Pocas horas más tarde de que el Gobierno promulgara la reforma de la Ley de Glaciares, la Justicia Federal de Río Gallegos, en Santa Cruz, suspendió su implementación en la provincia tras aceptar un amparo presentado por el el intendente de El Calafate, Javier Belloni, concejales locales y diferentes diputados.
La suspensión de la reforma de la Ley de Glaciares en todo el territorio de Santa Cruz fue dispuesta por el juez federal Claudio Vázquez, quien determinó una medida cautelar para que no se implemente la normativa hasta que la Justicia se expida de fondo sobre su inconstitucionalidad planteada en el amparo.
El amparo ambiental fue presentado por el intendente de El Calafate, Javier Belloni; los concejales Celia Barría, Leonardo Mardones, Franco Beherens y Miguel Sandoval; el legislador provincial Carlos Alegría; y la diputada nacional por Santa Cruz, Ana María Ianni.
Uno de los planteos más importantes para frenar la reforma de la Ley de Glaciares fue su fundamentación en torno al riesgo ambiental. El juez Vázquez consideró que existe un «peligro de demora» al advertir que la norma podría tener consecuencias irreversibles. En este sentido, el fallo sostuvo que «la eventual habilitación de actividades industriales o extractivas en zonas de alta fragilidad ambiental podría generar impactos de difícil o imposible recomposición”.
Además, el magistrado subrayó que los glaciares y el ambiente periglacial exige un estándar de protección elevado porque se tratan de «reservas estratégicas de agua dulce esenciales para el equilibrio ambiental y el desarrollo sostenible».
Tras la aceptación del amparo por parte de la Justicia, el Gobierno Nacional deberá abstenerse de aplicar, ejecutar o autorizar cualquier medida vinculada a la Ley de Glaciares en Santa Cruz. De todos modos, se espera que en las próximas semanas la gestión libertaria apele esta decisión, de la misma manera que sucedió con la reforma laboral esta semana.
S.C./
