“Yo entiendo, digo, que la gente, digamos, se sienta mal porque se frenó la actividad; entiendo que la gente se sienta mal porque, digamos, cayó el salario real… Pero el escenario alternativo era inmundo”. Así, Javier Milei defendió mantener el rumbo de una política económica que, hasta ahora, destruyó 24 mil empresas desde el inicio de su mandato. La comparación resulta compleja de sostener, puesto que todas las series que analizando el poder adquisitivo muestran que su derrumbe comenzó el 10 de diciembre de 2023.
En febrero, último dato disponible, cerraron 257 empresas. Con este guarismo se acumulan 17 meses consecutivos de retracción en la cantidad de firmas, según el Monitor mensual de empresas de Fundar basado en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. “Lo que vemos mes a mes es el resultado de una decisión de política económica: hoy a las empresas les resulta muy difícil competir por una combinación de factores, como costos elevados —no solo en moneda local, sino aún más en moneda extranjera—, un tipo de cambio bajo y una mayor apertura de la economía”, señaló Guido Zack, director de economía del centro de estudios.
En la comparación interanual, la situación también muestra un deterioro significativo: cerraron 13.163 empresas en relación con febrero de 2025, lo que implica una caída del 2,6%. Se trata de la vigésimo cuarta caída interanual consecutiva. El informe también muestra que 13 de los 19 sectores económicos registraron caídas desde el inicio del gobierno. Entre los más afectados se encuentran Transporte y almacenamiento, Actividades inmobiliarias y Construcción. “Observamos que los empresarios no le escapan a la competencia, pero sí reclaman igualdad de condiciones, ya que en el esquema actual el modelo económico tiende a favorecer a las importaciones por sobre la producción nacional. Por ejemplo, los productos importados no pagan Ingresos Brutos ni el impuesto al cheque, mientras que la producción local sí lo hace”, agregó Zack.
Entre las empresas afectadas se destacan casos como Electrolux, Dr. Ahorro y Loma Negra, que reflejan el impacto de este contexto en distintos sectores de la economía. Desde el inicio de la gestión actual, se perdieron 24.437 empresas, lo que representa una caída del 4,8% del total. Según Fundar, se trata de la peor dinámica de los primeros 27 meses de un gobierno.
Mientras, el costo de vida no baja. En abril, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó casi $ 1,5 millón para no ser pobre. No caer debajo de la línea de indigencia requirió que un hogar ingrese $ 665.053, siempre según el Indec.
Todo con una inflación que no logran domar. Los aumentos de precios ya superaron lo que estimaba el Presupuesto para todo el año. Con el 2,6% del cuarto mes acumuló una suba del 12,3%, mientras que la ley de leyes elaborada por el equipo del Palacio de Hacienda estimaba que en todo 2026 habría un alza de sólo 10,1%. Los sueldos también quedaron muy por detrás.
Regalan las joyas de la abuela para llegar a las elecciones
A la par de la destrucción de la estructura económica, se acelera la avanzada privatizadora del ministro de Economía, Luis Caputo. Llega cuando el Gobierno enfrenta la falta de dólares como un problema cada vez más evidente del modelo libertario. Entre la segunda mitad de este año y octubre de 2027, el mes en el que seguramente transcurrirán las elecciones presidenciales, Argentina tiene vencimientos de deuda en moneda extranjera por US$ 31 mil millones, una cifra que supera ampliamente tanto las colocaciones recientes de deuda como el nivel real de reservas disponibles del Banco Central.
Es que si se descuentan swaps, encajes y activos de difícil disponibilidad, el poder de fuego genuino del Central ronda menos de US$ 18 mil millones. Es decir, ni siquiera alcanza para cubrir las obligaciones externas de los próximos dos años. Ahí está el corazón del problema. El Gobierno insiste con el “apretón monetario”, la absorción de pesos y las tasas altas, pero 2025 ya dejó una enseñanza clara: cuando faltan reservas, el ajuste monetario solo no alcanza para contener la presión cambiaria. La autoridad monetaria sigue con capacidad de intervención mucho menor a la de otros países de la región y eso vuelve extremadamente frágil cualquier esquema de estabilidad basado únicamente en licuar pesos.
De hecho, ni siquiera la emisión de deuda en dólares bajo ley local logró resolver el frente financiero. Desde diciembre pasado, el Tesoro colocó menos de US$ 4 mil millones en Bonares, pero en julio próximo enfrenta vencimientos por US$ 4.300 millones.
En ese contexto, Caputo remata los bienes del Estado. No como parte de un plan estratégico de modernización, sino como una necesidad urgente de caja. El ministro reconoció el mes pasado en Expo EFI que espera conseguir alrededor de US$ 2.000 millones con la venta de activos públicos.
La clave radica en que las obligaciones que debe afrontar el país son las generadas por el mismo funcionario cuando fue ministro de Mauricio Macri. Es decir, hoy Caputo remata los bienes del Estado porque no tiene los billetes necesarios para pagar la deuda que contrajo el Caputo del pasado.
La lista incluye sectores estratégicos: Transener, centrales térmicas, concesiones hidroeléctricas, Belgrano Cargas, Intercargo, Tandanor, Casa de la Moneda y AySA. También avanzan sobre las rutas nacionales. Por eso aceleraron primero la privatización de la transportadora de electricidad y ahora van por la compañía monopólica que le provee agua potable a 15 millones de argentinos que viven en el área metropolitana de Buenos Aires. Necesita dólares rápidos para sostener un esquema financiero que depende del endeudamiento y de ingresos extraordinarios para evitar tensiones mayores sobre el tipo de cambio.
Se trata de regalarles a los amigos del poder las joyas de la abuela mientras dejan en la calle a los argentinos trabajadores. El mismo modelo que aplicó Carlos Menem en los 90 y que estalló en la peor crisis que pudo vivir Argentina. No casualmente muchos de los políticos de esa época son los mismos que contrató Milei para llevar adelante su programa.
