecha, la decisión de promulgar o vetar quedaría en manos de Milei, y en Bariloche todavía no se conoce un plazo para la resolución.
JD/CM
