El Senado firmó el dictamen de la ley de Discapacidad sin modificaciones, con el mismo texto que Diputados aprobó por 237 votos. Lo hizo en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, y lo acompañaron La Libertad Avanza, el bloque Justicialista, el PRO, la UCR y los bloques provinciales. El oficialismo apunta a convertirlo en ley en la sesión del 19 de noviembre.
La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, defendió el proyecto como una salida a la emergencia. «Genera previsibilidad, un futuro y una tranquilidad para las personas con discapacidad después de tantos desencuentros», dijo en el plenario. Y fue directa sobre el alcance de la norma: «Esto no es un plan social, es importante tenerlo claro».
Para Bullrich, el texto resuelve tres cosas. La primera es el trabajo: «Que no sea elegir entre el empleo y la pensión, que generaba un problema». La segunda son las auditorías, que según planteó evitan un sistema donde las prestaciones superen las necesarias y se termine «pagando justos por pecadores». La tercera son los plazos para los prestadores, con partidas presupuestarias identificadas para cubrir las insuficiencias.
El apuro tiene un porqué, o más de uno. La emergencia vigente vence el 31 de diciembre y el papa León XIV llega el domingo 8 de noviembre: el lunes 9, a las 9.15, visitará el Cottolengo Don Orione de Claypole. El dictamen sale a pocos días de esa visita.
«Toda ley es perfectible»
La presidenta de la comisión de Población y Desarrollo Humano, la peronista santacruceña Alicia Kirchner, pidió dar una protección a las personas con discapacidad antes de que termine el período ordinario. Reconoció que el texto se puede mejorar, pero que de lo contrario la emergencia se terminaba el 31 de diciembre sin reemplazo. «Toda ley es perfectible, pero hay que avanzar», sostuvo.
En la misma línea habló la peronista bonaerense Juliana Di Tullio: «La ley podría ser mejor, pero también podríamos mejorarla después de sancionarla».
La voz más crítica fue la de la senadora cordobesa Alejandra Vigo, del interbloque Impulso País. Dijo que «este es el gran milagro de la venida del Papa» y que la dirigencia política «entendió» que la visita debía tener una respuesta a un tema que se trata desde hace mucho. Después de recordar que respaldó la emergencia, calificó a la ley de «bastante oportunista».
Vigo anticipó que propondrá modificaciones. Entre sus objeciones señaló que no se tuvo en cuenta la firma de la Argentina en convenciones internacionales, como sí ocurría con la ley de emergencia, y que el proyecto no se trató con todos los responsables. El dictamen, sin embargo, quedó sin cambios.
El costo de la ley y el Presupuesto 2027
El costo es el reparo que mantiene el Ejecutivo. El chaqueño Jorge Capitanich recordó que «la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el costo de implementación de esta reforma en discapacidad en un monto para el 2027 equivalente al 0,04% de PBI». Para 2028, esa estimación sube a $1,2 billones, el 0,07%, con el padrón completo.
El puntano Fernando Salino, también de UP, llevó el reclamo al Presupuesto: «Cuando venga el tratamiento del presupuesto 2027 hay otros muchos lugares para señalar de dónde sacar partidas, porque los argentinos quieren destinar los fondos a la atención de grupos vulnerados y a las personas con discapacidad».
Ese Presupuesto, que todavía no se destraba en Diputados y llegaría al Senado en extraordinarias, es el otro frente abierto. Allí está el origen de la tensión interna que acompañó a la ley.
El cortocircuito con Caputo
La media sanción salió en la madrugada del 22 de octubre con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, un respaldo casi unánime que el peronismo y los aliados quisieron mostrar como mensaje al Senado para que no la deje caer ni la modifique. Ocho de los nueve votos en contra fueron cordobeses, que reclamaron que el sector no fue consultado y siguieron pidiendo la prórroga de la emergencia. Esa ley la había vetado Javier Milei y el Senado rechazó el veto en septiembre de 2025.
El trámite dejó a la vista un cortocircuito entre la Casa Rosada y el Congreso. Mientras los diputados libertarios negociaban con los aliados una ley que mantenía el esquema de la emergencia, el Presupuesto 2027 que envió el ministro de Economía, Luis Caputo, proponía otra cosa: eliminar el nomenclador único y el arancel unificado, derogar la actualización mensual de los aranceles y suprimir la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal. La negociación con los aliados la condujeron, entre otros, Laura Rodríguez Machado y Silvana Giudici, dos diputadas cercanas a Bullrich.
La presión empezó afuera de la bancada oficialista. La oposición emplazó a las comisiones para obligar a abrir el debate y el oficialismo concedió casi todo lo que se le pedía, luego de hacer caer una sesión opositora que buscaba rechazar el DNU 70. El Gobierno no confirmó que vaya a retirar los artículos del Presupuesto que contradicen la ley.
El colectivo de Discapacidad recibió el resultado con cautela. La activista Valentina Bassi dijo a La Pluma que «dimos un paso importante» pero que «falta mucho», y organizaciones de Córdoba siguen desconfiando de que el Gobierno cumpla.
JD/CM
