El Gobierno convocó a una licitación pública nacional e internacional para la venta de la totalidad de las acciones de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Será la primera compañía de servicios públicos que pasará a manos privadas bajo la gestión de Luis Caputo, en un contexto marcado por cambios operativos en la firma, que a fines del año pasado avanzó con la posibilidad de interrumpir el servicio a usuarios morosos.
En ese sentido, el plan oficial es vender al menos el 51% del paquete accionario a un “operador estratégico”, mientras que el resto saldrá a cotización bursátil. La empresa que resulte ganadora de la compulsa pública se regirá por el nuevo contrato de concesión, aprobado a fines de abril.
De acuerdo con la agencia Noticias Argentinas, ya existe una lista de interesados en adquirir la mayoría de la firma estatal. Entre ellos aparecen nombres como Mauricio Filiberti, dueño de Transclor; el Grupo Roggio; y las firmas brasileñas Sabesp y Rio+Saneamento. Sin embargo, el nombre que más resalta es el de Edison Energía. El grupo inversor argentino, integrado por los hermanos Neuss, Inverlat Investments, Rubén Chernajovsky y Luis Galli, también buscaría quedarse con el 90% de las operaciones de AySA. Cabe recordar que el 10% restante quedará en manos de los trabajadores.
La ofensiva sobre AySA se da luego de que el grupo lograra posicionarse en otro activo estratégico: el sistema de transporte eléctrico nacional. Esta semana, Edison Energía y Genneia se quedaron con el control accionario de Transener, la principal empresa de transporte de electricidad en alta tensión del país, pasando a compartir la estructura de control con Pampa Energía.
El contrato de concesión de la firma estatal establece la prestación del servicio por un plazo de 30 años, con posibilidad de prórroga por otros 10, para la provisión de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.
Edison Energía acelera su expansión
El martes 12 se confirmó que Genneia y Edison Energía tomaron el control de Transener tras imponerse en la licitación para la privatización de acciones que estaban en manos del Estado. El consorcio presentó una oferta por US$ 356,1 millones, monto que superó las propuestas de Central Puerto, que ofertó US$ 301 millones, y Edenor, con US$ 230 millones.
Con esa operación, el grupo empresario pasó a compartir el control de la compañía con Pampa Energía, consolidando una posición de peso dentro del sistema eléctrico nacional. Pero el avance no termina allí. Inverlat Investments, uno de los integrantes del consorcio energético, también busca quedarse con la concesión de la Terminal de Ómnibus de Retiro.
La firma fue una de las impulsoras, junto con Service Trade S.A., Inversiones Peirod S.A. y BV Investment S.A., de la iniciativa privada que derivó en la convocatoria oficial a licitación para la remodelación y explotación comercial del predio. Ese antecedente le otorga una ventaja regulatoria frente a otros competidores, ya que la normativa contempla beneficios para los autores del proyecto original.
Así, mientras el Gobierno avanza con su programa de privatizaciones, un mismo entramado empresario aparece cada vez mejor posicionado para disputar activos estratégicos vinculados a energía, transporte e infraestructura pública.
Aysa: pueden cortar el servicio ante la falta de pago
En paralelo al proceso de privatización, la empresa endureció las condiciones para los usuarios con deudas. Según informó oficialmente AySA, comenzó a implementar un nuevo esquema de recupero de mora que contempla intimaciones previas y, en caso de incumplimiento persistente, la posibilidad de restringir o interrumpir el suministro.
La medida alcanza a usuarios residenciales y no residenciales con deuda acumulada y forma parte de una estrategia orientada a mejorar los niveles de cobrabilidad de la compañía. Desde la empresa sostienen que el objetivo es fortalecer su sustentabilidad operativa y financiera, en un contexto de reestructuración que coincide con el avance del Gobierno sobre la venta total de la firma estatal.
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