La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, en una sesión que se extendió hasta la madrugada y que estuvo marcada por fuertes cruces con la oposición. El oficialismo logró avanzar con el proyecto gracias al respaldo de bloques aliados como el PRO, la UCR y fuerzas provinciales, alcanzando así la sanción definitiva de la norma.
El debate se desarrolló en un clima menos tenso de lo previsto para el oficialismo, que consiguió el quórum rápidamente con 129 legisladores presentes. Con los votos asegurados, varios diputados de La Libertad Avanza decidieron acortar sus intervenciones y priorizar la votación, evidenciando la confianza en el resultado final.
Hacía el final de la sesión Karina Milei se sumó desde un palco y siguió el tramo final del debate. Su aparición fue interpretada como una señal de respaldo directo del Gobierno en una votación clave para la agenda oficialista.
La reforma aprobada introduce cambios significativos, entre ellos la posibilidad de que las provincias tengan mayor injerencia en la definición de áreas periglaciares.
La oposición cuestionó duramente el proyecto. Legisladores como Maximiliano Ferraro denunciaron que la reforma es “regresiva e inconstitucional”, mientras que Miguel Ángel Pichetto advirtió que no existen fundamentos técnicos ni económicos que justifiquen los cambios. También hubo críticas desde sectores del peronismo, que alertaron sobre posibles impactos ambientales negativos.
En paralelo, el oficialismo y sus aliados lograron bloquear los intentos de la oposición para citar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a otros funcionarios por distintos escándalos, incluido el caso $Libra. Las iniciativas no alcanzaron los dos tercios necesarios, en votaciones que mostraron márgenes ajustados y una Cámara fuertemente dividida.
Mientras tanto, en las inmediaciones del Congreso se registraron protestas de organizaciones ambientalistas como Greenpeace, que rechazaron la reforma por considerar que debilita la protección de los glaciares. Con la ley ya sancionada, el debate ahora se traslada a su implementación y a las posibles consecuencias políticas, económicas y ambientales que pueda generar en los próximos meses.
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