La situación de las personas con discapacidad está en una “crisis tremenda”. Así lo describieron desde el foro que agrupa a las asociaciones del sector y que esta mañana se manifiestan frente al Ministerio de Salud junto con el el Sindicato de Choferes Particulares.
En un petitorio entregado al ministro Mario Lugones dan cuenta de la situación, que -asegura- “es muy complicada ya que los prestadores no han podido pagar los sueldos de los trabajadores como corresponde y hacer frente a otras obligaciones”. Alertan que hay demoras en los pagos del programa Incluir Salud y de PAMI y que no se regularizó la entrega de medicamentos y pañales.
“La ley sola, si no hay voluntad política de hacer cumplir con las obligaciones y áreas, es imposible”, dijo Pablo Molero, presidente del Foro Permanente Discapacidad. En diálogo con La Pluma explicó que “la situación es grave”, sobre todo en los pagos y prestaciones. “Hay prestadores que no han cobrado desde octubre. Esto es muy grave. La última vez que PAMI pagó fue en noviembre. Las obras sociales pagan a 60 o 90 días, por lo cual es imposible funcionar de esta manera”, comentó.
Con un operativo desmedido de la Policía Federal, las personas con discapacidad, familiares y prestadores se manifiestan en el edificio ubicado en la Avenida 9 de Julio. Fueron rodeados por los efectivos de esa fuerza, que cada miércoles reprime a los jubilados en el Congreso. “No hay necesidad de este cordón, ¿Qué vamos a hacer si somos pocos y muchas de las personas tienen discapacidad?, ¿A quién vamos a molestar?”, dijo una docente especial ante las cámaras de televisión.
En el petitorio, le describen la situación a Lugones, de quien depende la nueva secretaría del área, luego del manto de incertidumbre que dejó la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Afirman que los prestadores de Incluir Salud aún no cobraron las prestaciones de octubre de 2025 e incluso algunos se les adeuda de antes. El PAMI pagó por última vez en noviembre y las Obras Sociales y las Prepagas también están con atrasos. Para Molero, la crisis no es por falta de recursos sino por una decisión del gobierno de Javier Milei. “En octubre y noviembre se deberían haber pagado con recursos del año pasado y resulta que Incluir Salud devolvió unos 30 mil millones de pesos a rentas generales”, dijo.
Si bien el Gobierno de LLA reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad en febrero tras una sentencia judicial que ordenó al Estado avanzar con la aplicación– la norma había sido aprobada por el Congreso en julio de 2024, pero que la Casa Rosada la frenaba con argumentos presupuestarios–, el colectivo de discapacidad sostiene que las cosas se mantienen igual. “Aún no ha dado los resultados esperados, frente a un gobierno que desoye no solo los pronunciamientos del Congreso, sino también las resoluciones y advertencias del Poder Judicial”, indicaron.
Explicaron que la base utilizada para el cálculo de los aumentos de las prestaciones no incorpora la totalidad de los incrementos inflacionarios registrados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, lo que distorsiona los valores arancelarios y consolida un atraso estructural en el sistema. El artículo 13 de la ley establece una compensación correspondiente a la diferencia entre el porcentaje de aumento de los aranceles aprobados entre el 1 de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024 y el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el mismo período. La Procuraduría de la Nación reconoció una diferencia del 10,5 %, sin embargo, los prestadores sostienen que dicha diferencia asciende al 27,79 %.
“La gran mayoría de los prestadores no han percibido pago alguno desde el mes de octubre 2025, por lo que los aumentos arancelarios del 29,79 % y del 35 %, anunciados por el gobierno según el tipo de prestación, no han tenido impacto real alguno, dado que los pagos directamente no se efectivizaron”, indicaron.
Como consecuencia, algunas instituciones están endeudadas y, otras, han cerrado. “Estamos en la peor situación posible”, dijo uno de los trabajadores de una fundación de Cañuelas que se manifestó. “Llevamos más de un año de retraso. Las instituciones nos estamos endeudando para sostener las actividades diarias. Hay profesionales que están dejando de atender y la consecuencia es que hay personas con discapacidad que dejan de ser atendidas”, explicó.
CDB / SC
