La reforma electoral de Javier Milei ya entró en la etapa que el oficialismo sabía inevitable: la negociación política para conseguir los votos. A menos de una semana de su desembarco en el Congreso, el proyecto libertario empezó a chocar con dos límites simultáneos: aliados parlamentarios que no quieren eliminar de plano las PASO y gobernadores que aprovechan la discusión para volver a poner sobre la mesa sus reclamos por recursos, fondos y obra pública.
La combinación obliga a la Casa Rosada a revisar una premisa que sostenía puertas adentro cuando diseñó el paquete: que podía usar ficha limpia como anzuelo para ordenar respaldos y empujar el resto de la reforma. Por ahora ocurrió lo contrario. La discusión se fragmentó, aparecieron propuestas alternativas y la eliminación total de las primarias —objetivo central del Gobierno— ya dejó de verse como un trámite.
Sin embargo, en Balcarce 50 no están dispuestos a ceder fácilmente. Pese a los planteos de sus aliados, el oficialismo mantiene como prioridad la derogación completa de las PASO y rechaza, por ahora, las propuestas intermedias que comenzaron a aparecer en el Congreso.
Aliados ya plantean una salida intermedia para las PASO
El primer freno llegó desde el PRO. El jefe del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, evitó respaldar la eliminación lisa y llana de las primarias y dejó abierta la puerta a esquemas intermedios.
“No tiene por qué ser blanco o negro”, sostuvo en Radio Rivadavia, donde propuso alternativas como PASO no obligatorias o primarias limitadas a fuerzas con competencia interna. Legisladores nacionales del partido de Mauricio Macri habían reconocido a La Pluma que no apoyarían una eliminación directa sin una propuesta alternativa. «Mucho menos ahora, a un año de las elecciones».
La UCR avanzó incluso más allá. El senador Eduardo Vischi presentó un proyecto propio para transformar las PASO en optativas, con voto voluntario y sin obligación de realizarlas cuando no exista disputa interna.
A esa postura se sumó el senador radical Maximiliano Abad, quien rechazó que el debate se reduzca a una cuestión de ahorro fiscal y lanzó una crítica directa al planteo libertario: “La democracia no es un gasto administrativo, es una inversión en libertad”.
Abad fue más allá y marcó un límite político de fondo: “Bajo ningún concepto avalaremos el retorno de las decisiones a las cúpulas partidarias”.
Pese a esas alternativas, en el oficialismo mantienen su negativa a resignar el objetivo central del proyecto. La eliminación total de las PASO sigue siendo la prioridad política del Gobierno, aunque en el Congreso ya admiten que, si no aparecen los votos, podría evaluarse como plan B una nueva suspensión transitoria en lugar de una derogación definitiva. En ese caso, ni el peronismo ni el PRO quieren perder la posibilidad de resolver sus candidatos mediante una interna, pero en algunos sectores referenciados con Cristina Kirchner reconocen que «pesa lo que piensa el ciudadano«, en alusión a la baja participación electoral.
Los gobernadores vuelven a entrar en la negociación
En paralelo, la discusión electoral reactivó otro frente clásico: la negociación con las provincias. Según reconstruyó La Nación, varios gobernadores ya fueron tanteados por funcionarios nacionales y operadores legislativos para medir su predisposición a acompañar la reforma. Pero las respuestas llegaron con advertencias.
El tucumano Osvaldo Jaldo rechazó el proyecto y aseguró que “es un traje a medida de La Libertad Avanza”. El catamarqueño Raúl Jalil, habitual aliado de la Casa Rosada, evitó un respaldo automático y pidió estudiar la iniciativa.
Detrás de esas señales aparece el verdadero reclamo: las provincias atraviesan un escenario fiscal cada vez más ajustado y vuelven a usar su peso parlamentario para negociar asistencia, fondos y obras.
Un gobernador del norte resumió el malestar ante La Nación: “La Casa Rosada ya usó parte del crédito que tenía. Hay promesas que, de nuevo, no se cumplieron”.
La resistencia crece y la reforma ya no se discute solo por las PASO
La tensión no se limita a las primarias. En el radicalismo también surgieron objeciones sobre otros capítulos del proyecto oficial, especialmente en materia de financiamiento político y cambios a la Boleta Única de Papel.
Abad cuestionó la fuerte reducción del financiamiento público en favor del privado y advirtió que “la participación política no puede quedar reservada a quienes tienen más recursos”. También rechazó la idea de unificar en una sola boleta categorías nacionales, provinciales y municipales, al considerar que afectaría la logística electoral y el federalismo.
Ese escenario amplía el problema para el Gobierno: ya no enfrenta solo resistencia a su intención de eliminar las PASO, sino observaciones sobre distintos capítulos de una reforma que llegó al Congreso como paquete integral. Por eso, desde sectores dialoguistas advirtieron a La Pluma que lo mejor sería «tratar cada tema por separado». Esa es la postura que prima, por ejemplo, en la Coalición Cívica o en el radicalismo disidente. «Ficha limpia debe ser discutida seriamente aparte«, confirmó el diputado Ferraro a este medio.
Desde el propio oficialismo reconocen que la negociación será extensa. El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, admitió ante Parlamentario que La Libertad Avanza no tiene mayoría propia y que el proyecto podría terminar dividido o modificado. “La ley perfectamente se podría haber tratado en tres o cuatro leyes”, sostuvo.
La reforma electoral de Milei, que nació como un intento de rediseñar de una sola vez las reglas del sistema político, ya empezó a transformarse en algo más clásico: una larga negociación en la que cada voto tendrá precio, cada artículo tendrá discusión y ningún aliado piensa acompañar gratis.
Por eso, desde el oficialismo ya reconocieron a La Pluma que la negociación podría extenderse por semanas. Patricia Bullrich ya comenzó a moverse en el Senado para juntar los votos, pero en la Cámara Alta estiman que lo que salga de las negociaciones saldrá «después del Mundial».
JD/CM
