La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni sumó nuevos elementos tras las declaraciones de los dueños de la inmobiliaria que intervino en la venta del departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito. Ante la Justicia, la martillera Natalia Rucci y su pareja Marcelo Trimarchi confirmaron que el inmueble fue refaccionado integralmente y estimaron que, tras esas mejoras, podría haber alcanzado un valor de reventa de hasta 345.000 dólares, muy superior al precio con el que se concretó la venta.
Según los testimonios, la operación estuvo gestionada principalmente por Pablo Martín Feijoo, quien habría actuado en nombre de las compradoras originales: su madre y la madre de su socio. Ambas mujeres, jubiladas, declararon haber adquirido la propiedad por 200.000 dólares utilizando ahorros propios. Sin embargo, la investigación judicial busca determinar si existieron intermediaciones o maniobras que no se condicen con los ingresos declarados de los involucrados.
La propiedad fue finalmente adquirida por Adorni en noviembre de 2025 por 230.000 dólares, mediante un esquema de pago que incluyó un anticipo en efectivo y financiamiento sin intereses. Para la fiscalía, encabezada por Gerardo Pollicita, el foco no está puesto en si el precio fue acorde al mercado, sino en la coherencia entre las operaciones inmobiliarias y el patrimonio del funcionario desde su ingreso al gobierno.
En paralelo, la causa también analiza otros movimientos patrimoniales del jefe de Gabinete, incluyendo la compra de una vivienda en un country y la conservación de propiedades previas. A esto se suman viajes al exterior junto a su esposa, Bettina Angeletti, cuyos costos y frecuencia están siendo reconstruidos para evaluar si guardan relación con sus ingresos declarados.
La investigación, que tramita en los tribunales de Comodoro Py bajo la órbita del juez Ariel Lijo, continuará con nuevas declaraciones testimoniales clave. Entre ellas, la del propio Feijoo y otros actores vinculados a las operaciones, en un expediente que busca establecer si existió un incremento patrimonial injustificado por parte de uno de los funcionarios más cercanos al gobierno de Javier Milei.
AL/CM
