Los rectores de las universidades nacionales trasladarán este miércoles a Plaza de Mayo la reunión mensual del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en una señal de presión al Gobierno luego del fallo judicial que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. El encuentro está previsto para las 14.30 y tendrá como eje el reclamo por el cumplimiento de la norma que fue aprobada por el Congreso y ratificada luego del veto presidencial.
La decisión de sesionar frente a la Casa Rosada fue tomada después del fallo del juez federal Martín Cormick, quien declaró inconstitucional el decreto 759/2025 mediante el cual el Poder Ejecutivo había condicionado la aplicación de la ley a que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento e incorporara las partidas correspondientes al Presupuesto. El magistrado consideró que esa condición implicaba, en los hechos, volver a obstaculizar la vigencia de una ley que había sido insistida por ambas Cámaras con dos tercios de los votos.
El CIN, que reúne a los rectores de 60 universidades nacionales, planteó que la reunión en Plaza de Mayo busca «reiterar el reclamo por el cumplimiento pleno y efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario». El presidente de la entidad y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, sostuvo que además del cumplimiento de la norma es necesario incorporar al Presupuesto 2027 los fondos previstos para el sistema universitario.
«Necesitamos que se cumpla la ley y que además se incorporen los fondos que prevé en el Presupuesto 2027«, afirmó Bartolacci. Según señaló, las universidades atraviesan una situación de creciente dificultad para sostener su funcionamiento y reclamó al Ejecutivo que respete las decisiones adoptadas por el Congreso y la Justicia.
Mientras los rectores llevan su reclamo al centro político del país, el Gobierno prepara la respuesta judicial. La Casa Rosada apeló el fallo de Cormick y la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, trabaja en la estrategia para evitar que la sentencia obligue al Ejecutivo a afrontar de inmediato el gasto derivado de la aplicación de la ley.
La discusión oficial se concentra en el impacto presupuestario. El Gobierno sostiene que la puesta en marcha de la Ley de Financiamiento Universitario implicaría una erogación superior al billón de pesos y considera que corresponde al Congreso determinar de dónde deben salir esos recursos. Desde el entorno de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, descartaron además una negociación política con las universidades y anticiparon que la respuesta será exclusivamente por la vía judicial.
En el Gobierno sostienen que todavía existen herramientas para discutir los alcances de la resolución y evitar que la administración nacional tenga que ejecutar de inmediato los desembolsos reclamados.
El juez Cormick, sin embargo, rechazó el argumento de que la ley carece de mecanismos para financiar sus disposiciones. En su resolución sostuvo que la propia norma contempla la posibilidad de reasignaciones presupuestarias y el uso de mayores ingresos provenientes de la recaudación corriente. También recordó que durante 2025 el Ejecutivo modificó partidas presupuestarias mediante decretos y decisiones administrativas.
El diputado nacional Sebastián Galmarini del Frente RenovEl conflicto judicial tiene además otro frente abierto. Este jueves vence el plazo de cinco días otorgado por Cormick al Gobierno para cumplir una medida cautelar dictada en diciembre, que ordenó actualizar los salarios de docentes y no docentes y los montos de las becas estudiantiles. La cautelar había sido ratificada por la Cámara de Apelaciones y quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara el último recurso del Ejecutivo el 25 de junio.
La intimación más reciente establece que, si el Estado no cumple, el juez podría imponer multas diarias. Para las universidades, la demora ya acumuló un atraso salarial que, según sus cálculos, supera el 33%. En los fundamentos de su resolución, Cormick señaló además que la inflación acumulada durante la gestión de Javier Milei hasta agosto alcanzó el 312,19%, lo que, a su criterio, evidencia que la actualización prevista por la ley fue cumplida solamente de manera parcial.
Por eso reunión de los rectores en Plaza de Mayo coincidirá con una semana clave para la disputa entre las universidades y el Gobierno. Mientras el CIN busca convertir el fallo judicial en un nuevo punto de presión para obtener la ejecución de la ley, la Casa Rosada prepara su apelación y analiza mecanismos para postergar o limitar el impacto presupuestario de la sentencia.
El conflicto, además, se encamina hacia una nueva instancia de movilización: las universidades convocaron para el 15 de octubre a una nueva marcha federal. El reclamo por el financiamiento universitario vuelve de este modo a combinar la disputa judicial, la discusión del Presupuesto 2027 en el Congreso y la movilización de la comunidad universitaria, mientras ambas partes sostienen posiciones enfrentadas sobre la aplicación de una ley que ya fue aprobada y ratificada por el Parlamento.
AL/CM
