La CGT dio un paso decisivo en la reorganización de la protesta sindical contra el gobierno de Javier Milei. Luego de varias semanas de debate interno y de diferencias sobre la estrategia a seguir, la central obrera reunió en la histórica sede de Azopardo a las dos CTA y a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), donde quedó formalmente constituida una mesa de acción conjunta que coordinará las movilizaciones de los próximos meses y buscará construir las condiciones políticas y sociales para un nuevo paro general.
La reunión marcó el cierre de una discusión que atravesó al sindicalismo durante las últimas semanas. Mientras los sectores más combativos reclamaban avanzar de inmediato hacia una huelga nacional de 36 horas, la conducción de la CGT sostenía que todavía no estaban dadas las condiciones para una convocatoria de esa magnitud y proponía un esquema de protestas escalonadas que permitiera ampliar la base de apoyo social.
La postura finalmente se inclinó por esta última alternativa. El diagnóstico compartido entre los dirigentes es que el creciente deterioro económico, la pérdida del poder adquisitivo, el conflicto por las paritarias, la situación de los jubilados y el aumento del endeudamiento de las familias generan un escenario de fuerte malestar, aunque todavía insuficiente para garantizar un paro general con el nivel de adhesión que pretende la conducción sindical.
Por ese motivo, la estrategia será acompañar y potenciar conflictos ya existentes, sumar al movimiento sindical a las movilizaciones que convocan otros sectores sociales y construir un proceso de conflictividad creciente que desemboque, más adelante, en una medida de fuerza nacional.
El primer paso del plan de lucha será la movilización convocada para el miércoles 22 junto a las organizaciones de jubilados, uno de los sectores que las centrales consideran más afectados por el ajuste económico.
La agenda continuará el 7 de agosto con la tradicional marcha de San Cayetano, donde confluirán sindicatos, movimientos sociales, organizaciones territoriales y de la economía popular bajo las consignas históricas de «Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo».
Las organizaciones también acordaron movilizarse cuando el Gobierno convoque al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil para reclamar una actualización salarial acorde al incremento del costo de vida y cuestionar la política de ingresos de la administración libertaria.
En tanto, durante la tercera semana de agosto impulsarán una movilización al Ministerio de Economía para denunciar lo que consideran las consecuencias del programa económico oficial, particularmente el deterioro de la actividad productiva, la caída del empleo, la pérdida del salario real y la política de endeudamiento.
Pero el calendario no terminará allí. Los dirigentes sindicales resolvieron participar de la Semana Social organizada por la Comisión Episcopal Argentina entre el 4 y el 6 de septiembre en Córdoba, un ámbito donde confluirán representantes del mundo del trabajo, empresarios, dirigentes sociales y referentes de la Iglesia para debatir sobre la realidad económica y social del país.
Ese acercamiento a la Iglesia no es casual. Tanto la CGT como la UTEP mantienen un vínculo histórico con el Vaticano, fortalecido durante el pontificado de Francisco y que ahora buscan sostener con el papa León XIV. De hecho, las centrales prevén que la visita del nuevo pontífice a la Argentina, prevista para noviembre, sea uno de los hitos políticos que enmarquen la continuidad del plan de lucha durante el segundo semestre.
De los conflictos sectoriales al paro general
Uno de los principales acuerdos alcanzados durante el encuentro fue que cada conflicto gremial deberá ser acompañado por el conjunto de las organizaciones.
La intención es fortalecer la solidaridad entre sindicatos, respaldar las negociaciones paritarias y ampliar la coordinación con las regionales de la CGT, las CTA, los movimientos sociales, centros de estudiantes y organizaciones populares.
Según explican los dirigentes, el objetivo es construir una protesta de carácter federal, con movilizaciones simultáneas en distintas provincias, plenarios regionales, asambleas y acciones coordinadas que permitan sostener el conflicto en el tiempo sin concentrar toda la presión en una única jornada de paro.
La conducción sindical entiende que las recientes movilizaciones universitarias, las marchas de jubilados y las convocatorias del movimiento feminista demostraron que existe capacidad de movilización cuando las demandas logran interpelar a sectores amplios de la sociedad. Sobre esa experiencia buscarán apoyarse para ampliar la legitimidad de las futuras protestas.
Una interna que todavía persiste
El consenso alcanzado este martes no elimina las diferencias que conviven dentro de la CGT.
En las últimas semanas dirigentes como Pablo Moyano, Luis Barrionuevo, Omar Maturano y Daniel Yofra habían reclamado públicamente avanzar cuanto antes con un paro nacional de 36 horas y cuestionaban la prudencia de la conducción cegetista.
Del otro lado, el sector mayoritario sostenía que una convocatoria prematura podía terminar debilitando al sindicalismo si no lograba una adhesión contundente. La prioridad, argumentaban, era reconstruir la capacidad de representación de la CGT y conectar con un malestar social que muchas veces se expresa por fuera de las estructuras sindicales tradicionales.
La resolución alcanzada refleja un punto intermedio: comenzar un proceso sostenido de movilización, coordinar todas las expresiones de protesta y dejar abierta la posibilidad de convocar a un paro general cuando las condiciones políticas y sociales sean consideradas favorables.
Un mensaje al Gobierno
Más allá del cronograma de movilizaciones, la reunión dejó una señal política hacia la Casa Rosada. La conformación de una mesa de acción permanente entre la CGT, las CTA y la UTEP representa el mayor nivel de coordinación alcanzado por el movimiento sindical y las organizaciones sociales desde la llegada de Javier Milei al poder.
Con esa unidad, las centrales buscan enfrentar de manera coordinada las reformas impulsadas por el Gobierno, sostener los reclamos por salarios y jubilaciones, respaldar los conflictos laborales que puedan surgir en los próximos meses y construir una oposición sindical con capacidad de movilización creciente.
El desafío para la conducción cegetista será transformar ese esquema de protestas sectoriales en una demostración de fuerza nacional. El paro general continúa siendo el horizonte político del plan de lucha. La discusión ya no gira en torno a si habrá una nueva huelga contra el Gobierno, sino al momento en que las centrales consideren que existe la correlación de fuerzas suficiente para convocarla.
AL/CM
