Un conflicto que, pese a su magnitud hasta ahora se mantuvo solapado, empieza a calar de lleno en la agenda política del gobierno. Este jueves, en una decisión histórica, las cinco fuerzas de seguridad confluirán en una movilización frente al edificio Centinela de la Gendarmería Nacional para reclamar por mejoras salariales y de cobertura médica. De forma mancomunada, la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario exigirán al oficialismo una recomposición de una situación que empieza a ser cada vez más crítica.
El reclamo salarial de las fuerzas de seguridad se enmarca en una auspiciada política de ajuste y deterioro de los ingresos. Según denuncian desde adentro de las instituciones, los sueldos de las fuerzas se encuentran por debajo de la línea de la pobreza. Según datos del INDEC, en febrero una familia tipo necesitó necesitó $1.397.671,83 para no serlo. El salario mínimo de un cadete de la Policía Federal es de $658.913,04. La última recomposición se dio en noviembre del año pasado a través de la Resolución 944/2025 firmada por la titular de la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva quien tiene vasta experiencia en reclamos policiales.
En 2013, la actual ministra nacional desempeñaba el mismo cargo en Córdoba cuando un sector de la policía de la provincia decidió acuartelarse por un reclamo salarial igual al que vuelven a atravesar más de una década después. En aquel momento, el levantamiento -que a su vez significó la ruptura irrecuperable entre la gestión del entonces gobernador Juan Schiaretti con el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner-, le costó el cargo a la funcionaria cordobesa apenas tres meses después de haber asumido.
Reclamos de las fuerzas de seguridad, el pan de cada día
En rigor, ésta no es la primera advertencia que el gobierno recibe por parte de las fuerzas. En mayo del 2024, fuerzas de Misiones se levantaron junto a docentes y trabajadores estatales. Lo mismo se replicó en Santa Fe y la Provincia de Buenos Aires, circunstancia que debieron ser atendidas con la liberación de nuevos fondos. En aquel momento, el gobierno decidió manejar el conflicto con cautela, a diferencia del discurso confrontativo que gustan de adoptar frente a otros reclamos. En este marco, hasta el momento del cierre de esta nota, Monteoliva no se pronunció sobre el reclamo que llevarán adelante los agentes.
Éste, sin embargo, no es el único reclamo vigente en las fuerzas. Durante la gestión de Luis Petri frente al Ministerio de Defensa, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) sufrió un desmantelamiento brutal, que incluyó la acumulación de deuda de $300 mil millones con prestadores, afectando directamente el funcionamiento del servicio. El reclamo, que se extendió por varios meses, fue heredado por el actual titular de la cartera, Carlos Presti, quien en las últimas horas anunció el relanzamiento de la obra social, ahora con el nombre OSFA, a partir del 1 de abril.
Con estas modificaciones, según hicieron saber desde el ministerio, se pondrá en marcha el Plan Integral de Prestaciones (PIP), como eje para ordenar el sistema y garantizar su sustentabilidad; el fortalecimiento de los controles sobre prácticas médicas, mejorando la eficiencia del gasto; la optimización de compras y gestión de medicamentos, con reducción de costos y la simplificación de sistemas y estructuras, orientada a reducir costos operativos.
Notablemente preocupados por la escalada de un conflicto más que delicado, desde el gobierno hicieron saber que están evaluando todas las posibilidades habilitadas por el Ministerio de Economía para garantizar una rápida resolución del caso. En el mientras tanto, durante su reaparición tras su semana trágica, en conferencia de Manuel Adorni dio a conocer que el gobierno destinará parte del dinero de las privatizaciones de empresas estatales para la compra de armamento para las Fuerzas Armadas. Pese a lo estruendoso del anuncio, desde las fuerzas hicieron saber que esta medida no modifica en lo más mínimo la situación actual. «¿Qué importa el armamento si no podemos darle de comer a nuestras familias?», se preguntó, retórico, un agente de una fuerza federal ante este medio.
En este marco, desde el oficialismo advirtieron que el Ministerio de Seguridad Nacional «está trabajando fuertemente para resolver todos los problemas relacionados al bienestar y a las obras sociales de las Fuerzas Federales de Seguridad. Hemos dado un paso histórico con la creación de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), iniciando una licitacion de un prestador de salud privado para Gendarmería y Prefectura, y una vez consolidado este paso trascendental, el Ministerio seguirá resolviendo los problemas de las otras fuerzas, entre ellas la Policía Federal, pero también el Servicio Penitenciario y la Policía de Seguridad Aeroportuaria”.
Por el fin de semana largo, que aglomera los feriados por el aniversario de la Guerra de Malvinas y Semana Santa, en el gobierno confían en que la penetración de la movilización en la opinión pública será mínima. «La gente está en otra», dicen sin rodeos desde un importante despacho en la Casa Rosada. Sin embargo, más de un funcionario reconoce que, de no abordar el tema con seriedad, el mismo podría escalar en una circunstancia aún más preocupante.
TS/CM
