Ya comenzó la sesión en Diputados, en la que se tratarán proyectos sensibles para el Gobierno como el endeudamiento familiar, la Ley de Tierras y la Ley de Discapacidad. Se trata de una jornada convocada por el propio Ejecutivo en la Cámara Baja, para la cual llegó con iniciativas propias que están lejos de convencer a la oposición.
El dictamen de discapacidad que La Libertad Avanza llevará este miércoles al recinto de Diputados tiene un problema y es que el Poder Ejecutivo no confirma su respaldo. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, admitió ante los diputados la semana pasada que el Gobierno «hubiese querido otra cosa», en plena defensa del Presupuesto 2027, que todavía no incluyó el financiamiento de la ley que negoció el oficialismo con los aliados.
El proyecto del bloque elimina el concepto de emergencia pero mantiene sus puntos centrales: el Certificado Único de Discapacidad, la actualización mensual por inflación de las prestaciones y la pensión no contributiva, que queda en el 70% de la mínima. Es el opuesto de lo que planteaba el capítulo VI del Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo, que terminaba con esa actualización automática y hacía incompatibles las pensiones con el empleo formal.
Ese capítulo sigue dentro del proyecto de Presupuesto. Guberman evitó confirmar que se retire, aunque aclaró que «en los números está el financiamiento para la ley vigente». Según informaron desde LLA a La Pluma, el Gobierno se había comprometido a sacarlo antes de las reuniones informativas del 13 de octubre.
La sesión arranca a las 12 y, con el oficialismo y sus aliados en torno a los 120 diputados, nueve menos que el quórum, los bloques provinciales vuelven a ser los que deciden, aunque todo indica que apoyarán al gobierno luego del fracaso de la sesión opositora de la semana anterior.
Guberman, el capítulo VI y una promesa sin cumplir: cómo se abrió la interna
La disputa empezó dentro del propio Gobierno. Días antes del dictamen, Patricia Bullrich y Diego Santilli se cruzaron en público por los cambios en el capítulo de discapacidad del Presupuesto. «Eso es mentira. Cuando se habló del Presupuesto yo estaba», le contestó Bullrich.
El 22 de septiembre, Martín Menem reunió a los jefes de los bloques aliados para presentarles un proyecto «superador» que tomaba distancia del capítulo VI. La libertaria Laura Rodríguez Machado fue la principal negociadora, y antes de firmar el bloque se reunió con Guberman, algo que se leyó como el visto bueno final de la Casa Rosada.
Con esas concesiones, el oficialismo consiguió el 23 de septiembre un dictamen de mayoría, con 42 firmas contra 36 del texto opositor. Incluyó la actualización mensual de las prestaciones a prestadores atada a la movilidad por IPC, el compromiso de que las partidas no caigan por debajo del año anterior en términos reales, un cronograma de pagos para las deudas con prestadores y la compatibilidad de la pensión con un empleo formal o monotributo si los ingresos no superan dos salarios mínimos.
Pero el Ejecutivo no terminó de acompañarlo. Cuando Guberman fue al Congreso a defender el Presupuesto, marcó sus diferencias con la decisión del bloque oficialista de presentar una nueva ley para contener a los aliados, y no llevó tranquilidad a la Cámara.
Otra lectura apunta al reparto de poder dentro del Gobierno. El diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, vinculó el giro oficialista con la designación de Pablo Di Liscia al frente de la Secretaría de Discapacidad, que según él propuso Luis Caputo.
Aliados que piden la partida y la oposición va por la prórroga hasta 2027
El dictamen oficialista lo firmaron el PRO, la UCR, el MID, los salteños y misioneros de Argentina Federal, la neuquina Karina Maureira y el bloque sanjuanino Producción y Trabajo, varios con disidencias. Entre los que ponen en duda su voto en el recinto están el MID, Argentina Federal y La Neuquinidad.
Su condición es concreta: que el texto incorpore la partida de financiamiento. El misionero Oscar Herrera Ahuad encabeza el reclamo para que el costo fiscal figure en el articulado y se refleje en el Presupuesto 2027. Desde LLA aseguran que Guberman se comprometió y que la partida ya está identificada para sumarse en el recinto.
Del otro lado, la oposición propone prorrogar la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027. Su dictamen reunió las firmas de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Elijo Catamarca y el Frente de Izquierda, y entre las adhesiones estuvieron los cordobeses alineados con Martín Llaryora, que seguían definiendo su postura. El bloque de Provincias Unidas se reunirá este miércoles a las 9 para intentar cerrar filas, con 18 diputados de los cuales apenas diez se sentaron en la sesión del jueves pasado.
En el peronismo reconocen que la ofensiva dio resultado aunque no alcance. «Es mejor que nada», dijeron algunos legisladores a La Pluma, convencidos de que sin su presión las comisiones no habrían dictaminado sobre discapacidad y endeudamiento.
Las organizaciones del sector empujan en esa dirección. El Consejo Federal de Discapacidad ratificó la prórroga y la Pastoral Social pidió sostenerla. Hablan de 324.303 solicitudes de pensión sin resolver, de una compensación a prestadores que no se pagó y de ninguna Pensión para Protección Social otorgada, y ubican el atraso arancelario en 30,67%.
Marino, autor de la prórroga, cuestiona que el texto oficialista recoja la emergencia tal cual rige hoy. Señaló que la compatibilidad de la pensión con el empleo queda sujeta a «las condiciones que establezca la reglamentación» y que las auditorías quedan solo en manos de la Secretaría de Discapacidad, sin el Consejo Federal, y pueden suspenderse por cruce de datos.
El veto es el otro punto en disputa. Milei ya vetó la ley de emergencia y el Congreso insistió, pero Marino sostiene que la prórroga «no tiene riesgo de veto» porque la Ley 27.793 sigue vigente. «Un veto a la prórroga solo impediría extender el plazo de la emergencia, pero todas las demás disposiciones seguirían vigentes», consideró.
Tierras y morosidad: una sesión que puede durar hasta la madrugada
El temario empieza por Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ahora incluye la restitución de la Ley de Tierras que el DNU 70/23 había derogado. Vuelve en segunda revisión al Senado. Desde el oficialismo dijeron a este medio que el tema «está saldado» y que «es un tema que nosotros mismos modificamos, por eso va a salir fácil».
Sobre la estrategia, reconocieron en LLA: «Lo más importante era cuidar al DNU, fuimos pragmáticos». En la oposición, algunos analizan votar solamente el capítulo de Tierras y otros esperan que no acompañe, por desconfianza ante el viraje y un posible veto.
Luego vienen la trazabilidad de medicamentos, el vandalismo rural, discapacidad y, al final, morosidad. En la oposición sospechan que LLA dejó ese tema para el cierre con la idea de que se caiga el quórum. Desde el oficialismo lo niegan.
El dictamen de LLA sobre morosidad, con el PRO y la UCR como únicos apoyos garantizados, se centra en educación financiera, transparencia y fraudes digitales, y parte de que el Estado no debe intervenir en un asunto entre privados. La oposición propone declarar la emergencia por sobreendeudamiento: 180 días, un tope de dos Canastas Básicas, freno de ejecuciones, condonación de punitorios y cuotas que no superen el 30% de los ingresos.
La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas, quedó afuera. El plenario de comisiones que iba a reanudarse este martes pasó al martes 27, luego de un reclamo de Washington por las sanciones a sus empresas, algo que el canciller Pablo Quirno desmintió.
JD/CM
