El proyecto de ley conocido como «Super RIGI», impulsado por el Gobierno nacional para atraer inversiones de más de US$ 1.000 millones en industrias emergentes como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología e infraestructura digital, ya obtuvo dictamen de mayoría en comisiones y quedó habilitado para llegar al recinto. El oficialismo sostiene que la iniciativa permitirá captar capitales, generar empleo y posicionar a Argentina como un polo tecnológico global.
Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil, especialistas en tecnología y algunos sectores de la oposición advierten sobre riesgos regulatorios, fiscales y de soberanía que podrían derivar en lo que denominan un escenario de «impunidad artificial».
¿Qué es la «impunidad artificial»?
La expresión fue utilizada por Micaela Sánchez Malcolm, presidenta de Géneras y una de las voces que cuestionan el proyecto. Según explicó, el concepto surge de la combinación de dos iniciativas impulsadas por el Gobierno: el Super RIGI y una propuesta de modificación de la Ley General de Sociedades que permitiría otorgar personería jurídica a agentes de inteligencia artificial. «La realidad es que eso termina consolidando un escenario donde Argentina se convierte en un espacio con muchísima permeabilidad y facilidad para desarrollar industrias que todavía no existen», sostuvo.
Para Sánchez Malcolm, el problema no es únicamente la magnitud de los beneficios fiscales y regulatorios, sino la posibilidad de que empresas operen bajo estructuras jurídicas donde resulte cada vez más difícil determinar responsabilidades humanas directas ante eventuales daños, incumplimientos o conflictos.
«Tenemos el complemento al régimen, por eso hablábamos de esta impunidad artificial, donde además en teoría van a poder tener personerías jurídicas agentes de inteligencia artificial que no van a responder, que van a validar la posibilidad de que no exista una persona respondiendo detrás», afirmó.
Beneficios extraordinarios y escasas contraprestaciones
El proyecto prevé estabilidad regulatoria por 30 años, reducción de Ganancias al 15%, amortización acelerada de inversiones, exenciones aduaneras para importaciones y exportaciones, reducción de contribuciones patronales al 10% y amplias facilidades cambiarias. Para los críticos, el principal problema es la ausencia de requisitos claros sobre empleo local, transferencia tecnológica, desarrollo de proveedores nacionales o articulación con el sistema científico argentino.
«Este tipo de proyectos no tienen exigencias claras de vinculación con el universo científico-tecnológico local ni queda claro cómo Argentina se integraría a las cadenas de valor», señaló Sánchez Malcolm.
Un cuestionamiento similar aparece en distintos análisis académicos y económicos. Diversos especialistas advierten que el régimen podría generar lo que denominan «inversiones asintomáticas»: proyectos de gran escala que reciben beneficios fiscales significativos pero generan impactos limitados sobre el empleo, la producción local o el ingreso de divisas.
El debate sobre la soberanía regulatoria
Uno de los puntos más controvertidos es la estabilidad regulatoria por tres décadas y la posibilidad de recurrir a mecanismos de arbitraje internacional. Según Sánchez Malcolm, el riesgo no es que Argentina pierda la facultad de regular nuevas tecnologías, sino que determinados proyectos queden protegidos frente a cambios normativos futuros. «No tiene que ver con la regulación de la tecnología, sino con el marco de operación de estos proyectos, que pareciera que van a tener un régimen completamente por fuera de las normas y exigencias de Argentina», explicó.
La dirigente también cuestionó que los Vehículos de Proyecto Único (VPU), figura jurídica prevista en el régimen, puedan optar por tribunales internacionales para resolver controversias. Desde esta perspectiva, provincias y municipios podrían encontrar dificultades para exigir el cumplimiento de normas ambientales o tributarias si los conflictos terminan siendo dirimidos fuera de la jurisdicción local.
Empleo: ¿más inversión significa más trabajo?
Otro de los ejes del debate es la promesa oficial de creación de empleo. Mientras el Gobierno sostiene que el régimen atraerá industrias inexistentes en el país y abrirá nuevas oportunidades laborales, los críticos señalan que muchas de las actividades mencionadas -como centros de datos, infraestructura de inteligencia artificial o semiconductores- son altamente automatizadas.
«La discusión sobre la pérdida de puestos laborales por automatización se está dando en todo el mundo y Argentina parece estar a contramano de esa discusión», afirmó Sánchez Malcolm. Según la especialista, el proyecto no incorpora mecanismos para abordar los posibles impactos de la automatización ni para garantizar que las inversiones generen empleo de calidad o procesos de reconversión laboral.
Consumo energético y ambiental
Las organizaciones críticas también ponen el foco en el impacto ambiental de las industrias que podrían instalarse bajo este régimen, especialmente centros de datos destinados a inteligencia artificial. «Los centros de datos ya consumen cerca del 2% de la demanda eléctrica mundial y se proyecta que para 2030 ese consumo se duplique», advirtió Sánchez Malcolm.
La preocupación es especialmente relevante en regiones con limitaciones hídricas o energéticas. Según los cuestionamientos planteados por Géneras, el proyecto deja en manos de los propios inversores la contratación de consultores para elaborar estudios de impacto ambiental, que serían presentados como declaraciones juradas.
Además, sostienen que provincias y municipios tendrían escasas herramientas para intervenir preventivamente en la aprobación de los proyectos.
¿Inversiones sí o inversiones bajo ciertas condiciones?
Más allá de las críticas, Sánchez Malcolm rechaza la idea de que el debate sea entre atraer o rechazar inversiones. «No hay nadie que te vaya a decir que Argentina no necesita inversiones. La discusión es qué tipo de inversiones, con qué marcos jurídicos, con qué resguardo ambiental y con qué propuesta para que Argentina incorpore valor en esas cadenas productivas», afirmó.
Ese parece ser el núcleo de la discusión que comenzará en el Congreso: si el Super RIGI constituye una herramienta necesaria para competir globalmente por inversiones tecnológicas o si, como sostienen sus detractores, implica una cesión excesiva de beneficios y capacidad regulatoria sin garantías suficientes de desarrollo local.
RM/EO
