El Senado sesionará el próximo jueves 16 de julio a las 12 con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada como plato fuerte, después de que este miércoles los jefes de bloque cerraran el temario en una reunión de Labor Parlamentaria en el despacho de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Desde el bloque de La Libertad Avanza sostuvieron a La Pluma que dicho proyecto, que acumula 14 versiones distintas por las modificaciones que le agregaron, obtendrá media sanción la semana próxima.
Se trata del primer gran examen parlamentario bajo la gestión de Diego Santilli como jefe de Gabinete. El contexto no es menor: Karina Milei le intervino el bloque libertario a Patricia Bullrich en el Senado a través de un grupo de WhatsApp armado por la propia hermana del Presidente y la presencia de Ignacio Devitt en las reuniones internas. En ese contexto de presiones por acelerar la agenda parlamentaria, la ex ministra chocó con la vicepresidenta Victoria Villarruel, que no siguió las pretensiones de Casa Rosada para sesionar esta misma semana. Cerca de la titular de la Cámara Alta interpretan las críticas como «operaciones» para tapar la «verdadera interna de Bullrich, que es con Casa Rosada». En el medio, el Mundial ocupa buena parte de la agenda pública mientras el oficialismo intenta recomponer su margen de maniobra en el Congreso.
La reunión de este miércoles tuvo, además, una novedad política: volvió a participar el peronismo, algo que no ocurría desde que el kirchnerismo directamente evitó las reuniones de Labor en el pico de la crisis por Adorni. Esta vez no fue José Mayans, jefe del interbloque, pero sí estuvieron Fernando Salino y Juliana Di Tullio en representación del interbloque Popular, junto a Bartolomé Abdala (presidente provisional), Patricia Bullrich (LLA), Eduardo Vischi (UCR), Martín Goerling Lara (Pro), Carolina Moisés (Convicción Federal), Carlos Arce (Encuentro Misionero), Flavia Royón (Primero los Salteños), Agustín Coto (LLA) y Natalia Gadano (Moveré Santa Cruz).
Propiedad privada, treinta pliegos y Tucumán capital simbólica
Según consta en el acta de labor parlamentaria, la sesión del 16 de julio tendrá tres grandes ejes. El primero es el dictamen de Acuerdos para cubrir cargos diplomáticos en Cancillería (seis órdenes del día) y unos treinta pliegos del Poder Judicial, entre ellos el del camarista laboral Víctor Pesino, que cumple 75 años el 27 de julio, la edad límite para ejercer la magistratura: si el Senado no sesiona antes de esa fecha, el pliego pierde estado parlamentario. Pesino es el juez que intervino la UOM y falló a favor de la reforma laboral del Gobierno, motivo por el cual el peronismo lo cuestionó con dureza en la audiencia pública del 9 de junio. También figura el pliego de Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario letrado del juez Ariel Lijo, propuesto para el juzgado federal de Lomas de Zamora que tiene a su cargo la causa Insaurralde-Cirio.
El segundo punto es un proyecto para declarar a San Miguel de Tucumán Capital Simbólica de la República Argentina cada 9 de julio, en sintonía con el armado de la foto que el Gobierno prepara con gobernadores en la provincia por el Día de la Independencia.
Las polémicas detrás de una ley que genera rechazo
El tercero, y el que concentra la mayor tensión política, es la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se dictaminó en comisiones el 20 de mayo, pero desde entonces sufrió modificaciones sucesivas que no volvieron a pasar por comisión: se discutirán directamente en el recinto. Según supo este medio, hubo catorce versiones del texto.
El proyecto modifica cuatro cuerpos normativos. Sobre expropiaciones (ley 21.499), restringe la declaración de utilidad pública a una interpretación «restrictiva» y limita la indemnización al valor objetivo de mercado, con el lucro cesante topeado al 30% del daño emergente salvo prueba en contrario. En el Código Procesal Civil y Comercial, acelera los desalojos: para inmuebles con inquilinos en mora, establece una intimación previa de al menos diez días corridos antes de iniciar la demanda; para tenedores precarios e intrusos, habilita al juez a disponer la entrega inmediata del inmueble si el derecho invocado es verosímil, bajo caución juratoria.
Sobre tierras rurales (ley 26.737), el cambio más relevante desde el dictamen original es la prohibición de que un Estado extranjero o una empresa con participación estatal extranjera compre tierras en Argentina, salvo autorización expresa de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional. Para zonas de frontera, la adquisición por extranjeros requerirá aval de la provincia y del Poder Ejecutivo, con un régimen de silencio administrativo que empieza a regir 180 días después de la sanción de la ley.
En manejo del fuego, se mantiene la prohibición de cambiar el uso de los bosques nativos quemados, aunque se habilita otro destino para las tierras rurales no boscosas. Y el capítulo sobre el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), que generó fuerte resistencia, fue directamente eliminado en una de las primeras versiones.
El proyecto es rechazado de plano por el kirchnerismo. En el proceso de negociación llegó a participar en comisiones el propio Sturzenegger, uno de los autores intelectuales de la iniciativa, con acalorados debates con el senador kirchnerista Martín Soria.
El cruce entre Bullrich y Villarruel
La jefa del bloque libertario quería sesionar esta semana, antes del feriado del 9 de julio; la vicepresidenta convocó Labor recién para este miércoles, lo que hizo inevitable correr la sesión a la semana próxima. Bullrich no ocultó el malestar públicamente.
Pero en el entorno de Villarruel la lectura es otra, y la plantearon así ante La Pluma: la fricción visible entre las dos mujeres es una «interna distractiva» que oculta el verdadero conflicto, que no es entre ellas sino entre Bullrich y la Casa Rosada. «El problema de Bullrich no es con Villarruel, es con la Rosada. Esa situación ya cansa a los senadores», habían señalado fuentes cercanas a la vicepresidenta esta semana. Y fueron más allá: «Le intervinieron el bloque a Bullrich. El Gobierno no quiere que ella quede como que sacó las leyes. Prefieren patearlo.»
Lo que viene después del receso
Tras el 16 de julio, el Senado entra en el receso invernal —que no lo es para los legisladores— y volverá a sesionar el 6 de agosto, con la Ley Hojarasca como eje: deroga alrededor de 60 normas que la Casa Rosada considera obsoletas o «que afectan libertades individuales». Ese día también podría entrar el proyecto de falsas denuncias que impulsa Carolina Losada, frenado hasta ahora por el rechazo de organizaciones feministas, y eventualmente la reforma de la Ley de Salud Mental si consigue dictamen a tiempo.
La reforma electoral y la modificación del Régimen de Zonas Frías, dos de las prioridades que Javier Milei planteó la semana pasada ante sus legisladores, todavía no tienen los votos en el Senado.
JD/CM
