El Gobierno decidió que no cumplirá con lo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario. El Ejecutivo presentó un recurso extraordiario ante el máximo tribunal para evitar el cumplimiento de la orden que lo obliga a transferir $ 2,5 billones para garantizar el funcionamiento de las universidades.
Horas antes de que finalizara el plazo para apelar, la Procuración del Tesoro presentó un recurso extraordinario o per saltum ante la Corte Suprema. Fuentes oficiales le confirmaron a La Pluma Diario que el tema estaba siendo manejado por la Secretaría Legal de la Presidencia.
Cabe recordar que la decisión judicial confirma la vigencia de la ley. Aun así, funcionarios aseguraron al medio MDZ que no cuentan con los fondos necesarios para cumplir con una norma que, según sostienen, atenta contra el equilibrio fiscal.
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por primera vez en 2024, pero fue rápidamente vetada por el presidente Javier Milei y luego ratificada por el Congreso. En agosto de 2025, se aprobó un nuevo proyecto de ley en la Cámara Alta con 58 votos afirmativos. Milei, tal como había hecho un año antes, volvió a vetarla. Sin embargo, en esta ocasión, la Cámara de Diputados rechazó el veto, ratificando la ley que vinculaba el presupuesto universitario a la inflación.
Esta medida generó una serie de presentaciones judiciales por parte de universidades y gremios, que acusaron al Estado de “abandono presupuestario”. Por su parte, el Gobierno apeló sistemáticamente cada amparo otorgado a las instituciones educativas. El argumento de los abogados oficiales fue que la Justicia no tiene facultades para interferir en la política económica ni para obligar al Ejecutivo a realizar gastos que pongan en riesgo el superávit fiscal.
En marzo de este año, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó los recursos del Estado. Los jueces calificaron los argumentos gubernamentales como “poco serios”, señalando que el equilibrio de las cuentas públicas no puede utilizarse como excusa para desoír leyes nacionales que protegen derechos constitucionales básicos, como el acceso a la educación y la ciencia.
Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario
La ley apunta a una recomposición salarial, estableciendo que los sueldos de docentes y no docentes deben actualizarse retroactivamente según la inflación acumulada desde diciembre de 2023, sumado a una cláusula de ajuste mensual automática por IPC.
Asimismo, garantiza la operatividad de las facultades al ordenar la actualización de los gastos de funcionamiento (luz, servicios y mantenimiento) de acuerdo con la inflación del año anterior, con revisiones bimestrales. También protege programas sensibles, como las becas estudiantiles y el financiamiento de los hospitales universitarios, claves para la salud pública. Además, la legislación refuerza la transparencia mediante la obligatoriedad de auditorías periódicas a cargo de la Auditoría General de la Nación.
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