La negociación politica sobre la reforma electoral impulsada por Javier Milei quedó atrapada en eliminar las PASO, un objetivo que aparece sencillo y efectivo. El oficialismo insiste en presentar el proyecto como una medida de austeridad destinada a reducir el gasto político, mientras repite que las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias representan “un costo innecesario” para el Estado. Sin embargo, detrás de ese debate visible se esconde una transformación mucho más profunda del sistema político argentino: el rediseño completo del financiamiento electoral, la reducción de los controles sobre el dinero de campaña y una ampliación inédita de la influencia del poder económico sobre las elecciones.
«Creemos que va a pasar lo mismo que con la reforma laboral», comentan en un despacho de planta baja de la Casa Rosada. La dinámica parlamentaria que se repite es la de concentrar la discusión en un tema mientras el resto del articulado permanece sin modificaciones. Detrás de la discusión sobre las primarias se esconde un bosque de transformaciones que también serán profundas en el futuro de las elecciones y el sustento de los partidos políticos.
Las negociaciones entre La Libertad Avanza, el PRO y sectores dialoguistas del radicalismo están empantanadas y el ministro del interior Diego Santilli busca un puente con los gobernadores. El Gobierno quiere que las PASO se transformen en primarias únicamente, sin ser abiertas ni simultáneas ni obligatorias. «Es mucha plata la que se destina», argumentan. En sí mismo toda la posición en defensa de la reforma es bajo criterios fiscales.
El aspecto más sensible del proyecto entre los aliados es Ficha Limpia. Patricia Bullrich intentó negociarlo y que el debate quede en un proyecto aparte pero se topó con la negativa de Karina Milei.
Por fuera del debate que ocupa a los senadores, uno de los puntos más trascendente del proyecto aparece en la eliminación de los aportes estatales para las campañas. Actualmente el Estado financia parte de la competencia electoral y distribuye espacios gratuitos de publicidad audiovisual para garantizar cierto equilibrio entre fuerzas políticas grandes y pequeñas. La iniciativa oficial elimina ambos. La campaña dependerá casi exclusivamente de la capacidad de conseguir financiamiento privado, en un escenario donde además se eliminan los límites de gasto electoral.
La reforma también multiplica el peso de los grandes aportantes. El proyecto eleva de manera drástica el tope permitido para donaciones privadas, de un límite equivalente al 2% del gasto total de campaña a uno del 35%. La diferencia es gigantesca.
Otro aspecto que genera preocupación es la aparición de mecanismos similares a los Super PAC estadounidenses. El proyecto incorpora la figura de gastos electorales realizados por terceros “independientes” de los partidos, una categoría que en Estados Unidos permitió la proliferación de organizaciones privadas capaces de invertir cifras multimillonarias para instalar candidatos o destruir adversarios sin control. Ese esquema puede terminar consolidando campañas paralelas financiadas por opacos grupos económicos, corporaciones o sectores empresariales. El proyecto indica que no deberán rendir cuentas ante la justicia electoral.
La reforma también flexibiliza de manera significativa las reglas de campaña y publicidad. Se eliminan restricciones para pautar en medios y plataformas digitales, incluso durante períodos cercanos a la veda electoral. Además, se reducen las limitaciones para publicar encuestas y bocas de urna.
Entre los aspectos más llamativos, figura la eliminación del debate presidencial obligatorio y la prohibición para que los partidos puedan contratar consultores extranjeros. Artículos que más de uno en el Congreso alude a los traumas que a Milei le despertaron las últimas dos campañas: su mano a mano con Sergio Massa y el asesoramiento del catalán Antoni Gutiérrez – Rubí a Jorge Macri.
AL/CM
